Bulgaria: Las inspecciones laborales en 2006 detectaron, solo en el sector de la construcción, unas 16.000 violaciones de las normas sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. Los inspectores pueden parar obras, maquinaria, recolocar al personal no cualificado y promover procesos penales y administrativos.

Francia: La normativa prevé una sanción económica a las empresas por homicidios involuntario.

Alemania: Si se produce un accidente mortal o muy grave, la persona involucrada (o los padres de la víctima) reciben una compensación en forma de pensión. En el 2005, 31.000 trabajadores se ‘beneficiaron’ de esta medida. La normativa alemana no prevé el delito de homicidio involuntario para las empresas.

Italia: A los familiares de las víctimas se les reconoce el daño económico y, según una sentencia reciente, moral. No se contemplan en los reembolsos a las uniones civiles. El responsable de la empresa donde se verifica la muerte puede correr riesgos -si se estima implicado en lo sucedido por la falta de observación de las normas sobre seguridad- y ser imputado por homicidio involuntario. (Con una pena mínima de dos años de cárcel). Una nueva medida recogida en el texto único recientemente aprobado en materia de responsabilidad de las empresas, incluye a las subcontratas, introduciendo normas que reconducen la responsabilidad sobre la seguridad, y por tanto, en los accidentes, a la empresa que concede la licitación y no solo a aquella que lo acepta.

Reino Unido: En 2007 se aprobó en el parlamento británico el Corporate Manslaughter And Corporate Homicide Act, que codifica por primera vez la imputación de las empresas negligentes por homicidio. Entre las medidas adoptadas como disuasorias, se encuentra la posibilidad del tribunal de imponer la publicación de una condena eventual a los medios de comunicación, incluso por publicación de información en la web de la empresa. La indemnización media mínima a los familiares por muerte laboral de un pariente directo está 50 mil libras esterlinas, la multa más alta ha llegado a alcanzar los 15 millones de esterlinas.

Rumanía: Una nueva ley sobre la salud y la seguridad de los trabajadores se aprobó en marzo de 2006, focalizada en la responsabilidad de los empresarios.

España: En 2003 se aprobó una reforma de las normas sobre riesgos laborales. Prevé que en el caso en que se produzcan delitos penales de la empresa en un proceso administrativo, la actividad de la firma se suspenderá hasta el juicio penal. Las infracciones más graves prescriben en 5 años desde la fecha de su verificación; la multa máxima roza los 820.000 euros.

Suecia: Solo en 2003 se registraron dos casos de encarcelamiento de 27 años en relación a las responsabilidades en muertes laborales. En cualquier caso, sí que están contempladas las sanciones administrativas. En 2002, se instituyó una comisión especial de investigación (Arbetsmiljöverkets haverikommission) para el estudio de todos los accidentes mortales y de las posibles causas.