Aborto en Portugal: ni a favor, ni en contra, sino todo lo contrario

Artículo publicado el 8 de Febrero de 2007
Artículo publicado el 8 de Febrero de 2007
La campaña para el referéndum sobre la despenalización del aborto que tendrá lugar el 11 de febrero sigue al rojo vivo. Los partidarios de la despenalización pierden poco a poco terreno frente a los defensores del “no”.

“Vamos a la cola como siempre.” Vera, una estudiante portuguesa de 23 años, comparte piso con su novio desde septiembre. Una convivencia que al principio escandalizó a sus familias respectivas. En un país muy tradicionalista, donde la influencia religiosa es determinante, el matrimonio sigue siendo la regla.

Sin embargo, las cosas cambian y la despenalización del aborto, prevista en el referendo del 11 de febrero, representa una oportunidad que no desean dejar escapar. A consecuencia de embarazos no deseados, Vera vio cómo varias amigas de instituto tenían que abandonar los estudios y casarse. Otras como Ana, de 50 años, divorciada y con dos hijos, decidió cruzar la frontera y pasar a España. Para ella era imposible educar a un tercer hijo con el salario mínimo [alrededor de 400 euros].

A ello hay que añadir a las más desfavorecidas, aquellas que sufren el calvario de las operaciones clandestinas practicadas en condiciones arriesgadas y poco higiénicas. Las que tienen suerte son tratadas por un médico o una comadrona, y el resto por “curanderos.”

El Centro de planificación familiar portugués estima en 18.000 el número de abortos ilegales cada año en el país. Esta misma fuente asegura que el 14,5% de las mujeres entre 18 y 49 años han abortado alguna vez.

Legislación represiva

Portugal tiene una de las legislaciones más restrictivas de Europa en materia de aborto. La interrupción voluntaria del embarazo sólo está autorizada en caso de riesgo de muerte, malformación congénita del feto, violación o bien si el embarazo es una fuente de desestabilización psíquica o psicológica para la madre. A diferencia de otros países europeos donde la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida pero no comporta necesariamente penas de prisión para quien aborta, como Polonia, Malta, Irlanda o Chipre, la ley portuguesa considera el aborto como un crimen.

El Código penal portugués prevé una pena de prisión de hasta tres años para las mujeres que hayan abortado y de hasta ocho para los profesionales que las hayan ayudado. En los años 2002 y 2004, los procesos de Maia y de Aveiro, en el norte conservador del país, han vuelto a poner la cuestión del aborto de actualidad. En Maia, en enero de 2002, a consecuencia de denuncias, una comadrona acusada de haber ayudado a un centenar de mujeres desde los años ochenta, fue condenada a ocho años y medio de cárcel. En Aveiro, en febrero de 2004, 17 personas fueron acusadas y condenadas por practicar abortos ilegales.

Debate acalorado

El próximo 11 de febrero, los 8,4 millones de electores portugueses se pronunciarán en referendo sobre la despenalización del aborto, siempre que se produzca dentro de las 10 primeras semanas del embarazo. El actual gobierno socialista, dirigido por José Socrates, no se ha atrevido a imponer la despenalización a través de la vía legislativa, puesto que el resultado de esta consulta popular es aún incierto.

Según una realizada del 31 de enero al 2 de febrero publicado por el Correio da Manhã, el ‘sí’ mayoritario pierde terreno poco a poco: el 51,3% de los portugueses está a favor de la despenalización del aborto frente a un 43,7% que se posiciona en contra. Los antiabortistas han progresado 14 puntos porcentuales en las últimas semanas.

El porcentaje de abstención es la principal incógnita de esta elección que sólo puede ser ratificada con una ley si la participación alcanza el 50%.

Portugueses indecisos

Según O diario das notícias, la abstención es consecuencia “de una campaña demagógica, moral, ética, y sobre todo reduccionista.” La campaña, que sitúa en un lado de la balanza el derecho a elegir y en el otro la vida, crea un sentimiento de indecisión entre los portugueses que se niegan a tomar partido. En el último referendo de 1998, los portugueses habían rechazado la despenalización por una pequeña mayoría (50,6%) con un porcentaje de abstención del 68,1%.

En la actualidad, el debate desata pasiones en el país, en la prensa, entre los políticos y en el mismo seno de las familias. Guiadas por la Iglesia, las asociaciones pro-vida dirigen activamente una campaña sobre el carácter sagrado de la vida. Un extracto del programa “Pros e contras” emitido por la cadena pública RTP1 circula por Internet, mostrando a una joven con síndrome de Down declarando, con lágrimas en los ojos, que si el aborto hubiera estado permitido, ella nunca hubiera venido al mundo.

En Lisboa, el 25 de enero, una marcha contra el aborto reunió a eminentes figuras de los democristianos, al Primer secretario del partido de la oposición conservadora, CDS-PP, y a los antiguos ministros de Finanzas, Hernán Lopes y Bagão Félix. Ana Gonçalves, miembro de la Asociación Portuguesa de Familias Numerosas está convencida de que el ‘no’ debe prevalecer porque “Portugal es un país pro-vida, que debe proteger la vida.”

Esta postura es combatida por el centro de planificación familiar portugués o la Asociación de Mujeres Juristas. Los partidarios del aborto pueden contar con los partidos de izquierda y con el gobierno de José Socrates. En un comunicado difundido por el portal del partido socialista portugués, éste incita a los electores a votar por una ley que “permitirá un nuevo consenso social, donde todos, de manera natural, podrán vivir con sus convicciones, pero donde cada uno gozará de la libertad de tener su propia visión del mundo y de la vida.” La batalla será larga.

Aborto en Europa – ¿Qué, dónde, cómo?

En la gran mayoría de los países europeos se concede plenamente la libertad de dar a luz a la mujer. Otros, condicionan esta elección a factores adicionales.

En Irlanda del Norte, Portugal y España se permite el aborto con el fin de proteger la salud psíquica y física de las mujeres y en casos de violación; en los dos últimos se incluyen asimismo casos de daños en el feto. Estas condiciones legales son similares en Gran Bretaña y en Finlandia, donde aparte de las causas anteriormente mencionadas, también se tienen en cuenta aspectos socio-económicos.

La legislación más restrictiva: Irlanda y Polonia permiten la interrupción del embarazo en el único caso de amenaza a la vida y a la salud de la mujer o (en Polonia) si el embarazo es resultado de violación.

Por lo general, 12 semanas de embarazo son consideradas como el límite permitido para una intervención, a excepción de Gran Bretaña (24 semanas), Suecia, Holanda, Alemania y Grecia (18, 20 y 24 semanas, particularmente en casos complicados), imponiendo consultas médicas adicionales.

TRaducción: Kasia Ortiz