Alquiler turístico: ¿Economía colaborativa o negocio?

Artículo publicado el 11 de Septiembre de 2015
Artículo publicado el 11 de Septiembre de 2015

Los alquileres turísticos a través de plataformas 'online' son cada vez más populares y los usuarios que optan por plataformas como Airbnb para contratar el alojamiento durante sus vacaciones se cuentan por miles. ¿Pero mantienen su vocación de economía colaborativa o es necesaria una regulación?

En los últimos años, han proliferado en Internet decenas de plataformas bajo el paraguas de la economía colaborativa. Sin duda, entre las más populares están los portales destinados a poner en contacto a propietarios de viviendas con usuarios interesados en alquilarlas, un fenómeno conocido como house sharing. 

La plataforma Airbnb parece ser la más popular. Empezó su actividad en 2008 y a día de hoy está presente en más de 34.000 ciudades de 190 países. Sólo durante este verano, se calcula que 17 millones de personas han utilizado la plataforma para encontrar su alojamiento de vacaciones.

Entre sus beneficios se encuentran, evidentemente, el ahorro que supone para los usuarios en concepto de alojamiento, la posibilidad para los arrendatarios de obtener un ingreso extra y, para las ciduades, el hecho de que la mayoría de estos apartamentos se encuentren fuera del circuito turístico y ayuden a revitalizar otras áreas.

Sin embargo, el alquiler de apartamentos turísticos a través de este tipo de plataformas plantea a las ciudades serias dudas sobre el marco legal que debería regir esta actividad. "Hay mucha gente que se aprovecha de la falta de legislación y tiene montada una agencia de apartamentos para alquilar; los hoteleros se quejan y con razón. Es una pena que se pervierta así una buena forma de consumo colaborativo", lamenta Carolina Salvador, usuaria habitual de Airbnb. Actualmente, no hay una legislación concreta a la que acogerse y cada país ha optado por aplicar su propia fórmula.

Sin regulación específica

Holanda

La capital holandesa ha sido la primera ciudad europea en legislar sobre el house sharing. El Ayuntamiento de Ámsterdam mantiene un acuerdo con Airbnb mediante el cual la plataforma cobra a sus usuarios la tasa turística (el 5% del total del alojamiento) y la entrega después al Consistorio. De esta forma, se facilitan las gestiones a los propietarios de las viviendas para alquilar, a quienes se les evita el papeleo, y al propio Ayuntamiento.

Lo único que deben tener en cuenta los anfitriones es que existe un límite de 60 días para el alquiler vacacional. Otras ciudades, como Londres (Reino Unido), aumentan el límite legal hasta los 90 días y otras, como Hamburgo (Alemania), legalizan totalmente este tipo de alquileres cuando los dueños no están en casa. 

Francia

Francia ha seguido el ejemplo de los holandeses y empezará a cobrar la tasa turística a los usuarios de Airbnb a partir del próximo 1 de octubre. París, que con más de 50.000 anuncios es la ciudad con más oferta en esta plataforma, será la primera ciudad en empezar a cobrar los 0,83 euros por persona y noche que supone esta tasa en Francia. Poco a poco se irá instaurando este decreto en el resto de ciudades francesas.

Desde la empresa aseguran que esta tasa ya estaba contemplada anteriormente en los precios y que eran los anfitriones quienes debían pagarla al Ayuntamiento. Pero con el nuevo decreto, igual que sucede en Ámsterdam, los usuarios pagarán la tasa directamente a la plataforma, quién se encargará de entregarla al Gobierno municipal.

España

Aunque ninguna ciudad española cuenta con una normativa específica, ha sido en España donde Airbnb ha recibido su primera sanción: A principios de este verano, la Generalitat de Catalunya impuso una multa de 30.000 euros a la plataforma por ofrecer pisos turísticos de forma ilegal. Aunque la Generalitat también ha sido la primera comunidad en ofrecer un marco legal: Ha puesto en vigor una normativa que establece un tiempo límite (como ya hacen Ámsterdam o Hamburgo) de 4 meses al año para alquileres turísticos, los propietarios tienen que estar inscritos en el Registro de Turismo y el apartamento debe cumplir con unas prestaciones mínimas.

Por otra parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, propuso también condonar la deuda a los apartamentos turísticos si se destinan a alquiler social durante un período de tres años. Aunque Airbnb aspira a que la situación en Barcelona se resuelva de forma parecida a Ámsterdam, y el Ayuntamiento permita a la plataforma cobrar a los usuarios la tasa turística, de 0,65 euros por noche.

"Estaría bien que se pagara la tasa, porque de esta forma se controlarían un poco más los apartamentos turísticos. Es cierto que cuando viajamos queremos ahorrar y elegir Airbnb nos permite conocer la ciudad como un vecino más, pero cuando estás en tu casa y los turistas 'la lían' en cada esquina sin control ya no hace tanta gracia", explica Duna Campillo, vecina de la Ciudad Condal.

Economía colaborativa

Las iniciativas nacidas bajo el amparo de la economía colaborativa han recibido numerosas críticas en todos los ámbitos por su falta de regulación y han obligado a los Gobiernos de toda Europa a reaccionar ante esta nueva forma de intercambio. 

Es el caso de Uber, un portal de mobilidad dentro de las ciudades que caldeó los ánimos entre los taxistas. Entre los resultados se encuentran un expediente abierto por la Generalitat de Catalunya, trabas a su aplicación en Francia o la prohibición de la plataforma en ciudades como Bruselas. Tampoco se libra la conocida BlaBlaCar, que pone en contacto a ciudadanos para compartir los gastos de los viajes en coche y cuyos usuarios se enfrentan a multas de hasta 600 euros en España.

Por otra parte, muchas de estas plataformas han empezado a cobrar recientemente a sus usuarios, lo que les ha valido la censura de aquellos que consideran que están perdiendo su leitmotif. "En el caso de BlaBlaCar la tasa me parece injusta, porque la finalidad es compartir gastos, pero para otras como Airbnb o Uber, en las que la finalidad es lucrarse, considero que sí deben pagar impuestos", afirma Christopher Casas, otro usuario habitual de este tipo de plataformas.

"Lo que es cuestionable es si dicho impuesto lo deben pagar los clientes, pues desde mi punto de vista deberia pagarlo el arrendador", concluye Christopher. El debate queda abierto.