Bien, pero que no se repita

Artículo publicado el 2 de Abril de 2003
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Artículo publicado el 2 de Abril de 2003

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De ningún modo se pueden recriminar las amenazas de sanción que sobre el déficit excesivo impone la Comisión. Sin embargo, algo debe cambiar: la PSC está ya en el punto de mira.

Como era de esperar, y en cierto modo era predecible, la Comisión ha dejado vía libre a lo que en términos de eurocracia se define como “procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo” ante la situación que atraviesa Alemania (y Portugal) Estamos al comienzo de un periodo de supervisión de las cuentas públicas alemanas, que registran una relación déficit/PIB en torno al 3,9%, bien superior al famoso máximo del 3% fijado por la PSC.

¿Qué puede ocurrir durante los próximos diez meses? En pocas palabras, Schröeder tendrá que conseguir que se apruebe una serie de medidas drásticas (disminución del gasto, aumento de los impuestos) para tratar de sanear, al menos parcialmente, el balance de las cuentas públicas, y evitar las pesadas sanciones que se aplicarían en el caso de que la situación no cambiase. El que estas medidas sean positivas para la economía alemana es difícil de afirmar, puesto que suponen lo que venimos a llamar una política “pro cíclica”: en un momento en que la economía está en recesión, el gobierno aplicaría medidas restrictivas (ya que no tiene otra opción) Es exactamente lo contrario de lo que hizo Bush tras el 11 de septiembre: ante una crisis sectorial (en transporte y seguros) y de confianza de los consumidores, dio vía libre a un enorme impulso fiscal, lo que supone un mayor gasto público y reducción de los impuestos.

Si la Comisión ha actuado correctamente al salvaguardar la credibilidad de los pactos existentes entre los miembros de la UE y de las instituciones encargadas de hacerlos respetar, ahora habría que estudiar el modificar tales pactos y replantearse a fondo la estrategia política económica a nivel comunitario.

¿Qué protege la PSC? Según su lógica, en caso de recesión la disminución de los impuestos por rentas bajas, y el aumento de los subsidios de desempleo, causarían un “reembolso” estabilizador de la economía. Además, el déficit no volvería a ser excesivo, en el caso en que se parta de cuentas estables; el gobierno mientras tanto permanecería prácticamente neutral, sin que sea necesario que gaste o recorte los impuestos. En el caso de que la recesión golpease de manera especial un país (lo que se define técnicamente como un “shock asimétrico”), las fuerzas del mercado, según la misma lógica, garantizarían, a través de la flexibilidad de los salarios y de los trabajadores, un nuevo equilibrio.

Si analizamos la situación actual, vemos que el juego de la PSC se ha roto en el momento más delicado: la fase de saneamiento de los balances europeos, o sea, la fase de transición (como detalla un artículo de Buti et al. del 1998) La recesión ha aparecido en un momento en que países como Alemania, Francia e Italia aún no han ultimado el proceso de ajuste del déficit; por lo que pensar que podrían haber afrontado la ralentización coyuntural sin un empeoramiento de las cuentas públicas es francamente imposible. Y esto no es todo: la PSC no resulta adecuada para evitar el shock que golpea determinados sectores y áreas económicas europeas. Pondremos algunos ejemplos prácticos: las inundaciones en Alemania este verano, la crisis de la Fiat en Italia, el desastre ecológico y económico en Galicia. ¿Qué propondría la lógica de la PSC en estos casos? Que el pescador gallego se marche y busque trabajo en Grecia, o que el trabajador italiano simplemente diga a su familia que acepta una reducción permanente de su salario o que buscará un nuevo trabajo en el extranjero. El resultado es que los trabajadores no quieren verse obligados a emigrar en masa, mientras se ocupan de la recuperación económica de su país, mediante medidas de urgencia que implican un aumento del gasto y del déficit, que es exactamente lo que la PSC penaliza.

Es obvio que hay algo que no va bien: en cualquier otro Estado, ya sea unitario o federal, habría mecanismos para compensar las áreas en depresión transfiriendo recursos de áreas en crecimiento, algo que el balance europeo no está en situación de hacer. Las ayudas permitirían la reestructuración de dichas áreas, en lugar de prescindir de los recursos humanos o de disminuir el poder de adquisición de los salarios.

En conclusión, el PSC puede ser un pacto de estabilidad, pero no tiene nada que ver con el crecimiento. La recesión que ha golpeado Estados Unidos y Europa, que ha tenido lugar en un momento tan delicado para el saneamiento de las cuentas públicas, ha supuesto un duro golpe para los políticos y eurocráticos que lo han defendido.

Por otra parte, la situación se ha agravado por el hecho de que la política monetaria está gestionada por un orgulloso burócrata que, en el momento en que analiza a su homólogo de la otra parte del océano, toma decisiones opuestas a las suyas. Duisenberg, manteniendo invariables los impuestos, en una situación que él mismo consideraba preocupante, lo que hace es poner trabas a todo (especialmente, la bolsa) lo que preferiría una Europa en crecimiento antes que una Europa “establemente” empantanada, sin tener en cuenta los riesgos de deflación en Alemania (situación análoga a la de los Estados Unidos, que Greenspan trata de superar), y el hecho de que la diferencia del interés de los impuestos podría llevar a una posterior apreciación del euro, suponiendo un daño para la competitividad de las exportaciones de la UE.

Deberíamos pararnos a pensar varias cosas: si al gobernador del BCE no le importa lo más mínimo el crecimiento, el peso de la reactivación económica grava todo el balance estatal, en gran medida limitado por la PSC. Las soluciones se dividen fundamentalmente en dos categorías: la primera es suavizar la PSC, flexibilizándola ante situaciones coyunturales y eventuales “shocks asimétricos”. La segunda, más profunda, es dar peso al balance comunitario, para dotarlo de instrumentos que permitan estabilizar las economías europeas; el problema es que para esto habría que confiar esta gestión a órganos con una verdadera legitimidad democrática que se encargen de gestionar los recursos más importantes, algo a lo que todos se oponen en la UE.

Pero, ¿hasta cuándo continuará la UE siendo una pescadilla que se muerde la cola?