Bolivia nacionaliza la confianza de Europa

Artículo publicado el 31 de Octubre de 2006
Artículo publicado el 31 de Octubre de 2006
Mañana, 1 de noviembre, expira el plazo que Bolivia dio a las multinacionales europeas para renegociar sus contratos.

Fiel a sus declaraciones según las cuales “el peor enemigo de la humanidad es el capitalismo”, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, nacionalizó el 1 de mayo de 2006 los recursos de gas y petróleo del país, explotados en gran parte por multinacionales, como la brasileña Petrobras, la española Repsol YPF, la británica BG y la francesa TotalFina. Sin embargo, conservar el apoyo popular, aumentar el control estatal sobre la economía y consolidar la posición financiera de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) con entre el 50% y el 82% de los ingresos de las compañías extranjeras operadoras en el sector energético boliviano, exige duras renegociaciones de contratos con las mismas.

Hasta el momento, ha dimitido Andrés Soliz, persona de confianza del Presidente y Ministro de Hidrocarburos ideólogo de la nacionalización, debido a acusaciones de corrupción e inacción y por las reacciones de Brasil al ver perjudicado uno de sus contratos, lo cual demuestra la influencia de Brasil por encima de la de los países europeos. Hoy, las ocho multinacionales concernidas han aceptado ceder el 82% de sus ingresos a la empresa estatal boliviana YPFB.

El modelo que propone el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, Capitalismo Andino del Amazonas, una forma de “mejorar las oportunidades de emancipación de los trabajadores y las fuerzas de la comunidad a medio plazo” según declaraciones a Le Monde Diplomatique, implica una gran capacidad de gestión y un know how que quizá Bolivia no tenga.

Europa desconcertada

Las empresas y los gobiernos europeos intentan superar las dificultades que supone la nacionalización. Para los gobiernos europeos, el verdadero reto es la cooperación, que se ve amenazada por la acción unilateral de Bolivia. Por ejemplo, España anunció la condonación de una deuda de Bolivia de 120 millones de euros el 3 de enero pasado. Tres días después, Míster PESC, Javier Solana, prometió a Evo Morales apoyo económico con la condición de que protegiera a los inversores europeos en Bolivia. Desde entonces, el máximo responsable de Repsol en Bolivia, julio Gavito, ha sido acusado de contrabando y empresas europeas como el Zurich Financial Services y el banco BBVA han sido forzadas a ceder gratis sus acciones de la petrolera boliviana YPFB. Cabe, pues, preguntarse qué garantías de cooperación puede haber para la resolución de otros asuntos como la seguridad, la pobreza, la inmigración, la ayuda internacional o la salud, con este ambiente.

Costes para el consumidor europeo y para Bolivia

La nacionalización incrementa el coste de la vida para los consumidores extranjeros y le abre las puertas a la pobreza perpetua para los bolivianos. Por un lado porque YPFB no tiene suficiente capacidad técnica, financiera y de gestión para hacerse cargo de la nacionalización, la producción y la comercialización del gas y el petróleo, tal y como reconoció el gobierno boliviano en Agosto. Algo imprescindible para disminuir los costes y mantener la calidad del producto. De este modo, la subida del precio de los carburantes incidirá en el precio de toda la cadena económica y en el bolsillo de los bolivianos.

Por otro lado, si con el tiempo, las multinacionales europeas y brasileña salen de Bolivia, soportarán lo que se denomina “costes de retirada del mercado”: deslocalización de la producción, recuperación de inversiones y búsqueda de otras fuentes de gas. Aun en el caso de gigantes industriales, parte de estos incrementos de costes se transfieren a los consumidores en forma de precios más altos, y recordemos que los consumidores de estas empresas son también europeos. Por ejemplo, las europeas Total y Repsol dejarán de percibir unos 64 millones de dólares (alrededor de 57 millones de euros) por año. El18% de las reservas de hidrocarburos y el 10% de la producción de Repsol se encuentren en Bolivia, lo que supondrá un coste de deslocalización considerable.