Catalunya y Escocia: dos actitudes frente a un mismo anhelo

Artículo publicado el 18 de Octubre de 2013
Artículo publicado el 18 de Octubre de 2013
Mientras Escocia se encamina a un referéndum de independencia pactado con el Reino Unido, la tensión crece entre Catalunya y España, estancadas debido a la intransigencia del gobierno español con respecto al pulso de una sociedad civil catalana que no está dispuesta a ceder en sus aspiraciones soberanistas.

El 18 de septiembre del año próximo, cinco millones de escoceses serán llamados a las urnas para responder una sola pregunta: ‘¿Escocia debería ser un estado independiente? No es una cuestión menor, pues el resultado de la votación -tanto en un sentido como en otro- marcará crucialmente la historia del país. A menos de un año de la fecha las quinielas son imprevisibles, pero el fair play impuesto entre las partes, Escocia y Reino Unido, posibilitan un debate sereno y racional. En cualquier caso auguran un proceso político justo en que sea cual sea la decisión final, el triunfo democrático y el orden están garantizados.

Al otro lado del Canal de la Mancha, en ese siempre controvertido triángulo que forma Cataluña, más de un millón y medio de ciudadanos unían sus manos el pasado 11 de septiembre a lo largo de 400 kilómetros para reivindicar la independencia. Pero aparte de esta reivindicación nacional perenne y la voluntad de ser, poco hay en común entre estas dos viejas naciones europeas y menos aún se parecen los dos estados a los que pertenecen.

Tanto es así que la necesidad de la Vía Catalana -inspirada en su homónima báltica de 1989- es producto del hastío y reflejo de una realidad persistente: la negativa histórica de España a aceptar su condición de estado plurinacional. Así, mientras el Reino Unido se autoreconoce como ‘nación de naciones’ desde el momento del Act of Union, España no ha renunciado a su deseo de construir un estado central a la medida de Castilla y en detrimento del resto de naciones de la Península. Basta mirar un mapa de carreteras y ferrocarriles para comprobar hasta qué punto es así.

Cataluña siempre se opuso de un modo u otro a este modelo, que la condenaba a su propia disolución como sujeto político-cultural diferenciado. De hecho, antes de su plena equiparación con Castilla tras la victoria borbónica de 1714 -conmemorada celosamente por los catalanes como símbolo de las libertades perdidas-, España fue un término meramente geográfico asimilable a la Italia de antes de la unificación.

Desde entonces, muchos desencuentros han alimentado la rivalidad entre una Cataluña mercantil y burguesa con una revolución industrial equivalente a la de cualquier país europeo y una España todopoderosa en lo político pero incapaz de prescindir o asimilar al que todavía es su motor económico. Mientras Inglaterra puede imaginarse a sí misma sin Escocia, Castilla -antiguo reino hoy dividido en cinco comunidades autónomas- se vació de contenido en el proyecto de articulación del estado español a su alrededor.

Así se explican las diferentes maneras de enfocar lo que en definitiva es un problema de reconocimiento, voluntad política, y ejercicio democrático por parte de ambos estados. Mientras el Reino Unido opta por aceptar el referéndum aunque se posicione en contra de la salida escocesa, el gobierno español aún niega o ignora las aspiraciones catalanas al tiempo que contempla impasible como cada día aumenta el número de partidarios de la secesión. Es más, al negar el derecho a votar, España pierde toda posibilidad de hacer campaña por el ‘no’, dejando el terreno abonado al independentismo.

Por otra parte, la crisis política y económica que corroe las instituciones autonómicas, surgidas de una Transición desmitificada por las nuevas generaciones, agrava la situación. La respuesta de la derecha gobernante ante los múltiples frentes abiertos es una deriva nacionalista que afecta incluso a las relaciones internacionales. Ejemplo de esto es la crisis de Gibraltar de este verano, que aleja a España de un Reino Unido cuya manera de afrontar los mismos problemas es diametralmente opuesta y cuyo primer ministro ya ha dado varios toques a Rajoy sobre la cuestión catalana.

Peor aún, en plena ebullición soberanista -el independentismo ha pasado del 25% a casi un 50% en los dos últimos años-, España echa gasolina al fuego aprobando leyes recentralizadoras (Ley Wert) o recortando más las ya mermadas arcas catalanas a causa de un déficit fiscal excesivo. No en vano el perjuicio fiscal permanente hacia el que es el territorio más rico del Estado –agravado por la crisis económica- ha dado pie a que muchos catalanes que se consideran españoles ahora sean también férreos defensores de la independencia.

En este sentido, el portazo de Rajoy a la propuesta de pacto fiscal que impulsaba el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, marcó el punto final de 30 años de intentos de encaje del catalanismo en un sentido federalista dentro de España y propició la multitudinaria manifestación de 2012 -explícitamente independentista- y la convocatoria de las elecciones anticipadas que conformarían el gobierno actual.

A estas alturas de la película, mientras crece el apoyo popular al ya considerado en Cataluña como proceso irreversible, la desconexión entre la sociedad catalana y el resto de la sociedad española es un hecho indiscutible que deja a los políticos de ambos lados un margen de maniobra de escasos milímetros. Así, mientras la derecha y la izquierda españolas se enrocan en un constitucionalismo tramposo –pues solo entre ambas tienen la llave de una Constitución que equiparan a la democracia misma-, una diligente sociedad civil catalana empuja a su gobierno hacia un referéndum soberanista cuya fecha debería estar fijada antes de fin de año.