Cifras que hablan por sí solas: En Dinamarca, confiscamos

Artículo publicado el 29 de Enero de 2016
Artículo publicado el 29 de Enero de 2016

En Dinamarca no quieren renunciar a su reputación de "país más feliz del mundo". Por ello han vuelto a validar los controles fronterizos y han votado abrumadoramente a favor de un endurecimiento de las normas en materia de asilo. Nuestra cifra de la semana es "81":  El número de diputados daneses que votaron a favor de la confiscación de bienes a los inmigrantes.

Dinamarca concede una gran importancia a su título como el "país más feliz del mundo", que ganó en 2013. Un récord que peligra desde que aproximadamente 21.000 solicitantes de asilo entraran en el país desde el pasado verano de 2015.

Copenhague ha decidido endurecer las normas sobre el derecho de asilo, para que nada pueda entorpecer esta ola de felicidad. Después de seguir el ejemplo de Suecia y haber vuelto a introducir, a principios de este año, los controles fronterizos con Alemania, el pasado 26 de enero el Parlamento danés aprobó una ley que prevé la posibilidad de confiscar las joyas y el dinero en efectivo a los inmigrantes, si superan el límite fijado en 10.000 coronas (unos 1.340 euros).

El texto, que fue aprobado con 81 votos a favor (incluida la oposición socialdemócrata) y 27 en contra, dificulta la reunificación familiar y acorta la duración de los permisos de residencia. Las organizaciones de derechos humanos ya han criticado este endurecimiento de las normas en materia de asilo e inmigración que, por cierto, coincide con un evento decididamente infeliz: Se produjo un día antes del día en memoria de las víctimas del Holocausto.

Según el texto, el dinero confiscado será utilizado para ayudar a pagar por la recepción de refugiados. Pero hay quienes se preguntan si también es un medio para disuadir a los solicitantes de asilo que se dirigen al norte y empujarlos a elegir un camino diferente.

P.D: Para aquellos que ya estaban preparando su argumento, en los Estados federados alemanes de Baviera y Baden-Wurttemberg (y también en Suiza), se confiscan los bienes de valor a los refugiados desde los años noventa.