El síndrome Frankenstein

Artículo publicado el 22 de Noviembre de 2004
Publicado por la comunidad
Artículo publicado el 22 de Noviembre de 2004

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Los progresos en el ámbito de la biología y de la investigación han hecho que tanto la sociedad civil como la política se cuestionen sobre el síndrome demiúrgico de Frankenstein.

Se ha hecho necesario debatir sobre los límites éticos de la ciencia. Es de utilidad que el legislador se interese por las posibles aplicaciones científicas y comerciales ligadas a los progresos en materia de biotecnología o “biociencia”. En el ámbito multilateral, el 11 de noviembre de 1997 la UNESCO adoptó la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, que luego fue completada, el 16 de octubre del 2003 por la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. Estas dos declaraciones, que postulan la preeminencia del respeto a la persona humana y a sus libertades individuales sobre los avances de la investigación, hacían que ésta última fuera posible perfilando una regulación nueva y universal. Esto en cuanto a lo que se refiere al mundo en general.

Cada país legisla

La Comisión, a la cabeza del progreso, formó en 1997 el Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías, que sustituyó al pionero Grupo de Consejeros para la Ética de la Biotecnología. El GEE, constituido como grupo de expertos independientes, formula opiniones sobre la política de investigación comunitaria y ha trabajado sobre las cuestiones de los embriones, los tejidos humanos y la utilización de las células madre. Este año se ha centrado en la ética biomédica en los nuevos Estados miembro, los bancos de sangre de cordón umbilical y la comercialización de productos derivados de la ingeniería de tejidos humanos.

El Parlamento Europeo, por su parte, constituyó en el año 2001 un grupo para la reflexión sobre estas cuestiones éticas, la efímera Comisión Temporal sobre Genética Humana y Otras Nuevas Tecnologías de la Medicina Moderna.

Corresponde a cada país, sin embargo, definir su propio marco normativo y establecer en él lo que es y lo que no es posible respecto de la moral, la ética y las necesidades científicas que le son propias. En un primer momento, la legislación se ha centrado en resolver lo más urgente. La ley se ha erigido en guardiana de la “buena biociencia”, esto por no actuar como “censor del progreso tecnológico”.

La mayor parte de los miembros de la Unión Europea ha prohibido la clonación humana reproductiva: los británicos, a pesar de estar muy avanzados en esta cuestión, consideran que la introducción de un embrión que no resulte de la fertilización en un útero de mujer es un crimen punible con 10 años de encarcelamiento. La creación de embriones humanos con el único fin de investigar es rechazada prácticamente en todas partes, salvo en el Reino Unido donde se autoriza bajo determinadas condiciones.

La principal preocupación de legisladores, científicos y sociedad civil ha sido llegar a un acuerdo sobre la definición de embrión. Ésta varía en gran medida de un país a otro. En Irlanda, por ejemplo, el embrión no está reconocido jurídicamente, y es el denominado unborn (“el que aún no ha nacido”) el que prevalece. En Finlandia el embrión designa un conjunto de células que resultan de la fecundación considerada in Vitro; el embrión in vivo es un feto, sea cual sea su estado de desarrollo, al igual que en los Países Bajos.

Condiciones draconianas

A partir de esto, los Estados han ido desarrollando sus legislaciones, en su mayor parte para dar cobertura a las necesidades de la reproducción asistida y luego, más específicamente, para la investigación. La investigación sobre embriones llevada a cabo con fines terapéuticos está generalmente autorizada, salvo en Portugal e Irlanda donde es inconstitucional. En los demás Estados, ésta se halla sometida a condiciones severas, que consisten generalmente en la necesidad de obtener la autorización de los donantes de gametos o de los padres, la utilización del embrión antes de 14 días de desarrollo fuera del período de criogenización, la sumisión del protocolo de investigación a una institución científica de prestigio y patentada, y la prohibición de cualquier forma de eugenesia.

La investigación con fines terapéuticos que no beneficie directamente al embrión está también permitida en Bélgica, Finlandia, Francia, Países Bajos, España, Suecia y Reino Unido: son investigaciones sobre la esterilidad, las enfermedades congénitas, la contracepción… En España se especifica que este tipo de investigación no puede desarrollarse en relación con embriones resultantes de un aborto voluntario. En Suecia se admite sobre embriones sobrantes de procesos de reproducción asistida. En Francia debe ser autorizada por el Ministerio de Sanidad y el Comité de Bioética.

Los nuevos Estados miembro no se quedan atrás en estas materias. Están dotados de comités de bioética, Eslovenia desde 1977, Malta y Hungría desde 1989, y más recientemente Estonia desde 1998 o la República Checa desde 1997, y han desarrollado legislaciones más o menos densas. Los Estados más avanzados en este sentido son por un lado Eslovenia, que posee un completo arsenal legislativo y ético que regula la clonación, la utilización de placebo, la muerte cerebral y la donación de órganos, y por otro lado Polonia, que ha legislado sobre experimentación biomédica sobre embriones, diagnósticos prenatales y clonación humana.

Autogestión

En Estados Unidos la legislación distingue las investigaciones que pueden beneficiarse de financiación pública de aquellas que no pueden disfrutar de tales ayudas. El 9 de agosto de 2001, el presidente George W. Bush decidió autorizar una financiación federal limitada a la investigación de las líneas celulares derivadas de las células madre que existen en la actualidad. Estas células se obtienen a partir de embriones sobrantes que han sido donados a la ciencia por los padres. Por su parte, la Cámara de Representantes votó el 31 de julio de 2001 un texto que prohibía y criminalizaba cualquier clase de clonación humana.

Si analizamos estas disposiciones nacionales e internacionales, nos damos cuenta de que estas “legislaciones” no hacen más que acompañar o, en su caso, enmarcar el movimiento general de un mundo que se “autogestiona”, o que incluso se “autogenera”. Los textos, al ser a menudo evasivos, pueden ser sorteados. La “evolución” está en marcha. ¿Acaso fuera de control?