Europa: con cincuenta años, grande (27 miembros), atractiva (6 ampliaciones), en busca de estabilidad y prosperidad tras haber conseguido la paz.

Artículo publicado el 2 de Junio de 2008
Artículo publicado el 2 de Junio de 2008
Publicado en versión francesa el miércoles 14 de mayo de 2008 Por Guillaume Delmotte Traducido por Rebeca Santamarta 58 años después de la declaración que Robert Schuman hizo en el Salón del Reloj del Ministerio de Asuntos Extranjeros de París el 9 de mayo de 1950, ¿qué perspectivas se pueden trazar para el futuro de la Unión Europea?
Mientras el Tratado de Lisboa está en proceso de ratificación, dos aspectos de la construcción europea merecen ser cuestionados: por una parte, el método a seguir para profundizar en la construcción europea (1) y, por otra, el objetivo que se debe asignar a la Unión Europea (2).

1.El método de la construcción europea: del funcionalismo al federalismo

¿Cómo hacer progresar Europa?

Para responder a esta pregunta, es bueno relanzar “la Europa de los proyectos”. Entre estos proyectos, el que se evoca más a menudo es el relativo a la energía. Se trataría de fundar una verdadera política común alrededor de la problemática energética, en la medida en que ésta favorecería la eclosión de un “interés general europeo”. No se trata, por tanto, de otra cosa que de perpetuar el método Monnet creando una “solidaridad de hecho” entre los europeos, gracias a “proyectos concretos”: esto llevó a la Comunidad Económica del Carbón y del Acero en los años 50 y sería hoy la Europa de la Energía.

Gracias a la experiencia histórica, sabemos que esta gestión funcionalista ha mostrado su eficacia y es cierto que la problemática energética (que tiene por corolario nuestro modelo de desarrollo económico) es una puerta de entrada al nivel de los “desafíos” del próximo siglo. Sin embargo, ¿esto es suficiente? A mi entender, no. Encontramos una imagen de la insuficiencia del funcionalismo relativa al presupuesto de la Unión Europea. En este terreno es deseable ver invertirse los pormenores de una negociación presupuestaria en Europa y pasar de una lógica en la que domina el interés nacional a una lógica del “interés general europeo”. Pero el Consejo Europeo, en su estado actual, no puede ser el marco en el que se exprese este interés. La institución de una presidencia estable y autónoma del Consejo Europeo, gracias al Tratado de Lisboa quizás permitiría ir en este sentido. Necesitamos un gobierno europeo supranacional, es decir, usando la expresión adecuada, un gobierno federal europeo. Vemos entonces resurgir aquí la cuestión institucional, que la adopción del Tratado de Lisboa no apura. Mientras la impulsión política fundamental de la construcción europea no dependa de una institución de tipo federal más que interestatal como hoy, no podrá haber un progreso real en el camino de la integración política. La Comisión y el Parlamento europeos son las únicas instituciones que transcienden hoy en día a los intereses nacionales. La nueva presidencia del Consejo de Europa debería poder expresar también este interés general europeo tan buscado (el Consejo de Ministros, siendo la institución donde se traduce el principio de participación de los Estados federados, inherente al federalismo, el otro gran principio del federalismo es el de la autonomía: los Estados federados pueden legislar particularmente en sus dominios de competencias propias). Si queremos un presupuesto europeo alimentado por recursos europeos (por ejemplo, una parte del impuesto sobre sociedades), un presupuesto decidido en función de las necesidades de la Unión, y no sólo resultante de la suma (y de la resta…) de los intereses de los Estados, entonces necesitamos instituciones políticas que expresen el interés general europeo en toda su plenitud.

El funcionalismo es, por tanto, necesario pero insuficiente. Sólo el federalismo institucional y presupuestario puede hacer progresar la expresión del interés general europeo. Es mucho más cierto que si el “concierto de las Naciones” podía todavía dar sus frutos en la Europa de los Seis de la posguerra, con los Jefes de Estado y de Gobierno cuyas opciones ideológicas estaban próximas y las experiencias personales nutridas por dos guerras mundiales, por el contrario, la única cooperación intergubernamental es inadecuada en una Unión de 27 Estados que hacen frente a la “globalización”.

2.El objetivo de la Unión Europea: de la regulación a la potencia pública

Con el objetivo de afrontar esta última y de ser parte beneficiaria, todo el mundo habla de “regulación”. Este es el término más sobre utilizado en el discurso político-económico. Pero, ¿a qué regulación se hace referencia aquí?

El mercado interior está hoy parcialmente regulado, en el sentido en que todas las políticas de acompañamiento de la apertura de este mercado – política regional, armonización fiscal, cohesión social, etc. – están todavía lejos de ser del todo efectivas, si se piensa sólo en el problema del “dumping fiscal”. Es necesario, por tanto, trabajar en el fortalecimiento de estas políticas y de favorecer la solidaridad europea.

El derecho europeo más avanzado y eficaz en materia de regulación del mercado es sin duda el de la competencia. En ciertos aspectos, este derecho es la traducción de la concepción neoclásica de la competencia pura y perfecta. Abarca dos aspetos: uno aplicable a las empresas y otro a los Estados.

Si el derecho aplicado a las empresas (alianzas, abuso de posición dominante, concentraciones… ) no es a priori criticable en sí mismo, lo es en el crédito de la construcción europea (nada que ver con el asunto Microsoft), por el contrario, el régimen jurídico de las ayudas del Estado merece ser cuestionado. La crítica a la vista de este último debe ser tomada en serio (cf. Los trabajos del economista Frédéric Lordon: L´Europe concurrentielle ou la haine de l´Etat).

Si las restricciones sobre estas ayudas pueden justificarse con respecto a las distorsiones que se pueden engendrar en la competencia entre Estados, está claro que atentan contra la acción pública en materia económica e industrial y esto en el momento de la globalización y de la exacerbación de la competición mundial.

A partir de la década de los 90 se adoptaron ciertos ajustes (derogaciones, reglamentos de exención…), pero las ayudas del Estado quedaron fuertemente enmarcadas.

Si la capacidad de acción de los Estados se encuentra así disminuida, es necesario, entonces, volver a pensar en la acción pública a nivel de la Unión Europea pasando del control de las ayudas del Estado a la promoción de las ayudas de la Unión, lo que descansa en la cuestión institucional y presupuestaria evocada más arriba. La Unión Europea debe convertirse en una potencia pública capaz de llevar a cabo una política monetaria, presupuestaria, macroeconómica (invocación de un derecho para la Unión de “hacer déficit” no tiene sentido con un presupuesto dimensionado como lo está hoy) e industrial. Desde entonces, está permitido cuestionar los fundamentos del derecho de la competencia aplicado a las empresas, en la medida en que el rigor de las reglas de procedimiento relativas al control a priori de las concentraciones de empresas puede hacer difícil la constitución de grupos industriales de talla mundial. Sin embargo, sólo es así como la Unión será capaz de aceptar los retos de la ruda competición económica a nivel internacional y de jugar un papel mayor en la “regulación” de los intercambios mundiales, cuyos principios deben igualmente ser definidos reformando las instituciones internacionales.

Jean Monnet, en una nota dirigida al CFLN el 5 de agosto de 1943, escribió: “es esencial que se impida la reconstrucción de las soberanías económicas”. Evocó entonces el concepto de “una Federación o de una entidad económica común”. Un poco más tarde, lanzó la idea de “un país industrial europeo” en el cual las producciones serían “explotadas en provecho de toda Europa” (citado por Marie-Thérèse BITSCH, Histoire de la construction européenne, Complexe, 2004, p.62).

El proyecto de la CECA estaba bien seguro en el germen de estos propósitos. Pero sólo una parte del programa fue realizada: la desaparición de las “soberanías económicas” nacionales, lo que correspondió a una primera fase histórica de la construcción Europa. Hoy es momento para la constitución de una soberanía económica europea, que debe entenderse como una capacidad de intervención de la Unión Europea como potencia pública en la escena mundial. Europa no debe entonces ser vista sólo como un espacio interior que construir sino también como una entidad que debe ser inscrita en el mundo. Dicho de otro modo, Europa no debe ser sólo un espacio económico, sino también un lugar político.

(Foto: Salón del Reloj, Ministerio de Asuntos Exteriores, Flickr/Bruno)