Europa, ¿fortaleza o tierra prometida?

Artículo publicado el 28 de Noviembre de 2005
Artículo publicado el 28 de Noviembre de 2005

Atención, este artículo no ha sido revisado ni publicado en ningún grupo

El número de inmigrantes ilegales muertos en septiembre sobre las alambradas de Ceuta y Melilla le recuerda a los veinticinco la gravedad del problema de la inmigración y la necesidad de darle pronta respuesta.

Dieciocho millones de africanos huyen de la guerra civil y la tortura, aunque también de la pobreza y la falta de oportunidades en sus países de origen, según se desprende de la lectura de los datos contenidos en el Programa Medioambiental de Naciones Unidas (UNEP). Tal y como expone Michael Jandl, investigador del Centro Internacional para el Desarrollo de las Políticas Migratorias, el perfil de esos inmigrantes coincide con el de jóvenes preparados, procedentes de clases medias o altas, que cuentan con medios económicos suficientes para trasladarse desde Gambia, Mali o Nigeria a las fronteras de la “tierra prometida”. Estos jóvenes tratan de saltar las alambradas electrificadas o están dispuestos a pagar 1.000 euros a cambio del pasaje para atravesar el estrecho de Gibraltar en patera, contribuyendo de esta manera a engrosar la cifra anual de 4.000 millones de euros que reporta el negocio llevado a cabo por los transportistas que introducen inmigrantes ilegales en Europa. Quienes logran alcanzar territorio europeo solicitan asilo político -un estatus que España está obligado a mantener, según lo dispuesto en tratados internacionales sobre esta materia-, resultando que únicamente un 8% de todos los demandantes de asilo obtiene su reconocimiento como refugiado político.

Controles de expulsión

¿Qué respuesta aporta Europa a esta afluencia de “deseperados” cada vez más dispuestos a franquear las puertas de la Unión? Levantar el dispositivo de protección de tres a seis metros después de haber sido reforzado en 2001, aumentar la presencia militar en el lado español y multiplicar las patrullas de policía costera en el lado marroquí son las soluciones nacionales apuntadas en los últimos años y, a primera vista, eficaces. A partir del año 2000, el número de africanos que cruza las fronteras de Ceuta y Melilla ha pasado de 10.000 a algunos cientos al año. Además, hay que tener en cuenta que si bien el número de demandas de asilo se ha reducido a la mitad desde 1995, el de expulsiones se ha multiplicado en los últimos años.

Estos datos no están desligados de la política comunitaria de inmigración surgida en 1995 en el marco de la Declaración de Barcelona. La cooperación de la UE con sus socios mediterráneos coloca en un discreto lugar a la problemática migratoria, vinculándola de manera sistemática con otros temas como el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado. Consecuencia de ello es la generalización de una concepción negativa de la inmigración, y todo a pesar del número de programas puesto en marcha en distintos sectores para reforzar la cooperación entre Europa y la zona mediterránea. En este sentido, si bien la UE muestra su interés en temas como la integración de los inmigrantes legales, el reagrupamiento de familias o la armonización de los sistemas de seguridad social, no es menos cierto que sus prioridades parecen quedarse en el ámbito securitario: intensificación de los controles fronterizos, lucha contra el tráfico de personas y facilitación en las repatriaciones. De ello da fe el Programa Regional MEDA JHA II, en vigor durante el período 2005/06 y centrado en el aspecto de control y lucha contra el terrorismo, así como la Comunicación de la Comisión europea en materia de tráfico de seres humanos, de octubre de 2005, que reserva un lugar destacado al tema de la inmigración ilegal.

Paradójicamente, llama la atención que en el momento en que los Estados miembro empiezan a darse cuenta de que en un futuro van a necesitar mano de obra cualificada, no dudan en abrir sus puertas a grupos de inmigrantes que responden a ese perfil.

Difícil armonización

Por otro lado, no parece que los veinticinco estén convencidos de dejar en manos de Bruselas la búsqueda de soluciones a este problema, renunciando a la intervención soberana de cada uno de los Estados que integran la UE. La política común de asilo e inmigración debería existir desde 2004, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 del Tratado de Ámsterdam y las Decisiones de la Cumbre de Tampere (1999). Aún subsiste, sin embargo, un gran número de excepciones y desacuerdos en esta materia, de modo que países como Dinamarca no están vinculados a esta política, mientras que el Reino Unido e Irlanda pueden elegir entre aplicarla o no. No hay acuerdo entre los Estados miembro no sólo en cuanto a la propia definición de refugiado, sino tampoco respecto a las reglas de permisos de residencia o en el tema de los derechos laborales de los inmigrantes.

De igual forma, también hay discrepancias respecto de un eventual procedimiento común en materia de tramitación y resolución del derecho de asilo o la admisión de inmigrantes que viajan del país en el que demandan el asilo a otro Estado de la Unión.

Cualquier avance en el terreno de la armonización será útil para hacer frente al problema entre los inmigrantes ilegales y la UE, aunque resultará a las claras insuficiente para solucionar por sí sólo los problemas que acompañan a los fenómenos migratorios, tales como la imposibilidad de expedición de visado para los refugiados políticos, que obliga a que se muevan en el terreno de la ilegalidad y la clandestinidad y, sobre todo, la situación de miseria que se vive en sus países de origen , como causa determinante de los desplazamientos. Habrá que construir, tal y como sugiere el periodista Heribert Prantl, un auténtico pacto de desarrollo entre los Estados europeos y los países africanos, con el objetivo de proponer a la población afectada un futuro capaz de hacer que la emigración aparezca como una solución menos apetecible. El programa de la presidencia británica en el marco de EuroMed avanza en este sentido, promoviendo reformas económicas, así como buenas prácticas de gobierno y de educación en los países mediterráneos. En cualquier caso, la gestión de la inmigración debe constituir el eje central de la estrategia de la política económica y social de los veinticinco. Si Europa desea aportar una respuesta global al problema de la emigración, habrá de intensificar la cooperación y las ayudas más allá de las fronteras de los países del norte de Africa.