La agricultura es el único rayo de esperanza...

Artículo publicado el 20 de Noviembre de 2017
Artículo publicado el 20 de Noviembre de 2017

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En la actualidad Ucrania experimenta una problemática doble, que deriva por un lado de la situación de conflicto militar en el este del país y por otro de la posición del país en los mercados globales. Estos problemas prolongados se deben fundamentalmente al fallo sistemático del país a la hora de crear un ambiente que permita la igualdad de oportunidades para toda la población.

En la actualidad Ucrania experimenta una problemática doble, que deriva por un lado de la situación de conflicto militar en el este del país y por otro de su posición en los mercados globales. Estos problemas prolongados se deben fundamentalmente al fallo sistemático a la hora de crear un ambiente que permita la igualdad de oportunidades para toda la población, debido a una combinación de corrupción generalizada, un sistema de propiedad y protección de inversiones ineficaz y un ambiente impredecible de políticas específicas. Paralelamente, la política medioambiental permitió el crecimiento de grandes entidades financieras y comerciales integradas verticalmente, comúnmente conocidas como oligarquías financieras o industriales. Esto limitó la igualdad de oportunidades para la población.

De acuerdo con la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS) 2012-2016 de USAID/Ucrania, la toma de control de estos grupos oligárquicos de todos los sectores de la economía constituye el principal problema económico de Ucrania. Estos grupos centran sus esfuerzos en la adquisición y control de actividades tecnológicas simples, con lo que consiguen estimular la demanda global de productos como fertilizantes, acero, aceite de girasol y maíz. Así, antes de que tuviera lugar la Revolución de la Dignidad (2014), las oligarquías agrícolas habían tomado el control de las zonas rurales de Ucrania, creando conglomerados agrarios, algunos de los cuales sobrepasaban las 500.000 hectáreas. Estos conglomerados hacían uso de su influencia económica para impedir reformas necesarias, como el desarrollo de un mercado de tierras agrícolas. También se aseguraban de que los impuestos nacionales sobre empresas agrícolas fueran altamente favorables para las grandes empresas. Según la estimación de los expertos, estos los conglomerados agrarios terminaron por controlar hasta el 40% de la tierra cultivable, dominando el grueso de las exportaciones de productos como el trigo, el maíz, la cebada y el aceite de girasol, así como la harina, la soja y la colza. También monopolizaron las exportaciones domésticas del mercado de aves. Conjuntamente, estas oligarquías controlaban a los comerciantes internacionales, negociando con la manipulación de granos y la exportación de infraestructura, dominando el procesamiento de alimentos, así como las ventas al por mayor y al por menor, y limitando el acceso al crédito. 

El descenso en la demanda global provocó el aumento de la represión política y de las prácticas de corrupción. Cuando la demanda del mercado disminuyó en 2013, el gobierno decidió proteger los intereses oligárquicos en vez de implementar reformas para continuar con el proceso de integración con la UE. Esto provocó un estallido social y político que cristalizó en la Revolución de la Dignidad, una revolución que engendró importantes oportunidades de transformación del sistema político-económico, a expensas de la pérdida de vidas inocentes. Era preciso cambiar el sistema existente, que favorecía a una minoría y discriminaba al resto, y el cambio debía reflejar una mayor igualdad de oportunidades mayor para todos. Sin embargo, no tenemos mucho tiempo. La recesión económica, la obstrucción política y la invasión territorial juegan en contra de la implantación de estos cambios. Una derrota en la lucha interna de Ucrania contra la corrupción y la mala gestión gubernamental resultará tan fatal para el país.

Según el Banco Nacional de Ucrania, el PIB disminuyó en un 6,8% en los primeros tres cuartos del 2015 (Informe de la inflación de septiembre de 2015 e Informe anual de 2014). La inflación de los precios de consumo y la inflación de base estaban al 52,8% y al 31% respectivamente en 2015, respecto al aumentos del 56,3% y del 30,7% en 2014. La deuda externa aumentó en un 30,6% desde el comienzo de la guerra, y en la actualidad la moneda se ha devaluado en un 185% desde el comienzo del conflicto.

En su artículo “Ucrania: cuestiones actualidad y política de EE.UU.” (Servicio de investigación del Congreso, 8 de julio de 2014), Steven Whoehrel citaba que, en materia económica, el producto interior bruto (PIB) del país era del 21% respecto a la media de la UE, y de menos de la mitad respecto a Rusia. La inversión extranjera directa per cápita es de menos de la mitad que la rusa, y un cuarto de la de Polonia. El único rayo de esperanza en este panorama desalentador lo constituye la agricultura, que ha aumentado su valor y su volumen de producción en un 3,5% en 2014 y en un 2% en los primeros nueves meses de 2015, a pesar de la pérdida de bienes de activos productivos en Crimea, zonas de Donetsk y la región de Lugansk. No obstante, los procedimientos de administración de tierras en Ucrania son burocráticos y poco claros. Para los ciudadanos, el sistema de administración territorial es confuso, complicado y proclive a la corrupción a muchos niveles. Aparentemente, ciertas transacciones directas, como el registro de arrendamientos o de propiedad heredada, son excesivamente complejas e ineficientes. Un claro ejemplo de esta ineficacia es el doble sistema de registro del terreno, que incluye tanto el catastro (administrado por el Servicio Estatal de Geodesia y Cartografía de Ucrania) como el sistema de registro de los derechos de propiedad inmobiliaria (administrado por el Ministerio de Justicia).

La reforma política ucraniana pretende fortalecer la administración local, aumentar la democracia, mejorar las condiciones de desarrollo de las comunidades y promover la estabilidad. Al mismo tiempo, pretende aumentar el apoyo ciudadano y la participación en actividades sociales específicas. Además, el sector de la economía real afronta desafíos concretos como resultado del Acuerdo de Libre Comercio Profundo y Completo (DCFTA en inglés), una sección vital del Acuerdo de Asociación (AA) con la UE, ratificado en septiembre de 2014 por los parlamentos europeo y ucraniano. De acuerdo con el DCFTA, la UE y Ucrania se comprometen a implantar de forma progresiva un área de libre comercio en un periodo de transición de un máximo de 10 años. Ucrania se compromete a tomar las medidas necesarias para acatar las regulaciones técnicas de la UE, sus procesos de estandarización, su meteorología, su acreditación y su evaluación de conformidad, así como su sistema de supervisión de mercados. Se compromete también a implementar los principios y prácticas recogidos en las regulaciones y directivas de la UE. Para ello, será preciso realizar cambios drásticos a nivel legislativo y procesal y en el ambiente social general, particularmente en las zonas rurales.

En la actualidad, las zonas rurales de Ucrania padecen altos niveles de desempleo y pobreza generalizada, y cuentan con una infraestructura logística y social deficiente. El nivel salarial en la agricultura y el sector rural sigue siendo uno de los más bajos en la escala de la economía nacional (69% respecto a la media). Tan solo hay 661.400 empleados oficiales en los sectores de la agricultura, la forestación y la pesca, prevaleciendo el empleo clandestino en pequeños conglomerados agrarios. Respecto al ingreso en efectivo per cápita en viviendas rurales, un 34,8% del mismo depende de prestaciones sociales. Esta dependencia es un cuarto menor que la de viviendas en zonas no rurales. Por otro lado, el porcentaje de ingresos de ganadería en las viviendas rurales ha experimentado una disminución constante (29,9% en 2000, 10,6% en 2013). En un 23% de estos hogares rurales, el ingreso per cápita está por debajo del nivel mínimo de subsistencia (el equivalente en ciudades es de un 10,2%). El nivel de pobreza en zonas rurales es 1,7 veces mayor que el de las ciudades. En términos de condiciones de vida, el porcentaje de viviendas rurales en situación de pobreza es del 39%(comparado con el 19% en zonas urbanas).

La mayoría de los residentes de zonas rurales no tienen acceso a servicios de sanidad y educación de calidad. Tan solo el 26% de los niños en zonas rurales va a guarderías. Los estudiantes de escuelas secundarias de zonas rurales obtienen peores resultados en exámenes externos independientes respecto a sus homólogos de zonas urbanas (entre un 15% y un 20% menos, dependiendo de la materia). Además, la tasa de mortalidad en zonas rurales es mucho mayor que la de las ciudades, llegando a ser un 40% superior en determinados años. Según los expertos, en muchos casos la población rural fallece prematuramente como resultado de la pobreza, la falta de acceso a revisiones médicas y la baja calidad de la asistencia sanitaria. Los problemas familiares, el mal cuidado de los niños, los altos niveles de adicción al alcohol y a las drogas y la mala conducta social se consideran fenómenos recurrentes en zonas rurales.

Sigue existiendo una gran diferencia entre el volumen de construcción residencial y la calidad del alojamiento y de los servicios públicos en los pueblos situados en zonas suburbanas o de recreo respecto a los situados en zonas rurales remotas. Tan solo el 31,5% del total de viviendas rurales está conectado a sistemas de suministro de agua centralizado. Las difíciles condiciones de vida son causa de desesperanza y falta de confianza entre muchos miembros de estas comunidades. Prácticamente no existe el enfoque participativo y las iniciativas locales para resolver problemas locales. Estos factores acrecientan la migración rural hacia las ciudades, particularmente entre jóvenes. Como resultado, la población rural ha descendido de un 33% en 2001 a un 31% en 2015, a un ritmo continuado de descenso del 0,6% al año.​

En el pasado, los agentes políticos públicos de Ucrania han centrado su apoyo a las zonas rurales en el respaldo a empresas estatales, las ayudas agrícolas y la infraestructura regional. Estas intervenciones no estaban diseñadas para promover el progreso rural. La nueva estrategia para el desarrollo de la agricultura y las zonas rurales reconoce este hecho, proponiendo la introducción de un marco político destinado específicamente a las mejoras en la agricultura y las zonas rurales, incrementando su competitividad. El diseño de este proceso competitivo se centra en destinar de forma eficaz los fondos públicos y de donaciones para ayudar a movilizar los recursos y los bienes locales. También promueve la participación conjunta del Estado, los ciudadanos, la sociedad civil y las empresas.