La disputa neocolonial sobre Colombia

Artículo publicado el 13 de Marzo de 2003
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Artículo publicado el 13 de Marzo de 2003

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Cercada por las lógicas militaristas de Washington y Madrid, la Unión europea intenta desarrollar una estrategia alternativa. Análisis in situ.

En la escena internacional actual, marcada por una integración cada vez mayor a través de acuerdos comercailes, alianzas estratégicas entre gobiernos y la difusión de modelos culturales globalizados, es tarea difícil indentificar sin equívocos la naturaleza exacta de los intereses de un Estado respecto a otro.

Si la conquista de tipo colonial, en tanto que ocupación física de un territorio, oponía claramente un pueblo colonizador y un pueblo colonizado, con todo lo que ello implica en términos de relaciones económicas, de instalación administrativa y de forma de organización política y social, en las relaciones contemporáneas que se establecen entre Estados formalmente independientes y soberanos, en cambio, las formas de “neocolonialismo” se pueden esconder tras la naturaleza compleja de las relaciones entre países. En particular cuando las relaciones se establecen entre el “norte” y el “sur” del mundo (casualmente, el primero ex-colonizador y el segundo ex-colonizado...), tanto los acuerdos de libre cambio (p.e: ) como los planes de intervención para la resolución de cuestiones internas a un Estado (p.e: Plan Colombia) se prestan a una doble interpretación. Por un lado, desde un punto de vista formal, la existencia de los acuerdos es la respuesta común y recíproca a auténticas exigencias de interacción, pero por el otro, con frecuencia estos mismos acuerdos se convierten en instrumentos de ingerencia y de condicionamiento del Estado m’as fuerte sobre el más débil. La polarización de las relaciones internacionales, que hace que sea absolutamente necesario establecer lazos con determinados sujetos (Estado Unidos y Unión Europea ante todo), tanto más en un contexto de extrema desigualdad de poder de negociación, provoca la situación paradójica en la que el propio país “desfavorecido” busca el acuerdo, por mucho que sepa desde el principio que las condiciones de negociación no serán equilibradas. Lo absurdo reside en el simple hecho que la “existencia internacional” de algunos Estados está determinada más por su visibilidad desde el punto de vista de la Unión Europea o el de Estados Unidos, que por su auténtico estatus.

Tribunal Penal Internacional

El ya citado Plan Colombia (1999) puede servir de ejemplo de la extraña “conveniencia” que es la base de la negociación y firma de muchos acuerdos actuales. La administración Clinton y el entonces presidente de Colombia Andrés Pastrana decidieron, en 1999, realizar conjuntamente un “plan por la paz, la prosperidad y el refuerzo del Estado”. El plan preveía el desembolso de casi mil millones de dólares por parte de Estados Unidos, destinados principalmente a la resolción del problema del narcotráfico, problema ingente para Colombia, país productor y exportador, y para Estados Unidos, primer consumidor de los estupefacientes producidos en Colombia.

La estrategia propuesta para satisfacer tal objetivo se basan esencialmente en el incremento de la capacidad militar de lucha contra el narcotráfico y en la fumigación con agentes biológicos de los campos de coca, con el fin de reducir la extensión de los cultivos. El plan prevé también finaciar acciones sociales (programas de educación, construcción de infraestructuras), pero el 70% de los fondos est’a destinado a gastos militares. Además, Estados Unidos, en una lógica de lucha regionalizada contra el narcotráfico, ha incluido en el plan la creación y el refuerzo de bases militares en diferentes zonas estratégicas de Ecuador y Bolivia. Tres años después de su presentación, es difícil valorar los resultados del Plan Colombia, porque, a pesar del hecho que la fumigación, en particular, ha tenido consecuencias sociales y medioambientales desastrosas, y aunque el narcotráfico siga siendo un problema omnipresente, la necesidad estratégica y económica de la relación con Estados Unidos impide que exista siquiera una alternativa válida.

Las consecuencias de esta realción desigual van más allá del campo concreto del Plan Colombia: a lo largo del verano de 2002, Colombia se ha visto “obligada” a firmar acuerdos bilaterales con Estados Unidos en el marco del Tribunal Penal Internacional (cuyo estatuto ha sido ratificado por Colombia pero no por Estado Unidos), puesto que Washington había insistido en condicionar a esta firma su apoyo económico.

España contra la corriente

Precisamente por la inadecuación de las medidas del Plan Colombia, en particular respecto a la realidad social colombiana, la Unión Europea decidió negarse a apoyar el plan. Según la Unión, había que subrayar la reforma agraria y el objetivo de una distribución más justa de la riqueza interna, en lugar de una resolución toscamente militar del problema. Como alternativa, la Unión ha propuesto (Resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan Colombia y el apoyo al proceso de paz en Colombia, 01/02/2000) que se destinene 105 millones de euros para el periodo 2000-2006 con el objetivo principal de promover el respeto de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de la libertad. Tanto en ésta como en otras situaciones, el surgir de un Europa que sea un polo alternativo a Estados Unidos, podría ser crucial, no tanto en una lógica de conquista de espacios de influencia como en la del nacimiento de un nuevo actor internacional que permita a los países que disfruten de un poder menor de negociación, llegar a acuerdos sobre un pie de igualdad y teniendo en cuenta, responsablemente, la realidad completa y compleja del país en el que se va a poner en práctica. Sería mucho más grave si, de hecho Europa, se convirtiera en otro polo de dominación, siguiendo la misma lógica que Estados Unidos, puesto que eso no haría más que reducir las oportunidades y los espacios para los países menos influyentes.

Esta posición europea no parece tan claramente posible si se tiene en cuenta que la voluntad y las políticas de los Estados se mueven paralelamente a las decisiones de la Unión. El 1 de Marzo de 2003, España ha declarado que quiere “donar”, a un precio simbólico, ocho aviones Mirage a Colombian helicópteros, la posibilida de usar sus satélites y otros medios militares para reforzar la lucha antiterrorista colombiana. Por otra parte, España declara que quiere acompañar estas ayudas militares con cursos de adiestramiento y formación a los miembros de las fuerzas militares colombianas.

Este apoyo, que privilegia claramente el aspecto militar, contrasta con las intenciones expresadas en la ya citada resolución de la Unión. Hay que notar, sin embargo, que la actual política colombiana, tanto interna como exterior, se basa prioritariamente en una resolución militar del conflicto, y el propio presidente Uribe se dirige a la comunidad internacional para pedir un fuerte apoyo a su lucha contra el terrorismo; por ello, el gobierno colombiano celebra el “regalo” de España como un paso importante hacia la alianza entre los dos países.

¿Dominadores y dominados?

Dejando de lado los provechos concretos que los Estados sacan de hecho de este y de otros acuerdos, así como la lógica que se esconde tras su formulación, resulta hoy muy difícil identificar una dirección clara que la “razón de Estado” siga, puesto que el motor de las relaciones parece ser la apropiación de los espacios económicos y comerciales y la autodeterminación de la propia política resulta ser, de facto, un privilegio reservado a aquellos que se puedan permitir una autonomía (o un cierto dominio) comercial.

La misma ambiegüedad podría imputarse a la esfera social y a la difusión de modelos culturales dominantes, por un lado impuestos, y por otra, quizás, vividos como una apertura a la modernidad o como una supuesta capcidad de elegir, en lo cual es difícil identificar quién se está imponiendo y quién se está adaptando. Pero, seguramente, uno de los dos tiene más posibilidades de elegir que el otro, uno estudia sus propias políticas y el otro se las ve condicionadas desde el principio.

Por supuesto, es imposible superar el relativismo de las culturas y de las diferentes percepciones de una misma realidad; es imposible (y sería dañino) recomponer los intereses económicos y las dinámicas de poder de varios sujetos en una visión unitaria, pero la posibilidad de debatir y de razonar sobre las elecciones de política interna, orientar e influenciar las decisiones internacionales es un derecho del que todo pueblo debería disfrutar, en una lógica geopolítica internacional que pretende evitar que se mantenga un mundo dividido entre “dominadores” y “dominados”.

El neocolonialismo, ya sea real o supuesto, es una cuestión, que por su propia definición, sobrepasa el simple punto de vista y quizás el análisis puede asumir un aspecto realmente constructivo a partir del momento

Il neocolonialismo, reale o presunto che sia, è una questione che, per sua stessa definizione, oltrepassa una singola prospettiva e forse l’analisi può assumere un aspetto davvero costruttivo solamente nel momento in cui coinvolge, per quanto più possibile, le diverse parti in causa senza discriminazioni