La doctrina 'Infanta'

Artículo publicado el 15 de Enero de 2016
Artículo publicado el 15 de Enero de 2016

La hermana del Rey Felipe VI, Cristina de Borbón y Grecia, ex duquesa de Palma de Mallorca, es la  esposa del principal acusado de desviar 6’2 millones de euros públicos con una falsa ONG (Instituto Nóos) a través de la empresa familiar Aizoón. Desde el pasado lunes, también ella se sienta en el banquillo de los acusados.

Hierática y prácticamente inmóvil durante casi 11 horas. Sorprendentemente inexpresiva ante la “pesadilla” –como bien se encargó de remarcar su defensa– de ser la primera Infanta de España sentada en un banquillo de los acusados y abrumadoramente rígida ante las más de 500 cámaras que el pasado lunes inundaron la sala en la que la Audiencia de Palma de Mallorca juzga estos días a 18 personas por el llamado ‘Caso Nóos’.

Así se mostró la hermana del Rey Felipe VI, Cristina de Borbón y Grecia, completamente ausente y visiblemente seria. Como si no entendiese qué hacía la hermana e hija de reyes de España sentada con otras 17 personas acusadas de desvío de fondos públicos, malversación, falsificación documental y blanqueo de capitales, entre otros muchos delitos derivados de la complejidad de una trama corrupta que, por sorprendente que parezca, lideró durante muchos años el que era el yerno del Rey de España, Iñaki Urdangarín.

La fase de instrucción del caso se ha prologando durante cinco años llenos de revelaciones cuanto menos sorprendentes (como la perfecta organización del entramado creado por el exduque para evitar acabar donde ha acabado); acusaciones llamativas (como las lanzadas por su exsocio, Diego Torres, en las que asegura que la Casa Real y el Rey Juan Carlos I eran perfectos conocedores de las actividades de Urdangarín); acusados variopintos (entre los que hay dirigentes políticos de varias autonomías e incluso ex presidentes autonómicos) y hasta apuntes dignos de la prensa rosa como las supuestas infidelidades del ex duque y el también supuesto escarceo amoroso del Rey emérito con la llamativa Corina, que también ha acabado entre las cientos de páginas con las que cuenta el sumario de Nóos. En definitiva, cinco años de una intensa investigación judicial en los que también ha habido tiempo para explotar mediáticamente hasta la saciedad la implicación directa de la familia (ejemplar) del rey en un caso de corrupción. 

Quizás por eso pocos recordamos ya el por qué de la acusación y sólo oímos ecos de sentencias de las que poco entendemos, pero que esperamos que sean justas. Cinco años que han difuminado en el "cortoplacismo" de nuestra memoria que la Infanta está en el banquillo porque, a través de la empresa que comparte a medias con su marido, se lucraron –ambos– del dinero público recaudado por la supuesta ONG –el Instituto Nóos– a las que muchos cargos políticos pagaban sin preguntar ingentes cantidades de dinero por la organización de actos deportivos e informes relacionados con el deporte.

Daba igual el dinero que las administraciones públicas pagaran por eventos sin sentido mientras que el contratado fuese el yerno del Rey, con quien siempre se podrían enmarcar preciosas fotos en los despachos. Y daba igual de dónde procediese el suculento dinero que llegaba a las cuentas de la pareja porque, parece ser, la Infanta nunca preguntó y si lo hizo nunca lo denunció. Por eso está ella sentada en el banquillo de los acusados. Por defraudar a Hacienda. Y alguien tendría que recordárselo. A ella, que esta semana parecía no entender nada y a la que le faltaba el protocolo, la pompa y el boato para sentirse cómoda; a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, que se empeñan en defenderla; y también a los españoles, que no entienden por qué –pese a lo que marca la Constitución– no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Porque esa es la cuestión ahora. El por qué la Infanta, pese a estar acusada, parece que finalmente será absuelta de los delitos penales (que no civiles) que se le atribuyen. 

Explicar, o al menos intentarlo, la actuación de una Fiscalía y de una Abogacía del Estado que han inundado las páginas de periódicos de una “Doctrina Botin” a la que recurren una y otra vez para intentar exculpar –junto a su Defensa– a la hermana del Rey. Porque lo que ahora se debate es a qué jurisprudencia del Tribunal Supremo español se debe recurrir. Los partidarios de la “Botin” sostienen que una acusación popular (la que puede ejercer cualquier ciudadano en defensa de la legalidad, aunque no haya sido víctima directa de los hechos) no es suficiente para llevar a juicio a una persona si ni la Fiscalía ni la acusación particular (en este caso el Estado en representación de Hacienda, que es la entidad directamente perjudicada por la evasión de impuestos) lo hacen. O lo que es lo mismo, que no tiene sentido pronunciarse sobre la solicitud de 8 años de cárcel que Manos Limpias (la entidad que representa a la acusación popular) solicita para la Infanta Cristina, porque defienden y sostienen que ella no tiene responsabilidad penal alguna, puesto que no era conocedora ni artífice directa del delito y únicamente se benefició de él. Una actuación indirecta y menor que se subsanaría, dicen, con el pago de una multa de 587.000 euros

La cuestión es que la posterior sentencia “Atutxa”, sin embargo, matiza a la anterior e insiste en que, si el delito “por su peculiar naturaleza” no cuenta con perjudicados concretos que puedan personarse en el caso, sino que éstos son abstractos, entonces la acusación popular sí tiene la capacidad de pedir responsabilidades a un acusado y, por tanto, mantiene el derecho de Manos Limpias a personarse como acusación en el caso. Y en esas se encuentra deliberando el tribunal. En aclararnos a todos si, cuando la Infanta y su marido defraudaron a Hacienda, el perjudicado sólo fue el Estado o si indirectamente acabamos todos los españoles perjudicados, porque de ese matiz depende el dictamen de la sentencia. 

Vaya por delante la independencia de los tribunales y la presunción de inocencia, pero si cuando se dicte sentencia se opta, como parece, por la doctrina “Botín”, también estaría bien que el Estado y los jueces explicasen en qué se basan. Deberían explicar cómo es posible que en un estado democrático, en el que todos los ciudadanos están obligados a pagar sus impuestos para distribuirlos después y pagar los servicios públicos que todos utilizamos, no nos hayamos visto perjudicados por el impago de millones de euros de quienes, por su situación privilegiada, malversaron fondos públicos. 

Texto: Carla González Ricarte