La historia y la memoria bajo la ley (1/6)

Artículo publicado el 21 de Octubre de 2009
Artículo publicado el 21 de Octubre de 2009
A propósito de las leyes de la memoria histórica y sus usos Por Guillaume Delmotte Traducido por Rebeca Santamarta « En esta tierra hay una cosa espantosa: todo el mundo tiene sus razones » (Octavio en La regla del juego, Jean Renoir, 1939) La inflación de las leyes de memoria histórica ha suscitado numerosos posicionamientos y debates sobre la intrusión de la política en el arbitraje de
conflictos relacionados con la memoria de acontecimientos históricos, según diferentes grupos sociales. Los historiadores se han unido a la mêlée. Es así que una petición denominada “Libertad para la historia” surgió en diciembre de 2005 de la mano de algunos de los grandes nombres de la “Escuela histórica francesa” (como Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant, Marc Ferro, Pierre Nora, Jean-Pierre Azéma, Antoine Prost, René Rémond, etc.).

"Preocupados por las, cada vez más frecuentes, intervenciones políticas en la apreciación de los acontecimientos del pasado y por los procedimientos judiciales que afectan a historiadores y pensadores, queremos recordar los siguientes principios

- la historia no es una religión. El historiador no acepta ningún dogma, no respeta ninguna prohibición, no conoce tabúes. Puede ser molesta… ;

- la historia no es la moral. El historiador no tiene como labor exaltar o condenar, la historia explica;

- la historia no es esclava de la actualidad. El historiador no coloca en el pasado esquemas ideológicos contemporáneos ni introduce en los acontecimientos de entonces la sensibilidad de hoy;

- la historia no es la memoria. El historiador, en un nivel científico, recoge los recuerdos de los hombres, los compara entre sí, los confronta a los documentos y trazos y establece los hechos. La historia no tiene en cuenta la memoria ni se reduce a ella;

- la historia no es un objeto jurídico. En un Estado libre, no pertenece ni al Parlamento ni a la autoridad judicial que define la verdad histórica. La política de Estado animada incluso por las mejores intenciones, no es política de la historia.

Es con la violación de estos principios, que los artículos de leyes sucesivas especialmente las del 13 de julio de 1990, del 29 de enero de 2001, del 21 de mayo de 2001, del 23 de febrero de 2005 restringieron la libertad del historiador y, bajo pena de sanción, le han dicho qué debe buscar y qué debe encontrar, le han prescrito los métodos e impuesto los límites.

Pedimos la derogación de estas disposiciones legislativas indignas de un régimen democrático".

La asociación Libertad para la historia se creó tras esta petición. Los términos de la misma no son compartidos por el conjunto de la comunidad de historiadores (cf. sitio del Comité de vigilancia frente a los usos públicos de la historia) y han sido objeto de una respuesta inmediata por parte de numerosas personalidades (entre las que se encuentran Serge Klarsfled, Claude Lanzmann y Didier Daeninckx). En un texto titulado “No lo mezclemos todo” cuestionan cuatro leyes votadas por el Parlamento desde 1990

- La Ley del 13 de julio de 1990 (Ley Gayssot) que, modificando la Ley de 1881 sobre la libertad de prensa, introdujo una nueva infracción constituida por la contestación de crímenes para la humanidad, según han sido definidos en el Art.8 del Acuerdo de Londres según el estatuto del Tribunal de Nuremberg del 8 de agosto de 1945.

- La Ley del 29 de enero de 2001 que dispone que “Francia reconoce públicamente el genocidio armenio de 1915".

- La Ley del 21 de mayo de 2001 (Ley Taubira) que, en su Art.2, reconoce la trata y la esclavitud como crímenes contra la humanidad.

- La Ley del 23 de febrero de 2005 que, en su Art.4, dispone que « los programas de investigación universitaria den a la historia de la presencia francesa en ultramar, especialmente en África del Norte, el lugar que merece. Los programas escolares reconocen el positivo papel de la presencia francesa de ultramar especialmente en África del Norte, y que se dé a la historia y a los sacrificios de los combatientes del ejército francés en estos territorios, el lugar eminente al que tenían derecho. La cooperación que permite la relación de fuentes orales y escritas disponibles en Francia y en el extranjero se animó”.

En la lectura de esta petición y de los textos que expone no veo en qué nivel la libertad de los historiadores se verá atentada por la ley Gayssot del 13 de julio de 1990 que sanciona la contestación de crímenes contra la humanidad. Esta ley no establece al historiador “qué debe buscar y qué debe encontrar”. De hecho no se trata aquí de que el legislador oriente la investigación y la enseñanza de esta disciplina. Los investigadores han trazado ya la cuestión de saber si tales crímenes (los que han sido calificados por ley) habían sido perpetrados. Su realidad ha sido atestiguada, la verdad histórica estableció que los hechos no son contestables históricamente. El negacionismo no es una opinión que se funde científicamente. Es una doctrina política en sí, que se engalana con la libertad de la investigación histórica. Su represión tiene por finalidad la lucha contra el antisemitismo y el racismo. Además incluso en una sociedad democrática, ninguna libertad es total ni absoluta. Las organizaciones, restricciones o excepciones son siempre posibles por ley y deben, en este caso, estar previstas por la ley, como recuerda regularmente la Corte Europea de Derechos Humanos. Es esta la libertad de expresión. Se puede dudar sobre la eficacia de la Ley teniendo en cuenta su objetivo. En este punto, es verdad que los revisionistas, como M. Robert Faurisson, han podido, antes mismo de la Ley Gayssot, ser perseguidos y condenados sobre otras bases, y es, por otra parte, uno de los argumentos defendidos, entre otros, por el historiador Jean-Pierre Azéma, firmante de la petición Liertad por la historia. De hecho, antes de la Ley del 13 de julio de 1990, los tribunales, para condenar el revisionismo, se pronunciaban sobre la historia y sus métodos, lo que ha suscitado numerosas críticas recogidas por los historiadores de la petición. La Ley Gassot tuvo al menos el mérito de enmarcar el oficio del juez a su función primera: es decir, el derecho.

Pero se ven ya los posibles usos de esta petición de historiadores para los negacionistas que pueden libremente proferir sus “tesis” en nombre de la “libertad para la historia”.

Algunos podrían pasar del dispositivo legal y dejar a los historiadores el cuidado de recordar a la opinión pública los hechos cuando éstos son negados o minimizados. Pero no se trata en la práctica de una simple demanda de los historiadores, sino de un combate político. Los negacionistas, pretendiendo reescribir la historia, hacen más difuso su discurso antisemita. Entonces, una sociedad democrática puede prevenirse por ley de los atentados que se puedan cometer a lo que considera como sus valores fundamentales. Dispositivos similares existen en Alemania o en Bélgica (también en España se está desarrollando la Ley de la Memoria Histórica, NdT). El orden liberal y democrático se construyó en la Europa occidental tras 1945 como oposición al periodo precedente. Hoy está en gran parte fundada en la memoria de las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Los historiadores, ellos solos no pueden proteger a la sociedad contra los discursos ideológicos que ahondan en sus fundamentos.

Escultura y foto : © Michel DELMOTTE. El idiota + Charles (el Grande). PorcelEine 2002