La ley de las ONG incomoda al Kremlin

Artículo publicado el 3 de Enero de 2006
Artículo publicado el 3 de Enero de 2006

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Las críticas internacionales contra el anteproyecto de ley rusa sobre las ONG obligan a Putin a revisar una ley que podría limitar la libertad de actuación de éstas.

El pasado 23 de noviembre, el Parlamento ruso votó en primera lectura a favor de una propuesta de ley que quiere aumentar el control sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG). La propuesta recibió el apoyo de 370 diputados y la oposición de sólo 18 miembros de la Duma. Si entrase en vigor, limitaría de forma muy importante la capacidad de actuación de las ONG extranjeras en Rusia ya que las obligaría a registrarse como entidades rusas y restringiría su capacidad de financiación extranjera.

Miedo a otra revolución de terciopelo

El anteproyecto llega en un momento en que las ONG han conseguido alcanzar un fuerte protagonismo político en Rusia. El auge de las ONG, que se han constituido como la única voz representativa de la sociedad civil rusa, se ha visto facilitado por el fuerte control estatal sobre los partidos políticos. Su influencia creciente en la opinión pública rusa molesta, no obstante, al Kremlin. El presidente ruso, Vladimir Putin, teme el estallido de una revolución de terciopelo en Rusia similar a las de Georgia o Ucrania. En concreto, está seguro que las revueltas de Tblisi y Kiev se forjaron en el seno de este tipo de organizaciones. Para Putin, la ley en discusión sería un instrumento para luchar contra las interferencias extranjeras que “propagan el terrorismo” y que significan “un peligro para la seguridad interna del país”.

La aprobación en primera lectura levantó la alarma entre las ONG rusas y extranjeras que actúan en territorio ruso (unas 450.000) que emprendieron inmediatamente una fuerte campaña de denuncia a nivel internacional. Esta campaña de reivindicación ya ha recibido el apoyo de una gran cantidad de medios de comunicación, organizaciones internacionales de Derechos Humanos y de varios políticos europeos.

La última reunión entre los representantes de la Comisión Europea -entre los cuales se encontraba el Presidente José Manuel Durão Barroso- y el gobierno ruso, celebrada el pasado 7 de diciembre, hizo oídos sordos a la presión internacional contra el proyecto de ley. En vez de tratar este tema tan espinoso e incómodo, las conversaciones se centraron en los trabajos de creación de los cuatro espacios comunes de cooperación UE-Rusia y en la necesidad de avanzar hacia la estabilidad y la democracia en Chechenia olvidando que esta necesidad ha de extenderse a todo el territorio de la Federación Rusa.

Por suerte, el Parlamento Europeo adoptó una resolución expresando su preocupación sobre las posibles restricciones al derecho de asociación en Rusia al mismo tiempo que pide a la Duma que tenga más en cuenta la democracia y los Derechos Humanos. El mismo Secretario General del Consejo de Europa, Terry Davis, manifestó que cualquier modificación de las leyes que regulan las ONG debe no “contradecir la Convención Europea de Derechos Humanos” y que varios aspectos de la propuesta rusa “son demasiado restrictivos para las ONG”.

Como consecuencia al gran número de críticas recibidas desde el exterior, Putin admitió a posteriori la necesidad de cambiar la norma y, a principios de diciembre, declaró que sería revisada en su totalidad. Tendremos que esperar hasta el 21 de diciembre para apreciar de qué manera ha sido finalmente modificada.

Estos últimos hechos demuestran que la democracia en Rusia es paradójica. Mientras la cooperación con la UE aumenta y avanza en diferentes sectores y las organizaciones internacionales parece que puedan poder influir en las decisiones del Kremlin, la sociedad civil rusa se queja de su impotencia a la hora de cambiar la opinión de un líder político que sólo reacciona ante las presiones externas y cuando amenazan la posición y la imagen internacional de Rusia.