La liberalización de la enseñanza superior: un tren que aprovechar

Artículo publicado el 6 de Julio de 2007
Artículo publicado el 6 de Julio de 2007

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Más que discutir sobre el fantasma de la privatización es necesario aumentar la movilidad y la calidad de la enseñanza en Europa por la puesta en práctica de la competencia entre los operadores.

(ARTÍCULO PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2003)A nuestro entender, el Proceso de Bolonia representa una oportunidad de gran envergadura para el estudiante europeo. En primer lugar, los temores a una privatización de la enseñanza formulados por el ESIB (asociación que reagrupa los representantes nacionales de estudiantes europeos) no encuentran ningún fundamento en las diferentes declaraciones reflejadas en el Proceso de Bolonia, que no menciona en ninguna parte tal privatización. De todas formas, los riesgos relacionados con la privatización, la desregulación y la liberalización del sector de la enseñanza merecen algunas explicaciones.

Antes de nada, la opinión generalizada identifica desregulación y liberalización. Ahora bien, estas nociones son bastante diferentes y no van siempre ligadas entre sí. Cuando un sector es nacionalizado, no existen normas para enmarcar el comportamiento de los operadores puestos en competencia. Por ejemplo, en ciertos países, la reglamentación bursátil era antes muy escasa puesto que la bolsa era un organismo público que se beneficiaba de un monopolio. La privatización del sector bursátil ha entrañado un refuerzo drástico de las reglas de mercado y un control acrecentado de la autoridad pública con respecto a las sociedades de inversión y el funcionamiento de los mercados financieros.

La liberalización, pues, tiene a menudo mayor tendencia a engendrar una regulación acrecentada que una desregulación.

Aumento de la calidad y disminución de costes

La liberalización no es siempre sinónimo de privatización. De hecho, ciertos sectores son privados sin por tanto estar liberalizados. En este caso, el Estado ha confiado un monopolio a una empresa privada con el fin de que ésta ofrezca un servicio público. Al contrario, ciertos sectores pueden ser liberalizados mientras que subsiste un operador público (como por ejemplo ciertos mercados de telecomunicaciones o de sustitución).

En realidad, la liberalización consiste en incrementar el acceso al mercado a varios operadores. De esta forma, la liberalización se convierte en la puesta en marcha de la competencia. Lo que es deseable, pues, no es tanto la privatización como la competencia de varios operadores en el seno de un mercado regulado. Dicha competencia permite de manera general un aumento de calidad y una disminución de gastos. Es decir, los operadores están forzados a limitar sus costes atrayendo un máximo de consumidores. Estas obligaciones de mercado (las cuales disminuirán los costes de servicios) son compatibles evidentemente con los deberes de servicio público unidos a la especifidad de un sector como el de la enseñanza.

Los enemigos de la liberalización de la enseñanza se afanan en considerar que estas dificultades de naturaleza diferente (reglamentarias y no reglamentarias) son incompatibles, lo cual no es exacto. La noción de servicio universal consiste en decretar unas reglas mínimas de servicio al público que se imponen a todo operador interesado en acceder al mercado: por ejemplo, para un proveedor de electricidad, la obligación de ofrecer un voltaje mínimo a un precio definido, incluso llegando al caso de ser gratuito para los hogares más desprovistos.

En el campo de la enseñanza, la transposición de esta noción de servicio universal puede consistir en la obligación de que figuren en el programa asignaturas sin valor “comercial” pero cuya importancia es fundamental a la luz de las exigencias vinculadas a una enseñanza humanista. De la misma forma, el acceso al “mercado” de la enseñanza puede estar subordinado a la prohibición hacia el operador de fijar unas tasas de escolaridad superiores a una cantidad máxima.

Derroche y consumismo

Por supuesto, este tipo de reglamentación jurídica implica una financiación parcial o total de los centros de enseñanza por la autoridad pública. Con el fin de respetar un contexto competitivo que favorezca la decisión de los estudiantes, esta financiación no puede ser monolítica y fija, sino todo lo contrario: debe corresponder a la decisión de estos últimos. Dicho de otra forma, las fuentes de financiación de cada universidad estarían constituidas de una parte contributiva lo más inferior posible solicitada a cada estudiante así como de partidas públicas atribuídas en función del número de estudiantes.

Se trata del sistema de “educación-cheque” ensalzado desde hace muchos años por Guy Sorman. Este método sitúa al estudiante en el eje de las preocupaciones de los centros al mismo tiempo que mantiene criterios elevados de calidad para acceder al mercado de la enseñanza.

Dentro de un sistema no competitivo, los fenómenos de derroche y sobreconsumo no se encuentran sancionados por las leyes de mercado y tienden a gravar inútilmente los presupuestos públicos, impidiendo que este dinero pueda ser devuelto al contribuyente o empleado para financiar realmente los servicios en beneficio del colectivo.

Antes que discutir sobre la naturaleza comercial o no de la enseñanza, la elaboración de un mercado competitivo y funcional de la enseñanza, sujeto a los entresijos del servicio universal, permite mejorar el acceso a esta mercancía particular que supone la enseñanza. No se puede negar, en consecuencia, que una formación universitaria reviste un doble aspecto: un lado humanista garantizado por el servicio universal, así como un parte comercial avalada por mecanismos de mercado. En efecto, los diplomas tienen también un valor comercial.

Crear un espacio europeo de la enseñanza superior

Si se logra crear una verdadera movilidad y una mayor transparencia a nivel europeo, las universidades se verán obligadas a competir para atraer a los estudiantes. Un sistema de transferencia de créditos aumentará la flexibilidad y, como consecuencia, la libertad de elección de los estudiantes.

Por lo que se refiere a la posible privatización, hemos visto que la naturaleza del operador no era igual de importante que la entrada en una competencia. El concepto de servicio público funcional les da la posibilidad a los operadores privados de encargarse de misiones de servicio público, ya sea en una situación de monopolio o der mercado liberalizado. El hecho de que los operadores privados asuman las responsabilidades de servicio público es independiente de igual forma de la cuestión de saber si la financiación es pública o privada. Un ejemplo: en Bélgica, la mayor parte de las universidades son privadas pero están financiadas en parte por el Estado y coexisten con algunas universidades públicas. Una aplicación adecuada de los principios de servicio universal y de servicio público funcional deja caduca y sin interés la cuestión de saber si el operador es público o privado.

Se encuentra aquí el verdadero desafío de las próximas etapas del Proceso de Bolonia: tomar las ocasiones que se presentan para crear este auténtico espacio europeo de la enseñanza superior que beneficie a todos.