La mafia del eurosexo

Artículo publicado el 1 de Agosto de 2005
Artículo publicado el 1 de Agosto de 2005

Atención, este artículo no ha sido revisado ni publicado en ningún grupo

Miles de mujeres no comunitarias son obligadas a prostituirse cada año en las ciudades europeas. Numerosas organizaciones criminales transnacionales se aprovechan ante las limitaciones de los sistemas judiciales y policiales de los Estados miembro de la UE.

En el arcén de una autovía cercana a Barcelona, en el Bois de Boulogne parisino, en la Casa de Campo madrileña, o en los callejuelas al lado de la Kurfürstenstraße berlinesa se repite una escena similar día tras día: una camioneta “descarga” una media docena de jóvenes extranjeras muchas veces menores, vestidas con sugerentes y provocativos vestidos. Su misión: satisfacer el máximo de clientes en el mínimo tiempo, conseguir el máximo beneficio y, sobretodo, sobrevivir a las circunstancias de la noche. No son las únicas. Otras, realizan el mismo trabajo en ambientes más selectos y lujosos bajo formas más sutiles. Muchas de entre ellas comparten el hecho de ser obligadas a prostituirse. Son las víctimas de la explotación sexual y del tráfico de seres humanos.

Un origen pobre y desestructurado

En los últimos años, este fenómeno ha aumentado bastante en las grandes ciudades europeas. En concreto, según Europol, destacan los numerosos colectivos de prostitutas procedentes de Europa Oriental, de Nigeria o de América latina. ¿Pero quiénes son y cómo llegan a Occidente? Con un nivel cultural bajo y procedentes de familias desestructuradas y pobres, han sido “reclutadas” en sus países de origen con la promesa de un futuro mejor en el paraíso de los países occidentales. Cuando llegan, se encuentran con una situación completamente diferente. Con amenazas de agresión, de retención de sus pasaportes y de denuncia a la policía, los proxenetas se garantizan la “fidelidad” de estas chicas. No serán libres hasta que paguen el pasaje y el pasaporte falso que les ha permitido la entrada en el espacio comunitario. Entre 7.000 y 45.000 dólares cuesta su libertad; una condición que pagaran con sangre y sudor, según recoge el informe L’esclavage sexuel: un défi à l’Europe elaborado por la fundación francesa Scelles.

No hay datos “exactos” sobre la cantidad de mujeres en esta situación, como reconoce el reciente documento de trabajo publicado por la Comisión de derechos de la mujer e igualdad de género del Parlamento Europeo. Sólo, existen cifras levemente aproximativas. La Organización internacional para la migración afirmaba en 1998 que cada año entraban en el territorio comunitario 300.000 mujeres de manera ilegal. Mientras, la Comisión Europea las cuantificaba en 120.000 por año en 2001 y el Consejo de Europa las sitúa en una horquilla que va de las 120.000 a las 500.000.

La alta rentabilidad del “negocio” -un proxeneta puede ganar 110.000 euros por chica al año según Interpol- ha permitido la proliferación de numerosas redes criminales centradas específicamente en el tráfico y en la explotación sexual. Estas organizaciones transnacionales tienen bases en los países de origen de la “materia prima” (especialmente en la Federación Rusa, Ucrania, Nigeria, Albania o Moldavia), pero también en los países de consumo (Bélgica, Grecia, Países Bajos, etc). En los primeros, las mafias disfrutan de las infraestructuras de reclutamiento y de seguridad necesarias para preparar el transporte ilegal a Occidente. En los segundos, en cambio, establecen redes tradicionales de proxenetismo y de control de la explotación sexual.

Limitaciones estatales ante la globalización del crimen

La reacción policial y judicial al tráfico globalizado de mujeres se ha demostrado limitada. Aun cuando se da una creciente cooperación en materia policial de diferentes países en esta temática, se puede decir que las policías nacionales sólo han descubierto la punta del iceberg. La diversidad de visiones sobre la prostitución y la explotación sexual en los diferentes sistemas judiciales dificulta aún más la actuación común. De hecho, en Europa conviven tres perspectivas completamente opuestas sobre cómo gestionarlas. Unos países, como Francia o el Reino Unido, defienden la abolición de la prostitución como una vía para acabar con la esclavitud de la explotación sexual considerando siempre a la mujer como a una víctima. Otros, como Alemania o los Países Bajos, tienen muy regulado su ejercicio con la voluntad de eliminar las turbias redes de tráfico de mujeres. Una tercera opción es la prohibición total de la prostitución, con la persecución penal de los tres vértices del triángulo –proxeneta, prostituta y cliente-. Ejemplos de esta vía son Croacia, candidata a entrar en la UE, y Rumania, que lo hará en 2007.

Por su parte, la actuación de la UE en esta cuestión también se ve muy limitada ya que la materia penal continúa siendo una competencia supranacional. La UE, no obstante, ha adoptado diferentes medidas como la aprobación de la Decisión Marco de 2002 relativa a la lucha contra el tráfico de seres humanos, la creación de programas de actuación como el Programa Daphne II o la Directiva 2004/81/CE del Consejo de Ministros “relativa a la expedición de un permiso de residencia a ciudadanos de terceros países que hayan sido víctimas del tráfico de seres humanos” que quieran cooperar con las autoridades correspondientes.

¿Cuál ha de ser el futuro de la lucha contra la explotación sexual? Varias son las posibilidades. Potenciar la cooperación entre los sistemas judiciales y policiales de los Estados occidentales y orientales, como ya lo hacen Suecia y Estonia; elaborar campañas de información a nivel continental, con especial énfasis en los países de origen de las muchachas; o, a la larga, conseguir acabar con la principal causa que facilita la explotación sexual: la pobreza. Homogeneizar las diferentes legislaciones sobre prostitución también sería una buena manera de hacerlo. Aún así, en qué dirección; esto ya es otro debate.