¿La política de vecindad al auxilio de Barcelona?

Artículo publicado el 28 de Noviembre de 2005
Artículo publicado el 28 de Noviembre de 2005

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Durante años, terrorismo y tensiones geopolíticas regionales han tensado el arco de seguridad de la zona del Mediterráneo. ¿Traerá la nueva política de vecindad (PEV) la calma al mare nostrum?

En vísperas del décimo aniversario del Proceso de Barcelona, el discurso euromediterranista parece acorralado por las ambigüedades de la UE con respecto a la situación de los Derechos Humanos en los países del Mediterráneo, cuyo poder se compara con el de los mamelucos. Sin embargo, en 1995, poco después de la guerra fría, Euromed creía poder aportar una respuesta innovadora a los retos del Sur. Inmigración, agua, ascenso de un Islam fundamentalista, conflictos regionales, y todo ello envuelto en un marco multilateral. El objetivo era claro: crear “una zona de paz, de prosperidad y de comprensión mutua entre los pueblos”.

De conflictos en concesiones

Tiempo perdido, porque las luchas en la región han continuado. El conflicto israelo-palestino no ha dejado de envenenar las relaciones entre los socios Euromed: cuando en septiembre de 2000 comenzó la segunda Intifada, los límites del diálogo estallaron de forma evidente. Las delegaciones sirias y libanesas boicotearon pura y simplemente las Conferencias ministeriales de Marsella (2000) y de Valencia (2002), en signo de protesta contra la ocupación israelí de territorios palestinos. Como señala Manuela Coschella, profesora de la Universidad italiana de Catania, los únicos acuerdos alcanzados en este periodo después de 2000 lo fueron con liderazgo americano: Sharm el-Sheij y las negociaciones de Taba, el Plan Mitchell..., etc. Por otra parte, el espinoso conflicto del Sáhara Occidental complica la cohesión de los países del Magreb, al no haberse calmado las tensiones entre Marruecos y Argelia sobre este tema.

Otro asunto difícil es el del terrorismo. La UE ha adoptado un código de buena conducta sobre la lucha antiterrorista que presentará a sus socios mediterráneos durante la cumbre del décimo aniversario de la de Barcelona en 1995 y por medio del cual pretende responsabilizar a los países mediterráneos en la cuestión del terrorismo. La política mediterránea de la UE se ve regularmente desacreditada por transacciones diplomáticas en la que los derechos humanos se convierten en moneda de cambio en el campo de la seguridad. Un interrogante: ¿países como Francia y España desean realmente ver cómo se pone en marcha una transición democrática, fuente para ellos de inestabilidad, en términos de seguridad y de flujos migratorios?

Una reforma “a la carta”

Ante esta falta de eficacia, la Unión ha querido reformar su estrategia. Lanzada en 2003, la nueva Política europea de Vecindad (PEV) intenta gestionar las nuevas fronteras de la Unión, pretendiendo ser complementaria al Proceso de Barcelona. El concepto clave es la vuelta al bilateralismo para gestionar su extranjero próximo. El Mediterráneo se encuentra ahora como los Estados del Cáucaso del Sur, Bielorrusia, Moldavia y Ucrania. Es un conjunto más bien heteróclito, tras el que se disimula la voluntad de la UE de asegurarse un círculo de amigos mientras evita promesas de adhesión. El aseguramiento de las relaciones con el Mediterráneo pasa así por más “benchmarking”: planes de acción negociados con cada país que establecen una lista de tareas muy precisa. La materialización de estos planes se compara de un país a otro generándose así una dinámica de autosuperación.

En el programa figura un compromiso recíproco a favor de valores comunes, que se sitúan principalmente en los campos del Estado de Derecho, el buen gobierno y el respeto a los Derechos Humanos. La lucha contra el terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva figuran también en la agenda de la nueva política de vecindad, que se funda además sobre los principios de economía de mercado y de desarrollo sostenible. Bellas perspectivas a condición de que la PEV no sea un simple experimento placebo, avivando la desconfianza de los socios del Sur, cuyos productos y personas siguen sin tener derecho a la libre circulación en el espacio euromediterráneo.

Educación y diálogo

La Comisión ha marcado también nuevos objetivos para Barcelona + 10, como por ejemplo en la educación. Prevé aumentar en un 50% la parte del presupuesto consagrada a la educación. Es decir, una aproximación de “seguridad humana”, sabiendo que más de un tercio de la población de los socios mediterráneos tiene menos de 15 años. Otro pilar es el del diálogo con los grupos religiosos islámicos. En el pasado, el proceso de Barcelona ha favorecido el diálogo con las élites mediterráneas autocráticas y con una sociedad civil laica. Sin embargo, en la cumbre de Luxemburgo de mayo de 2005, los Estados miembro admitieron que la difusión de los valores democráticos pasaba, asimismo, por la inclusión de los grupos islamistas moderados.

Pero estas bellas declaraciones políticas deben acompañarse de medios financieros. Por el momento, la PEV dispone tan sólo de un presupuesto de 15 millones de euros para el periodo 2007-2013, es decir, el 10% del presupuesto de la acción exterior de la UE. Asimismo, la UE deberá aprender a dejar que los países mediterráneos participen más en la definición de una agenda de reformas que por el momento se decide en Bruselas más que en El Cairo, en Damasco o en Rabat.