La protección contra la violencia de género choca con el laberinto de la UE

Artículo publicado el 27 de Mayo de 2010
Artículo publicado el 27 de Mayo de 2010
Se aprueban las propuestas de la Presidencia española de un observatorio y un número único, pero la discusión de una orden de protección europea se mantiene en el limbo a causa de problemas de competencias entre instituciones

La violencia de género es un problema que no conoce fronteras ni límites: el 45% de las mujeres europeas son víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida según datos la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE. Por este motivo, una de las prioridades de la Presidencia española ha sido proponer medidas de defensa. El primer resultado concreto será la creación de un Observatorio Europeo contra la Violencia de Género para recoger e intercambiar información fiable y un número único de ayuda para las víctimas, el 116, similar al principio del 112 para urgencias en general. 

La segunda propuesta se refiere a una orden de protección para las víctimas a nivel europeo, la conocida como ‘euro-orden’. Esto supondría el reconocimiento en cualquier país de la Unión de una orden de protección emitida en otro Estado miembro. En el año 2008 se dictaron unas 115.000 órdenes de este tipo en la UE y en algunos casos, las beneficiadas eran de otro país. En España, por ejemplo, hay actualmente unas 8.000 personas rumanas con órdenes de protección.

Una mayoría de los Estados miembro en el Consejo (la mayoría cualificada necesaria para desarrollar una propuesta) ya se ha pronunciado a favor y el Parlamento está trabajando en un texto al respecto. Sin embargo, hay una voz discordante, la Comisión. 

El NO de la Comisión

Hasta mediado de mayo, en 2010 habían muerto 26 mujeres españolas víctimas de la violencia domésticaVivane Reding, comisaria de Justicia y Asuntos internos, afirmó en la rueda de prensa que siguió al Consejo en el que España consiguió la mayoría necesaria, que no funcionaría, que los sistemas legales son demasiado distintos, que causaría más trabajo para los abogados y provocaría inseguridad legal a las víctimas. ¿Porque? El motivo es bastante técnico. La propuesta de la Presidencia se basa en una novedad del Tratado de Lisboa, la capacidad de un grupo de Estados miembro de tener iniciativa legislativa en asuntos criminales.  Sin embargo, en materia civil, sólo la Comisión tiene iniciativa legislativa y el problema está en que la euro-orden se refiere tanto a asuntos criminales como civiles. De hecho su vocación es precisamente esa, actualmente hay países en los que una orden de protección es un asunto civil y en otros un asunto criminal, lo que dificulta que las mujeres obtengan el reconocimiento, por eso la propuesta tiene una vocación universal. 

Esto crea, sin embargo, un claro problema de competencias entre las instituciones. La Comisión alega, en palabras de Matthew Newman, portavoz de la comisaria Reding, que “una base legal incierta puede producir inseguridad legal para las víctimas”. En todo caso, es un hecho que la propuesta, si consigue el apoyo del Consejo y del Parlamento en junio, podrá convertirse en una realidad sin necesidad de la intervención de la Comisión, a menos que ésta decida jugar una carta extrema y denuncie al Consejo mismo ante el Tribunal de Justicia. Independientemente de este lío institucional, la pregunta importante es ¿esta base legal puede perjudicar a las víctimas a nivel práctico? José Molinos Cobo, consejero de Justicia de la Representación Permanente de España ante la UE, afirma que la base legal de la propuesta está muy bien anclada y avalada por el informe del Servicio Jurídico del Consejo. “Estamos convencidos de que no existe tal inseguridad jurídica”. 

La Comisión, sin embargo, juega sus cartas y presenta sus propuestas. Su solución es frenar la iniciativa española y presentar dentro de un año una nueva propuesta (esta vez con bases legales civiles y criminales) que venga directamente de la Comisión, pero que no sería específica para las víctimas de violencia de género. Pero para asociaciones como Juntos contra la Violencia Doméstica, que preside María Quintana, es importante que haya una propuesta específica. “No es que otros sectores tengan que estar menos protegidos, también hay lagunas legales en lo que se refiere a protección de testigos o de menores, pero no olvidemos que estamos a mediados de mayo y sólo en España han muerto ya 26 mujeres víctimas de la violencia doméstica; no hay ningún otro colectivo que registre tantas muertes, por lo que merece una atención especial”, señala.  La Presidencia española apoya la propuesta de la Comisión, pero para el futuro y en paralelo. “Cuentan con nuestro pleno respaldo, pero consideramos oportuno y deseable avanzar ya en esta iniciativa”, subraya Molinos Cobo.

Por otro lado, Quintana afirma que hay que ir más allá del reconocimiento a nivel europeo: “Muchas de las mujeres con las que trabajo son de países no europeos, que se enfrentan a una situación todavía peor en su lugar de origen, por lo que pido a la UE que también firme convenios con terceros países”. Será difícil, pero no una utopía. La baronesa Verma, en nombre de la cámara de los Lores del Reino Unido, o la eurodiputada holandesa Emine Bozkurt se han manifestado a favor de una idea similar, especialmente con países como Turquía, candidata a la Unión Europea. 

De momento, primero tenemos que entendernos entre nosotros. Los próximos pasos son el Consejo de ministros de Justicia y Asuntos de Interior y la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo, ambos en junio, por lo que dentro de menos de un mes sabremos si la posibilidad de un espacio único europeo de protección a las víctimas de género es un sueño o una realidad, y en qué condiciones.

Fotos: Campaña de Amnistía Internacional: © TBWA\Paris para Amnesty Internacional Francia; "Amores que matan": Daquella manera/Flickr