La seguridad se está imponiendo sobre las libertades y los derechos

Artículo publicado el 7 de Marzo de 2005
Publicado por la comunidad
Artículo publicado el 7 de Marzo de 2005

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Tony Bunyan, editor de Statewatch, el observatorio londinense sobre los países de la UE y las libertades civiles, nos concede una entrevista donde analiza el efecto de la amenaza terrorista sobre los derechos civiles.

¿Hasta qué punto es aceptable el recorte de libertades civiles para prevenir el terrorismo?

Está bastante legitimado el tomar medidas para vigilar a sospechosos de ser terroristas, para las extradiciones y para aumentar la seguridad en las líneas aéreas, pero muchas de las medidas adoptadas desde el 11 de septiembre se basan en la política del miedo. El seguimiento que Statewatch ha hecho tras los atentados de Madrid de las proposiciones de la UE, ha puesto de relieve que 27 de las 57 proposiciones tienen nada o poco que ver con hacerle frente al terrorismo. Por ejemplo, hay medidas para intervenir todas las comunicaciones de todos los ciudadanos de la UE y para hacer un seguimiento de todos sus viajes tanto dentro de la UE como fuera. A esto se le suman planes para recabar datos personales a través de los pasaportes biométricos.

Como el comisario de información británico Richard Thomas ha dicho, "nos encaminamos con los ojos cerrados hacia una sociedad vigilada". Por decirlo claro, no puedes defender la democracia socavando sus valores básicos.

¿Se puede combatir la amenaza terrorista desde un ámbito europeo mejor que a escala nacional?

Es necesario combatir la amenaza terrorista desde ambos niveles; es necesaria la cooperación en el ámbito europeo pero las acciones reales se tienen que llevar a cabo a escala nacional.

Tras el 11-S, el Reino Unido adoptó la medida sin precedentes de detener sin cargos a los nacionales extranjeros sospechosos de intentar perpetrar ataques terroristas. A pesar de que este sistema fue declarado ilegal en diciembre, el gobierno intenta sacar adelante medidas como el arresto domiciliario o la restricción a la libertad de desplazamiento (paquete de medidas conocido como Control Orders).

¿Hasta qué punto encuentra preocupantes Statewatch estas medidas?

Lo que estamos viendo ahora es al gobierno del Reino Unido implantando otra Ley de Prevención del Terrorismo (Terrorism Prevention Act). Ya tuvimos una en los setenta (en esencia para lidiar con el conflicto en Irlanda del Norte). En lo que se refiere a estas medidas lo que me preocupa es lo siguiente: primero, el poder para aplicarlas recaerá sobre un ministro, lo que implica que el poder judicial sólo podrá supervisarlo con restricciones. Segundo, éstas se aplicarán en función de una “sospecha razonable”, lo que deja una carga de la prueba bastante ambigua. El Secretario de Interior basará esa decisión en los informes de Inteligencia, los cuales pueden incluir datos conseguidos mediante el uso de la fuerza en terceros países. Además, no tienen por qué revelarse todas las pruebas reunidas sobre un sospechoso, sólo las necesarias para enjuiciarle. Y lo más preocupante es que el sospechoso no sabrá los cargos que pesan contra él. Ni el acusado ni sus abogados podrán ver las “pruebas”. Los únicos que tendrán acceso a ella serán el juez y unos “abogados especiales” designados por el Fiscal General. Es un proceso que violará todas las reglas de un juicio justo -el acusado desconocerá los cargos presentados contra él, no verá las pruebas por lo que no podrá refutarlas y no dispondrá de un abogado elegido por él, que le represente antes del juicio-. Este tipo de medidas no cabe en un Estado democrático.

En su informe de enero la organización Human Right Watch ha sido muy crítica con la situación de las libertades civiles en la UE. ¿Es esto consecuencia directa del 11-S y del 11-M, o es sintomático de un menoscabo más profundo en los valores europeos de los Derechos Humanos?

Es cierto que ha habido una marea de cambios desde el 11-S. El peligro al que ahora nos enfrentamos reside en que la democracia parlamentaria está empezando a legislar leyes de excepción en nombre de la política del miedo, y esto deja a los tribunales en un territorio hasta ahora desconocido (teniendo que decidir no en función de la ley sino en función de su correcta aplicación). De tal modo que en el Reino Unido hemos visto cómo se declaraba ilegal la retención de sospechosos en la prisión de Belmarsh sin juicio previo. Pero otra sentencia concluye que es legal presentar una prueba a juicio conseguida mediante el uso de la fuerza, así como almacenar muestras de ADN de personas a las que no se les ha imputado ningún cargo. Estamos viendo en esta "guerra contra el terrorismo" cómo la seguridad se está imponiendo sobre los derechos y libertades en casi todos los casos.

A menos que Europa redescubra sus principios y valores democráticos, el sigiloso autoritarismo que ahora coexiste con la democracia parlamentaria, llegará a dominar nuestro modo de vida.