La vieja Europa desdeña el Estado del Bienestar

Artículo publicado el 12 de Abril de 2005
Publicado por la comunidad
Artículo publicado el 12 de Abril de 2005

Atención, este artículo no ha sido revisado ni publicado en ningún grupo

Bruselas apuesta por los recortes del gasto social. Y la Nueva Europa responde. Pero esta estrategia no ayuda a los trabajadores europeos. Análisis.

El Estado del Bienestar se desarrolla en Europa en un ambiente cada vez más hostil. A día de hoy, los modelos europeos de Estado social atraviesan un período de reestructuración y remodelación que pone parcialmente en cuestión los modelos utilizados hasta ahora por la doctrina para diferenciarlos.

Los cuatro modelos de protección social

Históricamente siempre se ha hablado, por un lado, de un modelo social democrático basado en los principios universales recogidos en el informe Beveridge (1942), que se desarrolló especialmente en los países escandinavos. En segundo lugar, de un modelo conservador basado en las contribuciones a la seguridad social y en la protección del trabajador, de inspiración bismarckiana (Alemania y Francia).

En tercer lugar, de un modelo liberal, vigente en Gran Bretaña e Irlanda, de tipo asistencial y dedicado principalmente a las clases menos acomodadas. Por último, de un modelo mediterráneo, seguido en los países del sur de Europa, cuyo rasgo recurrente es la insuficiencia de medios.

Aunque estas diferencias subsisten en nuestros días, los desafíos que el estado social debe afrontar en Europa son fundamentalmente los mismos. Los cambios observados en los modelos económicos (resumidos en el consabido término "globalización"), en las estructuras sociales y familiares, en las relaciones laborales (crecimiento del número de empleos "flexibles" y precarios) y en la demografía (aumento de la esperanza de vida y baja natalidad), imponen cambios estructurales a unos sistemas sociales inspirados en su inicio en las sociedades europeas de la posguerra y que ahora tienen dificultades para adaptarse a la sociedad posindustrial. Son desafíos que requieren un esfuerzo de reflexión que no implica necesariamente una reducción del peso del Estado social, sino un renovado compromiso con la economía y la sociedad.

Libre mercado constitucionalizado

¿Como está reaccionando el Estado del bienestar europeo ante estas problemáticas? En siete años, de 1993 a 2000, la media del gasto social en Europa bajó en un punto y medio del PNB, del 28,8% al 27,3%, sobretodo debido a los recortes llevados a cabo en algunos de los Estados más generosos (Suecia, Finlandia, Alemania y Países Bajos), compensados en parte por el crecimiento de sistemas menos desarrollados, como los de Portugal o Grecia. En general puede hablarse de estabilización (teniendo en cuenta que los subsidios de desempleo no suponen un gasto tan grande como durante la crisis de principios de los noventa), con tendencia a la baja. Ante esta situación la UE relega la cuestión social a un problema de segunda o tercera categoría.

La Comisión, apoyándose en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, recomienda constantes recortes en el gasto corriente (sistema de pensiones) y no tiene una auténtica estrategia de coordinación de las políticas sociales. El único instrumento utilizado, la coordinación de las políticas contra la exclusión, es débil y se encuentra en un proceso de reorganización.

La "Constitución", que los Estados o los pueblos europeos estan llamados a ratificar en el bienio que comienza, no ayuda a paliar el desinterés comunitario: la protección social se halla recogida genéricamente en el artículo I-3, mientras que en el artículo I-2 el libre mercado es elevado a principio constitucional. Esto tiene un gran peso desde el instante en que el sector privado, que persigue fines lucrativos, reclama el derecho a entrar en la gestión de las pensiones, seguros y servicios sociales.

¿Y los nuevos Estados miembros? Retroceden

Otra ocasión desaprovechada ha sido no introducir el elemento social en las negociaciones con los 10 nuevos países miembro de la Europa centro-oriental. Se ha priorizado la apertura de los mercados, el fomento de la libre competencia y las privatizaciones, así como el mantenimiento de la estabilidad monetaria y fiscal. El resultado en los principales nuevos Estados miembro de la UE ha sido una disminución del peso del Estado social: entre 1996 y 2000, Hungría pasó del 24,8% del PNB al 23,2%, Polonia del 25,5% al 24%, Eslovaquia del 23,28% al 21,7% y la República Checa está cerca del 20%.

Peor aún, en la transición desde sus economías planificadas a las de mercado, estos países han sufrido la fuerte presión del Banco Mundial para que introdujeran sistemas de capitalización obligatoria (que se contraponen al sistema solidario, contributivo y de reparto vigente en los países europeos). De este modo, la adaptación a la nueva realidad social y económica ha sido traumática y ha comportado una reforma de los sistemas de Estado del bienestar que en determinados casos ha resultado poco coherente. Si bien estos sistemas empiezan a parecerse en su estructura a los de Europa occidental, algunos elementos desentonan, como la introducción de un pilar obligatorio para los fondos de pensiones privados (con mercados financieros internos que aún están poco desarrollados) y, en algunos países, la falta de una cláusula de revalorización de las pensiones según la inflación.

Los desafíos que debe afrontar el Estado del bienestar europeo implican, ciertamente, importantes esfuerzos financieros. Según un informe del Economic Policy Committee de 2001, el esfuerzo destinado a las pensiones y la asistencia sanitaria derivado del envejecimiento de la población puede suponer, dentro de 50 años, entre el 5,5% y el 10% del PNB. Una presión considerable, pero que según los propios expertos puede ser asumida a condición que nuestras economías sigan creciendo y que los balances se mantengan equilibrados. Para que esto suceda, la Comisión (mediante la Estrategia de Lisboa) ya está trabajando para conseguir una subida del índice de ocupación, especialmente femenino, y un aumento de la productividad (inversiones en investigación y desarrollo). Es extraño, sin embargo, que la UE no dé el mismo trato a las políticas de apoyo a la maternidad y a las políticas de refuerzo del empleo (políticas activas, subsidios de desempleo, formación continua), que permiten un aumento de la participación y la estabilidad de los trabajadores, elementos esenciales para conseguir una productividad elevada. Y no sólo esto. Europa sigue considerando la inmigración no como un recurso necesario que debe acogerse con los brazos abiertos, sino como un problema que debe solventarse. Mientras tanto, sin embargo, la fortaleza europea envejece.