Lampedusa y la dura ley del mediterráneo

Artículo publicado el 27 de Noviembre de 2013
Artículo publicado el 27 de Noviembre de 2013

El naufragio de la embarcación ocurrido en la costa de Lampedusa el pasado 3 de octubre, en el cual encontraron la muerte cerca de 300 inmigrantes, se ha convertido en la enésima tragedia ligada a la inmigración irregular y ha reabierto el mal concluido debate sobre las contradicciones italianas en dicha materia.

La mañana del 3 de octubre, en la costa de Lampedusa, una embarcación que transportaba cerca de 500 inmigrantes volco y se prendió fuego antes de llegar a alcanzar las orillas de la isla. Más de la mitad de los inmigrantes a bordo murieron o están aún desaparecidos. El alcalde de la isla, Giusi Nicolini, solicitó ayuda logística para gestionar la emergencia.

Ha sido una masacre sin precedentes que ha conseguido abrir una brecha en la indiferencia y remover la opinión  pública. Pero, esto que ha ocurrido, no es sino el enésimo drama relacionado con la inmigración clandestina que se registra en nuestro país: ha seguido, de hecho, a un episodio análogo ocurrido en las costas maltesas. Por otro lado, la última semana de septiembre, otro grupo de 13 inmigrantes irregulares fueron obligados por el patrón del barco a tirarse a mar abierto en la costa de Ragusa. En los últimos 20 años cerca de 6000 personas han muerto intentando atravesar el mar Mediterráneo.

Estos acontecimientos no son más que la punta del iceberg de años de contradicciones de las políticas migratorias de nuestro país. Políticas en gran parte con origen en los años 90 y tomadas después por la conocida ley Bossi-Fini (nombre comunmente dado a las modificaciones introducidas en 2002 al Testo unico delle disposizioni circa la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Texto único de las disposiciones sobre la disciplina de la inmigración y normas sobre la condición del extranjero), sobre la constitucionalidad y coherencia con el derecho internacional que siempre han provocado dudas. Por otro lado, está el problema de las directivas comunitarias, adoptadas de manera distorsionada por Italia.

El alcalde de Lampedusa ha comentado que los 3 buques pesqueros que estaban presentes en el momento del vuelque de la embarcación, no intervinieron temiendo poder ser denunciados por favorecer la inmigración clandestina, delito previsto por la ley Bossi-Fini. Quizas los capitanes recordaban lo acontecido el 8 de agosto de 2007: dos pesqueros tunecinos salvaron de morir ahogados a 44 emigrantes que transportaron después a Lampedusa sin que poseyeran visados de entrada en el país, fueron expuestos a un proceso que duró 4 años: sus barcos están aún confiscados.

Más allá de los posibles debates éticos, el delito de complicidad con la inmigración clandestina contradice el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, según el cual el capitán de una embarcación debe prestar asistencia a cualquiera que se encuentre en peligro en el mar. Por otro lado, la Convención SAR impone el socorro en el mar y el acompañamiento de los refugiados a un lugar seguro "sin distinciones de nacionalidad, condición jurídica de dichas personas o las circunstacncias en que éstas se encuentren".

-Umberto Bossi defiende la "ley Bossi-Fini"-

Los inmigrantes supervivientes de la tragedia del 3 de octubre están ahora acusados del delito de clandestinidad. Un delito condenado por la Corte Europea para los derechos humanos ya que entra en contradicción con los derechos fundamentales de las seres humanos, con la legislación europea (directiva 115 de 2008) y también con los tratados internacionales ratificados por Italia, como la Convención de Ginebra.

Además, es inconstitucional ya que castiga a la persona no por aquello que hace, sino por aquello que es, por el simpre hecho de encontrarse en una determinada condición personal. Tal acusación choca con el principio de igualdad ante la ley y con la garantía constitucional en materia penal, en base a la cual solo se puede ser condenado por hechos materiales.

También aquellos que tienen derecho a la protección internacional, pero llegan de forma irregular (es prácticamente imposible obtener protección internacional permaneciendo en su propio país) son acusados del mismo delito hasta el establecimiento del derecho a la protección. Esto implica el riesgo de caer bajo detención administrativa, sin que exista final procesal alguno. Una medida que viene aconsejada por la Unión Europea como último recurso por razones de seguridad. ¿Los efectos? Masificación en las cárceles y falta de integración.

-Video documental sobre los Centros de Identificación y Expulsión-

EL PUENTE A EUROPA

Italia está en un punto caliente ya que representa el puente a Europa; en efectos el "procedimiento de Dublín del primer contacto" y la falta de eficacia de la agencia europea Frontex hacen que el país sufra notables presiones, las cuales ponen a prueba la gestión de los flujos migratorios y las políticas de integración en el territorio.

El Belpaese sin embargo, más que atenerse a las directivas comunitarias, intenta operar constantemente en "zonas grises" y, por voluntad política o por falta de suficiente sostén por parte de la Unión Europea, transfigura a propio beneficio las directivas comunitarias.

Esta no puede ser una solución sostenible, ya que, como sostiene el sociólogo Zygmunt Bauman, "la modernidad produce inmigración". Esa es una tendencia no invertible con la cual la política  deberá hacer frente y que no podrá ser detenida, sino simplemente regulada.

Créditos del vídeo:  Libera Espressione/youtube; rai/youtube