Los perros salvajes de Rumanía: Tensiones políticas proyectadas sobre la herencia comunista

Artículo publicado el 31 de Agosto de 2011
Artículo publicado el 31 de Agosto de 2011
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó el pasado 26 de julio a Rumanía debido a su incapacidad para controlar el problema de los perros vagabundos. Al mismo tiempo se votaba en el Parlamento una ley que suscitaba la polémica. Su objetivo, legalizar la eutanasia de estos perros, conocidos como maïdanezi. ¿Cómo ha conseguido situarse este problema en pleno centro del debate político?

A menudo, la página de sucesos del periódico es un buen reflejo de la sociedad. En Rumanía, los casos de mordeduras graves de perros salvajes son cada vez más frecuentes. Alrededor de 40.000 perros recorren la capital, lo que permite alimentar esta sección. El incidente más conocido es el de Georgeta Stoicescu. En octubre de 2000, esta jubilada de Bucarest de 71 años fue atacada violentamente por una jauría de siete perros. Tras este incidente, su estado de salud se agravó y murió siete años después. Su caso fue llevado a Estrasburgo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, última instancia tras agotar todos los recursos jurídicos posibles, conocida como la de los “casos desesperados”.

Foto de 2009

El 26 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos publicó su sentencia definitiva: el gobierno rumano debía pagar 9.000 euros a la familia de la señora Stoicescu por daños morales. El Tribunal de Estrasburgo consideró que “el Gobierno no ha proporcionado ninguna información sobre las medidas concretas a adoptar (...) para hacer frente a este grave problema que afecta a la sanidad pública y amenaza a la integridad física de la población”. En 2010,13.200 de los 2 millones de habitantes de Bucarest fueron víctimas de mordeduras.

Un extraño legado del Comunismo, a debate en el Parlamento Europeo

A escala nacional, los 9.000 euros de multa representan una cantidad irrisoria. Sin embargo, la decisión marca un precedente. Ha sido sancionada la inercia de las autoridades rumanas . El problema es antiguo, se remonta a la era de Ceausescu. El proyecto inmobiliario del autoproclamado  “genio de los Cárpatos” consistente en arrasar una quinta parte de la ciudad para poder construir inmensos alojamientos sociales tuvo una consecuencia perversa. Se prohibieron los perros en los apartamentos, por lo que sus dueños se vieron obligados a abandonar a sus compañeros caninos. El Parlamento aprobó en mayo una ley para poner fin al asunto. Según la nueva normativa, los perros adultos recogidos por los refugios que no sean “reclamados o adoptados” en un plazo de 30 días serán o bien “eutanasiados” o bien “conservados en los refugios”. El alcalde de Bucarest, Mihai Cristian Atanasoaei,aseguró a la AFP (Agencia francesa de prensa) que esta nueva ley es  “democrática”, ya que la decisión de practicar la eutanasia a los perros - o de no hacerlo - recae en las manos de las autoridades municipales.

La eutanasia: una opción ya utilizada antes

Se trata de un discurso evasivo que recuerda, sobre todo, que la eutanasia de los perros es una medida que ya había sido practicada antes en Rumanía. Antes de estar a la cabeza del Estado, Traian Basescu ocupó la alcaldía de Bucarest. Su profesión de fe en 2001 contenía un argumento de choque para los electores : prometía erradicar la reproducción masiva de los maïdanezi. Una vez en el poder, inició una operación de captura, esterilización y, finalmente, adopción de estos perros con el apoyo de la Fundación Brigitte Bardot. Sin embargo, las asociaciones abandonaron rápidamente el proyecto y aquellos que aceptaron acoger a los cuadrúpedos teminaron por abandonarlos al no adaptarse a la vida doméstica.

Una sociedad dividida entre “pro” y “anti-perros”

La eutanasia teminó por ser votada a nivel nacional y esta elección se paga. De los 200.000 perros vagabundos del año 2000 sólo quedaban unos 50.000 en el momento de la entrada del país en la Unión Europea en 2007. Sin embargo, el proceso fue paralizado por Bruselas al considerar que no se ajustaba a la normativa de la unión. Regreso a la casilla de salida: el Estado gastará 1,3 millones de euros al año para controlar las consecuencias, así como un servicio hospitalario al completo dedicado a las víctimas de mordeduras. La ciudad se divide a partir de este momento entre los “pro-perros” y los “anti-perros”(2). Mirel Bran, corresponsal de Le Monde en Bucarest, proyecta la división a la situación económica del país: “el sentimiento de abandono por parte de un Estado corrupto, percibido por la mayor parte de los rumanos tras la caída de la dictadura comunista hace veintiún años, les lleva a identificarse con estos perros vagabundos, víctimas asimismo de la dictadura y de la transición vividas por Rumanía en los años noventa”. Sin duda, se trata de una polémica con múltiples facetas.

Fotos : Portada, SteveMcN/flickr ; Texto, 1uk3/flickr ; ©Anne-Lore Mesnage