Los quince frente a los movimientos al filo de la democracia ¿Exste una via europea ?

Artículo publicado el 13 de Noviembre de 2002
Revista publicada
Artículo publicado el 13 de Noviembre de 2002
La reciente ilegalización de Batasuna plantea una cuestión antigua de una perspectiva diferente: qué debe hacer un Estado frente a un movimiento o un partido que, por una u otra razón, se sitúa al límite o fuera del campo de la democracia.
La ilegalización pura y simple era hasta hace poco inconcebible, pero ha sido favorecida por el viento de autoritarismo y de mano dura que se ha levantado en el clima internacional desde el 11 de septiembre. Puesto que cada país se enfrenta a movimientos particulares y según una tradición, intentaremos saber si es posible hablar de una vía europea para enfrentarse a tales situaciones.

Cuestionar la democracia.

¿Qué debe o puede hacer un Estado democrático cuando se encuentra frente a un movimiento que cuestiona la naturaleza de su régimen?

Distingamos primero dos grandes maneras de cuestionar un régimen democrático. La primera consiste en cuestionar sus fronteras, es decir en defender la independencia de una región. Estos movimientos nacionalistas son cada vez más corrientes en Europa y están casi banalizados, desde el reciente giro del PNV hacia una semi-independencia, hasta los energúmenos de la Lega Nord en Italia, pasando el Vlaams Blok flamenco, todos tocan la fibra nacionalista de una región, con frecuencia rica, jugando con el fuego de las identidades y rompiendo la solidaridad nacional. La segunda es cuestionar a la propia democracia. Estos movimientos antiparlamentarios suelen defender regímenes autoritarios frente a la lentitud del proceso democrático. Partidos fascistas o fascistoides, o simplemente populistas, triunfan en las democracias europeas con un discurso racista y autoritario, nacionalista ante todo. Se trata, por supuesto, del Front National francés, del FPÖ austríaco o de la lista Pim Fortuyn en Bélgica.

¿Qué puede hacer un Estado democrático frente a tales partidos? En principio, nada, puesto que es democrático y debe garantizar la libertad de expresión. Sin embargo, muchos sectores abogan por ponerlos fuera de jaque, de una u otra manera, negándoles el derecho a participar en la democracia. La negativa de algunos periodistas franceses a entrevistar al líder del FN, o incluso la reacción negativa de la UE cuando se formó el gobierno de coalición derechista en Austria o el asesinato de Pim Fortuyn en Holanda, pueden ser todos considerados como tentativas de negar la palabra a grupos o personas considerados como peligrosos. No nos vamos a pronunciar sobre la pertinencia de estas iniciativas, pero sí hay que decir que son peligrosas: estos partidos son expertos en recuperar estas agresiones en su provecho y en ganar votos diciendo que los verdaderos demócratas son ellos. Pero los gobiernos no intervienen en tales acciones y suelen acomodarse de la presencia de estos partidos: Mitterrand utilizó al FN para neutralizar a la oposición de derechas en el Parlamento y la ola derechista ha llevado al gobierno a varios de estos partidos: el FPÖ, los liberales portugueses, la Lega Nord, la lista Pim Fortuyn hasta (afortunadamente) hace unos días, los nacionalista daneses… en cualquier caso, es un hecho que un gobierno democrático no puede actuar en contra de un partido basándose en su discurso: ¡afortunadamente!

La frontera está en las armas.

Hay una sola excepción a esta regla de oro: si un partido incita a la violencia tiene que vérselas con la justicia, y más si está ligado, en mayor o menor medida, a un movimiento violento ilegal, clandestino, ya sea nacionalista o antidemocrático.

Frente a tal situación, el Estado sí tiene la posibilidad y la obligación de ponerle fin. En efecto, y en este sentido quisiéramos mostrarnos firmes, un movimiento violento no tiene cabida en una verdadera democracia, incluso si defiende una causa justa, y no merece la mirada indulgente que recibe de los herederos de una cierta tradición de izquierdas, según la cual la legitimidad de la Revolución justifica el uso de las armas. Eso es una falsedad absoluta en una democracia real, y un pensamiento tanto o más peligroso que el neofascismo de Jorg Haider. Por otra parte, es fácil echar un ojo a los problemas del vecino y decir que allí quizás la lucha esté justificada, como ocurre con la ETA, que recibe la benevolencia de ciertos pseudo-pensadores franceses o italianos o con las Brigate Rosse.

¿Cómo puede reaccionar un Estado frente a tales movimientos violentos o implicados en actos violentos? En nuestra opinión, se le presentan tres posibilidades:

La primera es considerar que el partido legal debe ser usado como correa de transmisión para obtener un diálogo que abra el camino hacia la paz. El Estado admite así una doble legitimidad, la de las reivindicaciones del movimiento violento, sin por ello admitir la de la violencia, y la del partido como puente tendido hacia el diálogo. Ello sólo es posible, pues, cuando el Estado tiene la posibilidad de dar respuesta a las reivindicaciones. Es lo que ha ocurrido con los acuerdos del Viernes Santo en Irlanda, firmados por el Sinn Fein, brazo político del IRA. No fue el caso de la tregua declarada por ETA en el año 2000, acordada con el PNV, sin que el gobierno central se mostrara en ningún momento dispuesto al diálogo.

La segunda es intentar destruir el movimiento violento por las vías policiales y por los servicios secretos. En algunos momentos los gobiernos deciden concentrarse prioritariamente en esta vía, como ha hecho durante años el gobierno español del PP, ignorando al partido político. Por supuesto, esta opción es legítima, pero con frecuencia los gobiernos sobrepasan los límites y se dedican a la “guerra sucia”, al asesinato expeditivo de los que llevan la lucha armada. La joven democracia española, durante los años del PSOE pareció desviarse, manteniendo las estructuras de lucha institucional clandestina heredadas del régimen franquista, con los tristemente célebres GAL. El gobierno británico también cometió este error durante años en Irlanda del Norte. Afortunadamente, hoy en día, parece difícil seguir este camino, aunque hay que resaltar lo preocupante que es el hecho que muchas opiniones públicas se muestren favorables a ello, empezando por la española …

La tercera y última es la menos conocida, la de la ilegalización pura y simple del partido. En su artículo, Antonio Asencio analiza en ese sentido el caso de Batasuna, pero podemos decir aquí que esta vía no se puede seguir más que cuando se demuestra que el partido está realmente implicado en la acción violenta o en su financiación. Esta solución, legalista, puede ser útil en la lucha contra la violencia, pero debe ser manejada con cuidado, en particular respecto a la base social del movimiento.

Dos tendencias europeas, pero no una vía común.

En vista de la variedad de situaciones que hemos expuesto rápidamente, no creemos que exista una vía europea para responder a estas problemáticas, pero sí que podemos señalar dos tendencias que parecen extenderse por el continente. Por una parte, la alarmante normalización de los partidos no directamente violentos pero a la frontera de la democracia. Asistimos, en efecto, al fin del ostracismo de los neofascismos que ha reinado durante años en Europa y ello, simplemente, a causa de los éxitos electorales que han cosechado, que llevan a numerosos partidos clásicos conservadores a aceptarlos como socios o, no sé que es peor, a recuperar en su provecho los argumentos que utilizan. Por otra parte, la vía judicial. Hasta ahora, y los últimos ejemplos son el Viernes Santo y las negociaciones sobre Córcega, la vía del diálogo solía ser la única considerada como definitiva frente movimientos violentos, pero hoy la vía legalista abre nuevas posibilidades que serán si duda aprovechadas.