Miedo al granizo de la reforma

Artículo publicado el 12 de Diciembre de 2005
Artículo publicado el 12 de Diciembre de 2005

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La perspectiva de una mayor liberalización del mercado agrario hace dudar a los agricultores europeos acerca de su futuro.

Los campesinos europeos están inquietos. Se aproxima la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Hong Kong, donde se debatirá sobre el futuro de los mercados agrícolas mundiales, y al campo llegan noticias sobre la propuesta de la UE de reducir los aranceles y las subvenciones directas a los productos agrícolas. Estas medidas afectarían a los más de 10 millones de campesinos europeos que trabajan las tierras de un 40% del territorio de la Unión Europea. Si estas medidas avanzaran, acentuarían la profunda reforma de la Política Agraria Común (PAC) aprobada en 2003 y centrada en tres puntos: el paso del pago por producción al de explotación, el condicionamiento de los pagos a los agricultores al cumplimiento de unos endurecidos estándares de calidad alimenticia y medioambiental y la creación de una nueva política de desarrollo rural.

¿Desintegración del mundo rural?

A pesar de ser una gran potencia productora de cereales, frutas y hortalizas, la UE es al mismo tiempo el mayor importador mundial de productos agrarios del Tercer Mundo. La competitividad de grandes productores agrícolas como Brasil y Marruecos, hace prever grandes dificultades en el mundo rural. Como explica Juan Manuel Peiró, coordinador de servicios técnicos de la Asociación Valenciana de Agricultores, “en la liberalización de mercados, el problema es que sólo se compite por pecio, sin tener en cuenta la calidad o el valor añadido. Ante explotaciones mucho más baratas en otros países, hay poco que hacer.”

La reducción de las subvenciones a la producción también asusta a los agricultores, que prevén una progresiva “pérdida del tejido agrario”, como opina José Luis de Miguel, responsable de política agraria de la organización de campesinos más importante de España, la COAG. La liberalización radical del mercado agrario “amenaza a miles de puestos de trabajo”, nos recuerda, Claude Soudé, jefe del servicio de políticas agrícolas de la Féderation National de Syndicats d’Exploitations Agricoles francesa (FNSEA). En un país como Francia, que se lleva un 22% del presupuesto de la PAC, un 15% de la población vive directa o indirectamente de negocios relacionados con la agricultura según calcula la FNSEA. Para Soudé, la situación sería “catastrófica para el mundo rural.”

¿Igualdad de condiciones?

Uno de los argumentos que defiende la OMC para liberalizar el mercado agrario es reequilibrar la riqueza y dar salida a los productos de los países más pobres. Una explicación que no convence a la mayoría de agricultores europeos. Así lo expresa José Luis de Miguel, de COAG: “Estas medidas no ayuda a la agricultura de los países pobres porque les obligan a producir sin las condiciones e infraestructuras necesarias.” Según de Miguel, “ni las pequeñas y medianas empresas del Norte ni los campesinos del sur se beneficiarán de esta reforma. Los que sí saldrán beneficiados serán los agroexportadores y las multinacionales de distribución”. En un futuro próximo, existirá un “oligopolio europeo de 4 ó 5 cadenas de supermercados que controlarán la producción”, concluye Juan Manuel Peiró.

El hecho de que otros mercados no estén sujetos a las obligaciones de la Unión Europea, provoca en los campesinos la sensación de jugar con desventaja. El pago de impuestos, la Seguridad Social y el respeto a las normativas medioambientales son condicionantes a los que están sometidos los agricultores europeos y que no tienen los de muchos otros países. Por ello, reclaman las mismas reglas de juego para todos los jugadores.

Las cartas de los campesinos europeos

A los agricultores y ganaderos europeos les queda todavía un as en la manga para competir en el mercado libre: la calidad que avala sus productos, sometidos a controles muy estrictos. En este sentido, Claude Soudé de la FNSEA advierte: “siempre habrá quien ofrezca los productos a un precio más bajo porque no están sometidos a una normativa tan estricta. Si no, sólo hace falta mirar al mercado de la carne hormonada de Estados Unidos”. Por eso, reclaman la creación de normativas de la calidad de su producción que la diferencien de otros productos quizá más baratos pero que no han pasado esos controles.

Otra de las reclamaciones unánimes de los granjeros europeos es la necesidad de establecer un precio mínimo a sus productos. Según Albert Castelló, coordinador de ASAJA Catalunya, a los agricultores europeos les “han robado la libertad” porque no son ellos los que deciden el precio de los productos.

Pero si el panorama general es de preocupación y miedo, la principal organización agrícola italiana, la Coldiretti, opta por el optimismo cuando afirma que la PAC es una “buena oportunidad para relanzar el Made in Italy de calidad”, según recogía el Giornale di Brescia. Albert Castelló acompaña este espíritu positivo con un espíritu emprendedor: “nos tenemos que arriesgar a competir en el mercado internacional”. Mirando hacia el futuro y con la perspectiva del crecimiento de la población mundial, Castelló piensa que el mercado agrario europeo no está “amenazado por la liberalización”.