París y Berlín quieren salvar el Estado del Bienestar

Artículo publicado el 20 de Marzo de 2006
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Artículo publicado el 20 de Marzo de 2006

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Es válido frenar el integrismo anti-inflacionista del BCE, pero para favorecer el despegue no son suficientes los esfuerzos del Ecofin. Es necesario un Pacto Social Europeo.

La decisión del Ecofin, tomada el pasado 25 de noviembre, con la cual los Ministros de Economía de la UE les han ahorrado a Francia y Alemania un costoso procedimiento sancionador por déficit excesivo, representa un punto de no retorno para la política y las relaciones europeas. Aun así, se debe entender por qué Francia y Alemania tienen mucha parte de razón. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento que el Presidente de la Comisión Europea definió literalmente de “estúpido”, no ha ayudado a los motores de la economía europea a salir de la recesión mundial. Ello se debe a un razonamiento banal, repetido decenas y decenes de veces en las páginas de las publicaciones especialidazas más importantes del mundo, incluso en aquellas que no son precisamente de credo estatalista: en una economía en recesión la peor cosa que se puede hacer es cortar el grifo del gasto público.

Una mala imagen política

Sin embargo, era lo que se pedía a Francia y a Alemania y lo que se impuso a Portugal hace un año: reducir el gasto público, llevar la relación entre el déficit y el PIB por debajo del umbral del 3%, demostrar a los socios, a la Comisión y al mercado que se es un país con una economía sana y en toda regla.

¿Cuáles son las consecuencias derivadas del no respeto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento según las críticas de la Comisión y de los países “virtuosos”? Los peligros son esencialmente tres. Un aumento de la deuda podría llevar a un incremento de los tipos de interés, debido al hecho de que los países endeudados pondrían bajo presión a los mercados para colocar los títulos de nueva emisión. El segundo peligro es un aumento de la inflación bajo la presión de los países endeudados que desean reducir el valor real de la deuda. Finalmente, el tercer riesgo tiene que ver con la credibilidad de la política económica europea y de las reglas sobre las que se gobierna.

Sin embargo, es evidente que el único riesgo de verdad para las economías europeas, entre los que hemos nombrado, es el último. De hecho, un déficit que en cualquier caso no es gravísimo (inferior al 5%) es perfectamente absorbible por los mercados europeos y mundiales sin presionar sobre las tasas de interés, mientras a la economía deprimida europea no le debería dar miedo el aumento de la inflación. El verdadero peligro sería, quizás, el estancamiento de los precios: una deflación a la japonesa, para entendernos.

Hacia al federalismo

Lo que no se debería subestimar es la mala visión que ha dado al mundo financiero la Unión Europea, porque comporta una fuerte pérdida de confianza con efectos en el mercado de valores. Por el contrario, el comportamiento del euro, que ha llegado a nuevos máximos en relación al dólar, hace pensar que la falta de confianza sobre las instituciones europeas provocará sobre todo daños políticos y no económicos.

A raíz de este breve análisis se puede entonces afirmar que la decisión del Ecofín tiene más efectos positivos que negativos, a condición de que Europa aproveche la ocasión para reformar las reglas.

Esta reforma debe basarse en tres principios:

1) La flexibilización del Pacto, con la fijación de un límite más alto, que deje abierta la posibilidad para los Estados de amortizar el déficit debido a las recesiones.

2) Un claro abandono de una política monetaria y económica que apuesta por la estabilidad de la balanza y de los precios, y la promoción de políticas a favor de la creación de empleo y del desarrollo. Para alcanzar este objetivo es necesario modificar la política integrista anti-inflación del BCE y dejar a las finanzas públicas europeas la posibilidad de intervenir sobre las propias economías.

3) La estipulación de un pacto social europeo, que incluya todas las fuerzas sociales del continente (gobiernos, instituciones europeas, sindicatos, patronales) a través de un debate transparente y abierto, que haga nacer un nuevo gobierno europeo, sometido al control democrático de los ciudadanos. Se alcanzaría un federalismo económico, que superaría la actual tecnocracia imperante y representaría un paso adelante hacia un pleno federalismo político.

El principal problema de la política europea ha sido la falta de un debate crítico sobre las reglas que rigen. Dado que el actual sistema está evidentemente en crisis, la única alternativa, muy querida por muchos, es la de implantar una masiva liberalización y privatización de las economías europeas e incluso pesados recortes al gasto público corriente.

Pero el desmantelamiento del Estado social europeo no es ni lo que más conviene ni lo que quiere la mayoría de los ciudadanos europeos, sobre todo porque sería impuesto por parte de las instituciones tecnócratas y no democráticas. Los recortes pedidos para estar dentro de los límites afectan al gasto corriente, o lo que es lo mismo, los gastos del Estado social, de la investigación y los subsidios al desempleo.

No se puede emprender una reforma de ese tipo sin un claro consenso social, fruto de difíciles consultas y negociaciones. Negociaciones entre instituciones legitimadas para representar a los ciudadanos, y no entre funcionarios de carrera. Es esto lo que han querido afirmar los ministros francés y alemán en el último Consejo del Ecofin.