Regularizaciones masivas para evitar ir a peor

Artículo publicado el 25 de Abril de 2005
Publicado por la comunidad
Artículo publicado el 25 de Abril de 2005

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La regularización de un gran número de trabajadores clandestinos por parte del gobierno español ha hecho correr ríos de tinta. ¿Pero en qué se basan las críticas a un procedimiento que ya utilizan muchos Estados europeos?

Desde hace algunos meses España lleva desarrollando una operación de regularización masiva de sus trabajadores inmigrantes ilegales. Todo aquel que pueda demostrar que trabaja en este país desde hace más de seis meses obtiene un permiso de residencia. El gobierno del señor Zapatero espera regularizar por esta vía, desde ahora hasta junio de 2005, a alrededor de 800.000 trabajadores ilegales. Los beneficios de esta operación son colectivos. Por una parte, los indocumentados pueden vivir y trabajar de forma legal en España y escapar así en parte a la precariedad de su situación, por ejemplo teniendo acceso a la protección social. Por otro lado, el Estado asesta un golpe importante a la economía sumergida en la que se mueven los inmigrantes ilegales y recupera así, en especial mediante cotizaciones, el control de una fuente de ingresos con la que hasta ahora no contaba.

Sin persecución

Con la finalidad de evitar que haya inmigrantes ilegales o empresarios que no participen en el proceso de regularización, el gobierno ha garantizado la amnistía: no se perseguirá a aquellos que hubieran hecho trabajar ilegalmente a indocumentados. La ausencia de una medida como esta afectó de forma importante, por ejemplo, la operación de regularización desarrollada por Bélgica hace unos años.

Un procedimiento como este, claro está, ha suscitado muchas críticas. La más evidente y generalizada consiste en decir que la regularización de los inmigrantes ilegales producirá un importante efecto llamada para todos los ciudadanos de los "países pobres" que sueñan con encontrar la prosperidad en Europa.

Pero oponerse a cualquier tipo de regularización masiva basándose en esencia en el efecto publicitario de una operación como esta implica olvidar dos cosas.

En primer lugar, los Estados de la Unión Europea han hecho todo lo que ha estado en su mano para crear una situación que es cualquier cosa menos aceptable: han desarrollado una política oficial de exclusión a pesar de hallarse en una situación oficiosa de "necesidad" de trabajadores inmigrantes. El hecho de permitir regularizar la situación de aquellos que ya llevan un tiempo trabajando en el país es una demostración de humanidad y de respeto a la dignidad de cada ser humano.

En segundo lugar, si una política como esta tiene un defecto, es sobretodo que se ocupa de las consecuencias y no de las causas de una situación problemática, la inmigración ilegal. Limitando al máximo las posibilidades de inmigración, los Estados europeos no hacen sino aumentar el número de inmigrantes ilegales. Sin embargo, con una tasa de natalidad cada vez más baja, Europa requiere de la inmigración más que nunca. Ninguna sociedad, por rica que sea, puede progresar sin la esencial aportación que ésta representa. Pero parece que para la mayoría de los ciudadanos europeos y, lo que es más grave, para sus gobiernos, el extranjero es percibido sólo como una amenaza. La crisis económica y el alto nivel de desempleo los pagan, como siempre, los extranjeros; y aún más, en nuestros tiempos, si son musulmanes. La actual reforma del derecho de asilo en Austria ilustra perfectamente este pavor ante el extranjero criminal que busca aprovecharse del suelo europeo para cometer sus fechorías.

Reticencias injustificadas

Cuando el señor Zapatero decidió regularizar a los inmigrantes ilegales que se encontraban en España, países como Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania se mostraron particularmente preocupados. Estos Estados consideran que semejante política constituye una grieta en la fortaleza Europea que tanto se esfuerzan en construir a base de barreras y otros blindajes legislativos. Así, los Estados europeos más ricos insisten en que cualquier medida dictada por un Estado miembro en materia de inmigración y asilo (como si ambas cosas, que de hecho no derivan de la misma óptica, no pudieran disociarse) sea tomada de común acuerdo junto con sus socios europeos. En cambio, cuando un año antes el ministro del interior francés, el señor Sarkozy, proponía leyes muy restrictivas en materia de inmigración y asilo, ningún dirigente reclamó pacto europeo alguno. Sin embargo, si ningún país puede mantener una política permisiva en un ámbito concreto sin consultarlo con sus socios europeos, lo mismo debería ocurrir en sentido contrario.

Mientras la Unión Europea no se dé cuenta de los efectos positivos de la inmigración, mientras los gobiernos cedan a las poblaciones que ven en cada puesto de trabajo ocupado por un inmigrante una injusticia, la regularización masiva seguirá siendo la única solución para luchar contra la clandestinidad y la precariedad. El ejemplo español ha tenido una gran repercusión debido a sus elevados objetivos cuantitativos, pero muchos Estados como Italia, Francia, Grecia o Portugal ya han seguido esta práctica.

Es necesario llevar a cabo una acción europea común, pero no se debe equivocar el objetivo. Europa deberá situarse entre la paranoia, la lucha contra cualquier forma de inmigración, y la utopía, la apertura a una regularización sin límites. Se trata de un nuevo desafío que Europa debe afrontar, puesto que su futuro depende de él.