Rumanía: indignados por la corrupción

Artículo publicado el 3 de Febrero de 2017
Artículo publicado el 3 de Febrero de 2017

El pasado miércoles día 1 de febrero, más de 150.000 personas se reunieron en Bucarest, (300.000 en todo el país), para manifestarse contra el decreto ley del Gobierno que suaviza las penas por delitos de corrupción. Estamos ante la mayor protesta ciudadana desde la caída del comunismo en 1989.

"Es un día de luto para el Estado de derecho, publicaba el presidente Klaus Iohannis (Partido Nacional Liberal, ndlr) en su página de Facebook. Él que estuvo presente en las protestas, no da crédito a la decisión tomada por el Gobierno de Sorin Grindeanu (Partido Socialdemócrata, PSD, ndlr), nombrado primer ministro tras la elecciones legislativas de diciembre del 2016. El ministro de Justicia, Florin Iordache, había anunciado unos días antes la aprobación de un decreto ley que reducirá las penas por abuso de poder. La consternación se apoderó rápidamente de todo el país para convertirse después en un explosivo sentimiento de rabia. El domingo anterior, a pesar de un frío glacial, se manifestaron manifestado de 70.000 a 100 000  personas tanto en Bucarest, la capital, como en las principales ciudades del país. Según la prensa rumana, el miércoles por la tarde se triplicó el número de ciudadanos en las calles. Algo nunca visto desde la caída del comunismo en 1989.

El Gobierno ya se imaginaba la magnitud de la protesta. Estaba en el punto de mira de los manifestantes. Los ciudadanos rumanos llevan diez días protestando contra una reforma del Código Penal que prevé descongestionar las prisiones. A primera vista, era un proyecto legítimo: Rumanía sufre una superpoblación carcelaria. Lo que ocurre es que esta modificación de la ley permitirá despenalizar el abuso de poder cuando el perjuicio ocasionado sea inferior a 44.000 euros – el famoso decreto adoptado el martes - y, así, indultar a 2.500 presos, entre los que se encuentran cargos electos que cumplen una pena por corrupción.

La corrupción : el enemigo número uno

El país es escenario de movimientos sociales históricos. Se producen en un contexto muy particular, el rumano, en el que la lucha contra la corrupción y la emergencia de una sociedad civil rumana ha crecido en los últimos años.

Presionada por la Unión Europea, Rumanía ha puesto en marcha una campaña anticorrupción implacable, gracias sobre todo a la creación de la DNA (Dirección Nacional Anticorrupción) que ha posibilitado la encarcelación de decenas de políticos corruptos. El Partido Socialdemócrata, actualmente en el poder, no ha podido escapar. El ex primer ministro Victor Ponta se sentó en el banquillo acusado de blanqueo de dinero, falsificación documental y evasión fiscal, mientras que el jefe del partido, Liviu Dragnea, lo fue por creación de empleos ficticios. El  daño económico causado por los procesados se estima en 24.000 euros. El decreto aprobado el martes podría permitirles eludir la prisión. De hecho, eso es lo que ha declarado Aurelia Crista, que dimitió el miércoles de su cargo en su partido, a la cadena de radio RFI Roumanie: "El objetivo era claramente salvar a Liviu Dragnea". 

La Comisión Europea ha expresado también su preocupación. "La lucha contra la corrupción tiene que seguir adelante, esto no puede ser una derrota. Seguimos los últimos acontecimientos en Rumanía con gran preocupación", declararon el presidente Jean-Claude Juncker y su primer vicepresidente Frans Timmermans en un comunicado común. La Comisión ha advertido también "contra un retroceso" del país en este tema y anunció que "examinará atentamente los cambios de legislación".

Más que manifestaciones contra este Gobierno o este decreto en particular, se protesta sobre todo contra un sistema anticuado en perpetuo estado de estancamiento. A diferencia de los antiguos países del bloque comunista, Rumanía no ha condenado nunca a los altos responsables del régimen anterior, algunos de los cuales permanecen en el poder. Los resultados de las recientes elecciones, que han permitido repetir al PSD la mayoría en el Parlamento, han decepcionado a mucha gente. El PSD está considerado como uno de los herederos de la administración comunista, un partido de políticos corruptos apoyados sobre todo por personas de edad avanzada. Nacido de la revolución de 1989, el partido lo creó Ion Iliescu, próximo a Ceausescu y primer presidente de la República, el mismo que recientemente ha sido condenado por crímenes contra la humanidad por la violenta represión llevada a cabo en 1990 contra manifestantes anticomunistas. El viejo responsable polítique había llamado a los mineros para enfrentarse físicamente a estudiantes y otros manifestantes que protestaban contra el poder y al que acusaban de haber impedido la Revolución de 1989. Se esperaba que las elecciones legislativas de diciembre sirvieran de "limpieza" y supusieran la caida del PSD pero, con buenos cimientos desde hace 25 años, el partido recibió un inmenso apoyo por parte de los electores.

La calle e Internet, nuevos feudos de la oposición  

Esta lucha anticorrupción, incluso antisistema, es imposible sin la ayuda de la sociedad civil y de los ciudadanos, quienes se hicieron oír en 2012 y en 2013, durante las manifestaciones contra las reformas sanitarias y como consecuencia de un proyecto minero en Rosia Montana. Acto seguido, se crearon tanto organizaciones como nuevos medios de investigación, entre los que destacan Rise ProjectCasa Jurnalistului. El contrapoder que formaba la sociedad civil ya no se podía ignorar. La calle se convirtió en su feudo. ¿Un escándalo relativo a los hospitales? "Iesim în strada", (Salgamos a la calle). ¿Los bosques están amenazados? A la calle. 

Y lo cierto es que funciona. En diciembre del 2013, Florin Iordache, entonces presidente del Congreso, lanzó un proyecto de ley que permitía conceder la inmunidad a los diputados. La respuesta de la calle lo impidió. En noviembre del 2015, tras el incendio en la discoteca Colectiv en el que murieron 60 personas, miles de rumanos propiciaron la dimisión del primer ministro Victor Ponta al ritmo de gritos como "¡La corrupción mata!". El primer ministro no estaba implicado en los hechos, pero había pruebas de que el incendio había sido provocado por actos de corrupción. Ponta, acusado él mismo de abuso de poder, se convirtió en símbolo de un veneno a erradicar.

Esta vez, los manifestantes, muchos de ellos jóvenes pertenecientes a la generación post-89 y sobre todo ultraconectados, piensan hacerse escuchar. Se organizan bien: las manifestaciones se preparan rápidamente en Bucarest y en otras ciudades rumanas y europeas. Un kit de desobediencia civil, #Rezist está disponible en línea. Ahí se puede encontrar toda la información necesaria. Desde cómo preparar las protestas al número de miembros del gobierno. Dos hoteles ofrecen incluso habitaciones gratis a quienes vengan a manifestarse en la capital. Los manifestantes piensan quedarse varios días delante del edificio gubernamental, pidiendo su dimisión, la anulación del decreto y la celebración de elecciones anticipadas.

Desgraciadamente, en esta ocasión la dimisión del gobierno no anulará el decreto. Como explica el colectivo Funky Citizens, la solución sería que el Consejo Constitucional se haga cargo del asunto y declare el texto como "nul de drept" (inválido), y no solo anticonstitucional. En cualquier caso, nadie puede predecir el futuro del decreto y su impacto sobre la sociedad civil. Los próximos días serán cruciales para decidir si Rumanía entra o no en la era poscorrupción.