Rumania: la publicación de textos académicos no debería reducir las penas de cárcel

Artículo publicado el 8 de Mayo de 2016
Artículo publicado el 8 de Mayo de 2016

Atención, este artículo no ha sido revisado ni publicado en ningún grupo

La decisión del ministro de Justicia rumano, Raluca Prună, de derogar la Ley 254 de 2013 ha generado un descontento generalizado. Esta ley establece, entre otros puntos, penas de cárcel menores a los convictos que publiquen textos académicos mientras cumplen su condena. Su uso abusivo y masificado en 2015 despertó muchas dudas sobre su verdadero rol en el sistema judicial. Artículo de opinión.

Podría decirse que Rumania es un país que aún trata de librarse de la extensa sombra proyectada por el antiguo régimen comunista. Más de cuatro décadas de gobierno socialista dejaron su marca en nuestra sociedad y, lo más grave, en nuestra cultura.

Mientras los milénicos se esfuerzan en demostrar que los rumanos tienen el potencial para obtener muchos otros logros además de los actuales (creativa, académica e industrialmente), la generación anterior todavía tiene las riendas del país, por lo que el camino que la nación tome se encuentra enteramente en sus manos.

No obstante, hay infinidad de cosas por las que el pueblo está dispuesto a tomar una posición más objetiva y rever la situación. Teniendo como telón de fondo una serie de eventos desafortunados ocurridos en otoño de 2015, presenciamos un cambio de paradigma en el comportamiento del gobierno rumano.

El año pasado, en octubre, se desató un terrible incendio en un club nocturno de Bucarest desató un terrible incendio en un club nocturno de Bucarest. Treinta personas murieron quemadas vivas y otra treintena falleció debido a la gravedad de sus heridas, todo justo antes de Nochebuena. No hay palabras para describir el dolor sufrido por las familias que perdieron a sus seres queridos o por quienes fueron testigos directos del horror.

Lo único bueno que resultó de esta pérdida irreparable fue el deseo de los rumanos de que el Estado tomara responsabilidad de los hechos. Para sorpresa de muchos, el movimiento popular resultante condujo a la caída del gobierno y su reemplazo por los nuevos representantes que parecen estar más en sintonía con las necesidades de la mayoría, en contraste con la minoría que detenta el poder.

Publicar tras las rejas

Un buen ejemplo de uno de estos cambios es la derogación de la Ley 254 del año 2013 –y su predecesora, la Ley 275 de 2006– un tema que ocupó el lugar principal en la escena política del país hace unas pocas semanas atrás. La legislación original ofrecía una amnistía a los encarcelados: se les reducía tres días de cárcel por cada dos días destinados a trabajar en la redacción de un texto académico que posteriormente fuera publicado.

En la actualidad, tras las modificaciones de 2013, la ley estipula que los convictos obtendrán una reducción de treinta días en su sentencia por cada trabajo académico que hayan publicado –independientemente de su calidad o extensión. A la par de estas normas, se encuentran otros métodos de reducción de condena tales como el voluntariado, el trabajo remunerado y la iniciación de estudios.

Por un lado, quizá esto parezca una norma positiva en relación al derecho a la libertad de expresión, tal como lo dice la Convención Europea de Derechos Humanos. Por el otro lado, en la práctica, es más bien una laguna jurídica que le permite a aquellos sin ningun tipo de formación académica a ser considerados como verdaderos intelectuales, sin importar el hecho de que su contribución con tales obras sea en realidad ínfima, por no decir inexistente.

El número de escritos publicados por los presos se ha incrementado de forma apabullante desde que se modificó esta ley: se pasó de 90 escritos en 2014 a 340 en 2015. Lamentablemente, este incremento no se debe tanto a la inversión del gobierno en la rehabilitación de los presos, sino más bien al poder financiero que conservan algunos reos mientras están tras las rejas.

Sin embargo, no sería justo generalizar. Algunos de los involucrados, a pesar de ser ladrones de cuello blanco, cuentan con una gran formación intelectual que justifica la publicación de los trabajos académicos escritos durante su encarcelamiento.

Por ejemplo, el ex primer ministro de Rumania, Adrian Năstase –encontrado culpable de fraude y malversación– consiguió publicar tres trabajos académicos mientras se encontraba en prisión. Esto no sorprendió a nadie, ya que había sido un prominente intelectual político y un exprofesor no numerario en la Universidad de Derecho en Bucarest.

Ahora bien, los responsables indirectos de esta necesidad de derogar una ley que, por lo demás, era bastante buena, eran los criminales financieros que, precisamente, no eran conocidos por su capacidad intelectual. Así, desde usureros hasta miembros de las familias criminales rumanas, todos  se las han ingeniado de algún modo para producir cantidades de escritos científicos que les servían de ases bajo la manga para salir de la cárcel. A la larga, esto les permitió volver a sus tratos sucios en el mundo exterior.

Pruebas recientes demostraron que los verdaderos autores eran «comprados» por los presos con fuertes sumas –y fuertes amenazas sobre lo que podría sucederles si se negaban a prestar sus servicios.

¿Alguna vez ser hará justicia?

Desde la óptica de esta autora, lo obsceno de la situación no yace tanto en la obvia violación de los derechos de autor, sino en la alevosa desconsideración moral que se tiene por los derechos creativos de otras personas. Al ser tan fácil «comprar» esta oportunidad, este tipo de convictos ilustra el fenómeno anteriormente mencionado de poner las necesidades de los ricos y poderosos (e inmorales) por sobre las de aquellos que carecen de influencias o dinero. Dicen que la pluma es más poderosa que la espada, pero la billetera, al parecer, es aún más poderosa.

Derogar (o al menos modificar) la Ley 254 de 2013 no sería una violación a los derechos humanos elementales (como algunos medios de comunicación rumanos quieren hacernos creer), sino una oportunidad que tiene la nueva administración para poner un poco de orden y decir que se ha hecho cumplir la justicia a favor de quienes más la necesitan.

Es inadmisible que todo un pueblo quede a merced de un grupo de matones cuando la obligación de la ley siempre debería ser la de castigar el crimen e impedirlo.