Se busca televisión pública

Artículo publicado el 29 de Febrero de 2016
Artículo publicado el 29 de Febrero de 2016

[OPINIÓN] Las constantes denuncias y quejas de los periodistas de RTVE han puesto en duda la independencia editorial que debería guiar la televisión de los españoles, y que se encuentra desde hace meses en el punto de mira de diferentes asociaciones europeas e internacionales de la prensa. 

La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley mordaza, fue aprobada sólo con los votos del Partido Popular en las Cortes; Telemadrid ha despedido a casi mil trabajadores de su plantilla; la televisión valenciana se convirtió en 2013 en la primera televisión autonómica que fue obligada a dejar de emitir; y los trabajadores de la cadena pública nacional pelean cada día por sus derechos. Éstas son algunas de las muchas batallas en la guerra por defender la libertad de expresión que España ha perdido en los últimos años. 

Aunque el Periodismo es un servicio público, los intereses económicos detrás de la comunicación son demasiado poderosos como para dejarlo sólo en manos de los medios privados. Por ello, las cadenas públicas deben asegurar el rigor, la independencia y la neutralidad de la información que reciben los ciudadanos. Sin embargo, que un Gobierno controle deliberadamente –según los trabajadores– una cadena nacional resulta igual o más peligroso que dejar la información sólo en manos de las empresas.

Parece que los periodistas de los servicios informativos de RTVE han perdido la última batalla, no sin luchar, en la custodia de la televisión de los españoles. El Consejo de Administración del medio público ha impulsado un expediente disciplinario contra uno de sus periodistas por una crítica que realizó a través de iNews, el sistema de comunicación interno de la redacción de los informativos. El mensaje que le atribuyen decía lo siguiente: "Una sencilla regla de tres: La manipulación es corrupción. La dirección de informativos manipula. Ergo…".  

La plataforma iNews se convirtió, pocas horas después, en un motín de los trabajadores de la cadena pública en apoyo a su compañero expedientado. Lo mismo ocurrió en Twitter, donde #manipulaciónescorrupción fue el hashtag que los periodistas utilizaron para contar lo ocurrido. El resto de usuarios de la red social no tardaron en hacerse eco de este sencillo pareado para difundir esta última polémica, que vuelve a poner en duda la imparcialidad de la corporación pública española. 

En el punto de mira del periodismo internacional

El pasado mes de octubre, la Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés), preocupada ante las repetidas vulneraciones denunciadas por el Consejo de Informativos de TVE, celebró su reunión de trabajo en Madrid para mostrar sus reticencias respecto a la situación de los trabajadores de la corporación pública. En el documento que se elaboró tras la visita, la federación afirma que "en el sistema público de radiodifusión RTVE, el principal problema continúa siendo el descenso de su credibilidad debido a la falta de imparcialidad de sus informativos". Según la EFJ, "el Gobierno del Partido Popular está ignorando todas las llamadas para que se eviten las injerencias políticas, y esta tendencia está poniendo en peligro la correcta percepción de su audiencia sobre la necesidad de un servicio público de radiodifusión neutral e independiente".

La asociación europea no ha sido la única en poner en duda la imparcialidad del canal público. El Instituto Internacional de la Prensa realizó un informe el pasado verano sobre la regulación de la comunicación audiovisual pública en España. En él, Stephen Whittle, ex director de Política Editoral de la BBC, alarmaba de la politización de TVE y sobre cómo, durante los meses previos a las elecciones, el ente público no sólo había estado informando sobre ciertas noticias, sino que también había estado creándolas. 

Una polémica tras otra

El incidente en la redacción de informativos del canal público ha ocurrido pocos días después de que France 3 emitiera "Yo, Juan Carlos, Rey de España", un documental que la cadena francesa grabó junto a TVE –y que incluye una entrevista al emérito rey pocos días antes de su abdicación–, pero que la cadena española ha decidido no emitir dentro de nuestras fronteras. Al ser la única con los derechos de distribución en España, la cinta no podrá verse en ninguna otra cadena del país. 

Otro ejemplo es que, durante la pasada campaña electoral, la corporación pública española únicamente emitió un debate político entre los candidatos a la presidencia del Gobierno. En éste, se enfrentaron Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, pero no fueron invitados Pablo IglesiasAlbert Rivera o Alberto Garzón, los principales dirigentes del resto de partidos que concurrieron a las elecciones del 20 de diciembre.  

Este otro caso, en el que se aprecia claramente la manipulación de la infografía (la cifra de 4.447.711 desempleados en 2014 se muestra muy por debajo de los 4.100.073 de 2009) es sólo otro de los ejemplos visuales que constantan la dependencia editorial a la que la cadena pública se encuentra supeditada.

¿Cuál es el futuro de TVE?

Diferentes asociaciones de periodistas y sindicatos han pedido en los últimos años que, ante este deterioro del servicio en la televisión de los españoles, se cambie el  sistema mediante el cual se elige al Presidente y al Consejo de Administración de la cadena pública. Solicitan que los miembros escogidos para formar la dirección de la corporación reciban la aprobación de dos terceras partes del Congreso, como ocurría hasta 2012, año en que el Partido Popular cambió la forma de elección mediante un Decreto Ley. Esta modificación obligaría a buscar el consenso con los partidos de la oposición en lugar de designar directamente a aquellos impuestos por el Gobierno de turno. 

De hecho, durante la pasada campaña electoral, los principales partidos presentaron en sus programas los diferentes cambios que querían llevar a cabo en el modelo de la cadena pública española si ganaban las elecciones, especialmente en lo que atañe al proceso de elección de su Presidente y del Consejo de Administración, aunque también en lo referente a su modelo de negocio, que desde hace años no ha dejado de agrandar el enorme agujero de las arcas públicas del Estado.