Tribunal Penal Internacional: difícil parto de una justicia internacional

Artículo publicado el 29 de Mayo de 2006
Artículo publicado el 29 de Mayo de 2006

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Resultado de un difícil consenso, el Tribunal Penal Internacional iniciará el próximo 27 de junio su primer proceso contra el jefe militar congolés Thomas Lubanga. Un proceso determinante para consolidar su legitimidad.

Recién llegado de Kinshasa, Thomas Lubanga estrenó el pasado 20 de marzo el banquillo de los acusados del Tribunal. Acusado por el fiscal Luis Moreno Ocampo de haber utilizado a los niños de la República Democrática del Congo (RDC) como máquinas de guerra, Lubanga se defiende y se define como un “político profesional”. El conflicto en RDC se ha cobrado 60.000 víctimas y 600.000 desplazados, extendiéndose a seis Estados de la zona de los Grandes Lagos. El proceso se anuncia tortuoso, aunque el Presidente del Tribunal, el canadiense Phillipe Kirsch, confía en que el Tribunal reducirá al máximo su duración, dentro del respeto de las garantías establecidas. El TPI se ha fijado como objetivo una duración máxima por proceso de 18 meses.

Un largo periodo de hibernación

El 9 de diciembre de 1948, la Asamblea de Naciones Unidas aprobaba una resolución apostando por la creación de un Tribunal Penal Internacional. Cincuenta años pasarían hasta la aprobación del Estatuto de este Tribunal, en julio de 1998 en Roma. Un Tribunal que ve cuestionada en estos momentos su legitimidad, acusado de ambiciones universalistas y aquejado de falta de medios materiales. Se pone en duda la utilidad de un proceso penal en la Haya que juzgue crímenes cometidos a miles de kilómetros. ¿Hasta qué punto puede esto servir para paliar los sufrimientos de las victimas? Sin embargo, el argumento contrario justifica que se contemple la posibilidad de deslocalizar la audición del Presidente de LiberiaCharles Taylor ante el Tribunal Especial para Sierra Leona. Precisamente porque la justicia necesita una serenidad que quizás sólo la distancia permite.

La necesidad de una justicia internacional se basa en el rechazo de la impunidad de determinados crímenes que por su especial gravedad atentan contra la comunidad internacional en su conjunto. Desde los procesos de Nüremberg, no son los Estados los juzgados sino los individuos, destruyéndose así el mito de la responsabilidad colectiva.

De esta manera se evitaba distinguir buenos de malos, señala Antonio Cassese, profesor de Derecho internacional en la Universidad de Florencia. “En la antigua Yugoslavia hay serbios, croatas y musulmanes que han cometido crímenes. La responsabilidad y la condena individual permiten superar el odio entre los pueblos”.

Competencias

Tras el gran paso adelante que representaron los Tribunales Militares Internacionales de Nüremberg y Tokio en 1945 y 1946, las discusiones quedarían estancadas hasta el final de la Guerra Fría. El TPI ha podido sin embargo inspirarse de las experiencias de los Tribunales Penales ad hoc para los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda, pequeños laboratorios de justicia internacional. Pero las competencias del Tribunal, producto del consenso y objeto de desconfianzas por su carácter permanente, son más restringidas que las de sus predecesores. Su jurisdicción se limita a los crímenes cometidos después del 1 de agosto de 2002, fecha de entrada en vigor de su Estatuto y su misión es complementar sin sustituir a las jurisdicciones nacionales, mientras que los Tribunales ad hoc primaban jerárquicamente sobre otros ordenamientos jurídicos.

La competencia material del TPI se limita a violaciones del Derecho internacional caracterizadas por su especial gravedad: crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. La definición de estas infracciones pone de manifiesto “zonas grises” en la competencia del Tribunal –así por ejemplo la definición de genocidio incluye actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, excluyéndose las persecuciones por motivos políticos o ideológicos– que podrán rectificarse en la revisión del Estatuto prevista para 2009. Esta reforma podría extender las competencias del Tribunal a otros delitos de dimensión internacional como el terrorismo, el tráfico de estupefacientes o la criminalidad internacional.

Optimismo

El TPI ha registrado un éxito inesperado, en particular en relación a pequeños países como Sierra Leona, Colombia, Macedonia o Burundi, que han ratificado el Estatuto del Tribunal con sorprendente rapidez. En la actualidad, el Estatuto del Tribunal ha sido ratificado por más de cien países, casi la mitad de la población mundial. Pero las ausencias son notables: Estados Unidos, Rusia, China, Israel, India. El hecho que el tribunal solo tenga jurisdicción con relación a crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o por un nacional de uno de estos Estados constituye una limitación geográfica considerable. Las esperanzas están puestas en el Consejo de Seguridad de la ONU, que puede reenviar al Tribunal asuntos ocurridos fuera de su competencia territorial. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad -presionado por los Estados Unidos, a pesar de no haber firmado el Estatuto- confió al Tribunal en marzo de 2005 el dossier de Darfur, no siendo Sudan Estado parte.

Dicho lo anterior, el TPI es una justicia sin policía ni fuerza represiva, dependiente de la buena voluntad de los Estados para la instrucción de los casos. Las investigaciones realizadas por el TPI en RDC y Uganda, en cooperación con las autoridades locales, han puesto en duda la imparcialidad del proceso. Antonio Garapon, Secretario General del Instituto de Estudios Superiores sobre la Justicia, considera que el Tribunal tendrá que conseguir un equilibrio hasta ahora inexistente entre dos elementos indisociables: la aplicación de la justicia penal internacional y consideraciones de política internacional.

Así, el éxito del TPI no podrá medirse sólo por el número de procesos que lleve a cabo, sino por la función disuasiva que pueda ejercer, como acicate para un mayor respeto del Derecho internacional por parte de los Estados ante la posibilidad de ser juzgados en La Haya.