UE y Oriente Próximo: armas comunes

Artículo publicado el 27 de Julio de 2006
Artículo publicado el 27 de Julio de 2006
Los gobiernos de la UE no han tardado en condenar la escalada de violencia en Oriente Próximo. Muchos adoptaron un Código de conducta limitando el tránsito de armas hacia regiones inestables. ¿Resultó eficaz?

Ya han muerto centenares de personas en los candentes enfrentamientos entre Israel y Líbano ante la consternación de los ciudadanos europeos, y el caso es que durante muchos años, los Estados europeos han exportado armas a Israel y otros países fronterizos. A pesar de saber que este comercio puede conducir a inestabilizar aquella región y a provocar abusos a los Derechos Humanos, el flujo de armas no cesa. Los datos de acceso público de la División de Estadísticas comerciales de la ONU (Comtrade), así como los informes anuales de exportaciones de cada Estado implicado, muestran que muchos gobiernos de Europa han avalado la exportación de armas convencionales, ametralladoras, bombas y rifles militares a esta región.

Exportaciiones bajo cuerda

Como ejemplo, entre enero y marzo de 2006 el Reino Unido aprobó exportaciones a Israel de equipamiento militar por valor de dos millones de libras esterlinas, incluyéndose componentes para helicópteros y submarinos de guerra. En 2004, se registraron substanciales transferencias de material desde los países de la UE hacia Israel; 25.996 dólares en pistolas y revólveres (con todos sus accesorios) desde la República checa; 208.000 dólares en munición ligera desde Alemania; y 383.918 dólares en partes o accesorios de revólveres y pistolas desde Austria. En 2004, Italia exportó alrededor de 470.691 dólares en en revólveres y pistolas, 383,918 dólares en munición al Líbano.

Estas transferencias, aunque de tamaño considerable, no representan el total de las que se realizan en el mercado regulado. A diferencia de los países de la UE, Israel no declara las armas que importa. Sin esta información, los observadores se ven obligados a contentarse con los datos facilitados por los países exportadores. Sea como sea, estos datos no bastan y la transparencia es la mejor solución para fiscalizar el mercado armamentístico: aunque se posean datos sobre fletes de armamento hacia Israel y sus vecinos, nunca sabemos si van destinados a uso civil o militar.

Desde 1998 existe un control de las armas en la UE. Su Código de Conducta se diseñó para un “control de máximos” de las decisiones de exportación de armas. De este modo, los Estados miembro deben desistir de entregar licencias de exportación de armas hacia destinos en los que estas armas puedan causar previsiblemente conculcaciones de los Derechos Humanos, represión interna, agresiones internacionales e inestabilidad en la zona. El código exige también a los Estados tener en cuenta la actitud de los países importadores para con el terrorismo internacional y su respeto al derecho internacional. Dicho esto, este mismo código no posee fuerza obligatoria para los Estados, de modo que no están obligados a seguir sus criterios al pie de la letra. Cierta ambigüedad en la definición del comercio de armas y el código dejan un resquicio a los países europeos para que exporten armas a países con dudosas marcas en lo que a violación se refiere.

Vacíos jurídicos

Es más, los términos usados por el código pueden ser interpretados con suma libertad y flexibilidad y las reglamentaciones comunitarias no operan sobre todas las clases de equipamiento militar, su tecnología y sus componentes. Existe asimismo falta de información sobre el uso civil de las armas exportadas, lo que se conecta con las dificultades en demostrar fehacientemente que las exportaciones europeas armamentísticas desembocan en abusos a los Derechos Humanos.

Mientras se refuerza la capacidad fiscalizadora de este código, la solución a largo plazo podría venir en forma de procedimientos legales internacionales de sujeción al código y sus criterios. Podríamos basar un tratado sobre comercio armamentístico en las leyes internacionales para que, además, las violaciones de Derechos Humanos puedan perseguirse y juzgarse mejor, apoyándose en una transparencia que diera seguridad a las transacciones.