Un fantasma sobrevuela España: pide más dinero y habla catalán

Artículo publicado el 16 de Enero de 2006
Artículo publicado el 16 de Enero de 2006
El proyecto de nuevo Estatuto Catalán se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para Rodríguez Zapatero. ¿Es tan revolucionario como se dice?

El mes pasado finalizó el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña aprobado por el Parlamento Catalán por mayoría absoluta. El proyecto se centra en renovar el Estatuto aprobado en 1979, fruto de los complejos compromisos políticos adquiridos durante aquellos años en los que España intentaba abrirse camino hacia la democracia.

Veinticinco años después, el nuevo Estatuto aspira a una profunda evolución en lo que respecta a las relaciones entre gobierno central y catalán, conteniendo mucho más que una reforma del sistema de financiación: basta con pensar en la polémica entorno al término nación como definición de Cataluña o en las reformas planteadas sobre la administración de la justicia, por no hablar de otros aspectos lingüísticos que en él se incluyen. No obstante, es el apartado económico el que se torna más difícil de diluir, pues la propuesta catalana supone, si se logra aprobar, un cambio radical en la particular arquitectura financiera del Estado español.

Un sistema asimétrico que no deja a nadie contento

Actualmente, existen en España dos sistemas paralelos de financiación de los entes territoriales: Un sistema foral, válido para el País Vasco y Navarra, y otro común en vigor para el resto de las comunidades autónomas. Del primer sistema de financiación, de tipo confederal, las comunidades autónomas llevan a cabo toda la recaudación tributaria cediendo únicamente al Estado una cuota, previamente establecida, para sufragar aquellos servicios comunes asegurados desde la capital del Estado (por ejemplo, en materia de defensa). En el segundo sistema de financiación, la recaudación tributaria viene siendo realizada por la agencia estatal, quien con posterioridad redistribuye los recursos recolectados en función de una serie de criterios que teóricamente se dirigen a equilibrar las diferencias en las rentas de cada una de las regiones implicadas. Paradójicamente, mientras en el sistema foral no existe en modo alguno redistribución de las rentas, el sistema común conlleva un problema añadido: la escasa transparencia (aunque se han dado pasos hacia delante en los últimos años) en el reparto de fondos del gobierno central hacia las distintas comunidades autónomas provoca que regiones con bajos ingresos por habitante -como puedan ser Extremadura o Castilla y León- se encuentran al final con más recursos que regiones más ricas como la Comunidad Valenciana, Baleares, o precisamente Cataluña.

Calcar el modelo alemán

La propuesta catalana busca solventar esta situación invirtiendo el actual sistema: los tributos serían recaudados por una agencia autonómica, cediendo posteriormente al gobierno central una cuota en función de los servicios comunes (como se produce en el sistema foral), más una cuota añadida de solidaridad (basada en la redistribución) en función de unos precisos criterios preestablecidos tras negociaciones bilaterales. Esto que parecería una auténtica insurrección no es más que un sistema inspirado en el modelo alemán, en el cual todos los tributos son recaudados a nivel regional donde la clasificación de los Länder (autonomías germanas) en función de sus recursos disponibles por habitante no puede ser modificada por la redistribución de la riqueza. De este modo, la región más rica seguirá siendo aquella con más recursos, la segunda seguirá siendo la segunda con mayores recursos, y así sucesivamente.

En otras palabras, la propuesta catalana se dirige hacia una reforma federal en cuanto a las relaciones entre Estado y regiones en España, y es por tanto escandalosamente novedosa: el problema nace del hecho de que se trata de una reforma “impuesta” por una de las comunidades autónomas al resto, sin un debate ni acuerdo unánime que pueda dar legitimidad al nuevo sistema. Es este el gran dilema con el que se encuentra el partido socialista en el poder, que evalúa el riesgo de perder el colchón de votos catalanes por escuchar las voces internas y externas que solicitan seguir una vez más, con la estrategia de los pequeños países. Entretanto, Mena Aguado, general del ejército español, ha sido arrestado el pasado 7 de enero con motivo de la invitación a sus tropas a intervenir en Cataluña si consiguiese un grado de independencia que pudiese “sobrepasar los límites constitucionales”.

Quién manda y quien gasta en las regiones de Italia y reino unido

También está vivo el debate sobre la descentralización y la financiación de las regiones en otros países, aunque tengan un escenario político muy distinto. Un ejemplo es Italia, con un fuerte gobierno central, y en donde las regiones se financian a través de tributos de recaudación compartida (como en el impuesto sobre la renta de las personas físicas) y la posibilidad de aumentar, en algunos casos, su participación en otros impuestos. Todavía, a pesar del discurso aparentemente federalista de partidos como la Liga Norte, el gobierno se permite llamar al orden a los entes regionales y locales, congelando su margen de maniobra sobre los impuestos e imponiendo severos límites a su capacidad de gasto a través de la reducción de las transferencias. Todo en nombre de un hipotético Pacto de estabilidad que Italia, en realidad, incumple desde hace años. ¿Resultado? En vez de asegurar autonomía fiscal, se garantizan privilegios para las regiones más ricas (empezando por la Lombardía) y tiempos duros para el resto.

Gran Bretaña es un caso particular. País tradicionalmente centralista y con fuerte peso de las comarcas (que gestionan competencias clave como la educación pública), experimenta ahora una tendencia a la descentralización con Escocia a la vanguardia tras la creación de su parlamento autónomo en 1998. Como comer y rascar todo es empezar, los escoceses reclaman más autonomía en la gestión de los impuestos. Todo con el apoyo del líder conservador David Cameron, que en los últimos tiempos no parece contrario a la idea de convertir Escocia en un paraíso fiscal británico.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte han desarrollado instituciones autonómicas desde 1998, pero en noviembre de 2004 el 78% de los habitantes del noreste inglés en contra de la creación de un parlamento autonómico propio, obligando al gobierno a cambiar sus planes de convocar referendos en otras regiones inglesas.