Un Parlamento europeo contra las cuerdas

Artículo publicado el 19 de Diciembre de 2006
Artículo publicado el 19 de Diciembre de 2006

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Desde los vuelos secretos de la CIA hasta la transferencia de datos personales, la actividad del Parlamento Europeo no puede disimular su falta de poder en el ámbito de la seguridad.

Cada año desde 1988, el Parlamento Europeo recompensa una acción notable en favor de la defensa de las libertades fundamentales. En 2006, el jefe de la oposición bielorrusa, Alexandre Milinkevich, fue recompensado con el premio Sakharov. Sin embargo, la actividad frenética del Parlamento en esta materia, bien podría haberle valido la candidatura para dicho galardón.

Después de que el Consejo de Europa revelase la trama de las prisiones y los vuelos secretos de la CIA, el Parlamento puso en marcha una comisión temporal para investigar la presunta colaboración de los países europeos con la CIA para el transporte y la detención ilegal de prisioneros.

En su proyecto de informe del 28 de noviembre, Claudio Fava, ponente de la comisión, anunció que al menos doce Estados miembro estaban al corriente de las actividades de los Estados Unidos en su territorio. Para los eurodiputados, el objetivo de esta investigación era ante todo el recordar que la lucha antiterrorista debe hacerse respetando los derechos fundamentales.

Es en ese contexto en el que, en julio de 2006, el Parlamento decidió hacer pública la existencia de programas de investigación relativos a los movimientos financieros relacionados con el terrorismo en Europa. Aprovechándose del vacío jurídico, una empresa belga, la sociedad SWIFT, habría permitido al gobierno americano el acceso a un conjunto de transacciones bancarias efectuadas en el marco de su servicio de comunicación protegido.

Las audiencias del Sr. Vanbever, representante de la sociedad SWIFT, y de Jean Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), han puesto así en evidencia las insuficiencias de la reglamentación europea en materia de protección de datos. De cara a estas lagunas, la Comisión debería reforzar en un plazo breve, el cuadro jurídico comunitario relativo al respeto de la vida privada.

Atado de pies y manos

El Parlamento prosigue con su papel cuando recuerda a los Estados miembro que la lucha antiterrorista sólo puede hacerse respetando estrictamente el Estado de derecho y las libertades individuales. Sin embargo, todas las iniciativas no tienen la misma fortuna. Si bien el Parlamento multiplica sus ofensivas, en ocasiones se ve con atado de pies y manos.

Esto es lo que se produjo el pasado 6 de octubre, cuando los Veinticinco y los Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo legalizando la transferencia, a través de las compañías aéreas, de una lista de 34 datos personales (PNR) incluyendo la dirección, los números de teléfono y de tarjeta de crédito, los hábitos alimentarios y el itinerario de todos los pasajeros, a las autoridades americanas.

Un primer acuerdo había sido ya firmado a hurtadillas en 2004. Considerando que se trataba de una violación flagrante de las normas relativas a la protección de datos, el Parlamento apeló al Tribunal de Justicia Europeo que anuló el acuerdo en mayo de 2006.

Una victoria pírrica

Una victoria que constituye una severa derrota para la defensa de los derechos fundamentales en Europa, ya que los Veinticinco han tenido el cuidado suficiente como para concluir un nuevo acuerdo sobre una base legal que excluye, esta vez, todo control del Parlamento sobre el contenido, privando así a los ciudadanos europeos de su principal defensor.

¿Se aplicará el mismo abandono a la investigación sobre los vuelos secretos de la CIA? Cabe preguntarse cual será el impacto del informe Fava sobre la credibilidad del Parlamento. Aunque sus conclusiones no sean secretas, la delegación parlamentaria ha sido extremadamente mal recibida por un buen número de países.

En Polonia, por ejemplo, el antiguo jefe de información exterior Zbigniew Siemiatkowski, aceptó encontrarse con Fava, precisando que la cita era “ridícula e inútil”. El parlamento ya ha conseguido federar a algunos Estados en su contra mientras que los Estados Unidos están buscando el descrédito de la institución. “El informe se basa en presunciones y no en pruebas”, no cesan de afirmar.

Para evitar que el principal defensor de los derechos fundamentales se queme inútilmente las alas, es tiempo de acordar al Parlamento un verdadero poder de decisión en materia de seguridad y de asuntos internos.