Vallecas: La lucha por un techo

Artículo publicado el 7 de Diciembre de 2015
Artículo publicado el 7 de Diciembre de 2015

En la ciudad de Madrid, cada vez más las personas se ven forzadas a abandonar la casa donde viven por razones económicas. Entre despiadados bancos y desalojos forzosos, se buscan soluciones al problema de la vivienda. Y no todas son legales.

“Me despierto por la noche y pienso: Esta no es mi casa”. Pilar Molina, con 50 años de edad y un chándal raído, es una okupa: Una delincuente para la ley española, un ejemplo de coraje para sus compañeros. El febrero pasado forzó la puerta de un apartamento deshabitado de Vallecas, Madrid, y lo convirtió en la casa donde vive con su hijo de 14 años. No paga un alquiler y está conectada a la red de electricidad y del gas. A menudo participa de lo que llaman “recuperaciones”, es decir, la ocupación ilegal de una vivienda.

“No me importa vivir fuera de la ley. No me siento una criminal”. Pilar tomó la decisión de ocupar una casa cuando perdió la suya, tras 14 meses sin pagar el alquiler. “Tenía una deuda de 2.000 euros con la agencia inmobiliaria dueña del apartamento, y hace años que no trabajo por problemas de salud. Salí adelante durante un tiempo con mis ahorros, pero luego ya no pude hacer más”. Entregó la llave a un encargado de la agencia y se fue antes de que la echasen.

“Quien ocupa lo hace por necesidad. Porque no tiene otra opción que la calle. Hay quienes me insultan por esto: Una vecina, al verme pasar, me gritó que debería avergonzarme por vivir a sus espaldas”.  Pero lo que más pesa es la incertidumbre de vivir bajo un techo precario. “Sé que pueden echarme en cualquier momento. Pero no puedo hacer otra cosa”.

¿Causa o efecto?

Pilar no es la única inquilina ilegal del barrio de Vallecas, un suburbio trabajador de la periferia del sudeste de Madrid. Igual que en los demás barrios meridionales, este es a menudo escenario de desalojos. Pero aquí, más que en ninguna otra parte, los expulsados se defendieron. En la calle de Monte Perdido, un bloque de 9 apartamentos fue ocupado a mediados de octubre. Fernando, apodado Nene, cuenta cómo sucedió: “Eran las 6 de la tarde, nosotros eramos más de 100. Abrimos las puertas con sierras eléctricas y con picos y entramos. La policía llegó, pero esta vez éramos demasiados: Cuando ellos son mayoría, te golpean con las porras y te arrastran fuera. Obviamente podrían desalojar a los inquilinos en cualquier momento, por lo que nuestra defensa es un grupo de WhatsApp para reunir la mayor cantidad de gente posible”.

Estas operaciones son coordinadas por la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de Vallecas, una plataforma creada para apoyar a quien ha perdido la casa hipotecada, y hoy activa para cada tipo de problema de viviendas. “Cada vez más familias deben vivir en la calle,” explica Alejandra Jacinto Uranga, de la sección central de la PAH, “y nosotros hacemos de todo para evitarlo: Desde la asistencia legal y trucos para retrasar un desalojo, hasta controles delante de las casas a desalojar”. La PAH organiza protestas también cerca de los bancos, que se convierten en dueños de las propiedades inmobiliarias de los inquilinos morosos. “En España, en las últimas décadas, muchas personas solicitaron una hipoteca, pero con la llegada de la crisis y del desempleo, los pagos de las cuotas se detuvieron y los bancos les han quitado la casa. El drama es que, por el efecto de la burbuja inmobiliaria, en esa época el valor de los apartamentos era mucho más alto que el actual”. La pérdida de la casa, por tanto, no termina con la deuda, y quién resulta endeudado tampoco puede obtener nuevos préstamos.

El resultado es que las familias son forzadas a vivir con sus parientes o volverse okupas. En Madrid no existen datos específicos, pero según un informe de Amnistía Internacional, en todo España se registraron casi 100.000 ejecuciones hipotecarias desde el comienzo de la crisis. La otra cara de la moneda son los apartamentos vacíos, que luchan para encontrar compradores: Existen 3,44 millones de casas deshabitadas en todo el país (un 30% del total en Europa), según el Instituto Nacional de Estadística.

"Hoy por ti, mañana por mí"

En las concurridas asambleas de la PAH, las emociones se desatan rápidamente. Los casos más urgentes se discuten primero, aquellos con una fecha establecida. “Hoy por ti, mañana por mí”, es la máxima. La solidaridad es la regla. Hay quien, como Asunción, que resiste desde hace 4 años a los desalojos por motivos de salud. Está Miguel, que sugiere a los ilegales mostrar a las autoridades un contrato de alquiler falso: Un pequeño truco que les permita ganar algunas semanas. Está Carmen, que tiene en sus brazos una niña de dos años y en la mano una advertencia de desalojo. Y también está Antonio, que no quería abandonar la casa donde vivió durante 30 años, pero al ver a su esposa llorando fuera de la casa se ha rendido.

Ni siquiera los inquilinos están seguros. El 60% de los desalojos suceden en casas vendidas por agencias públicas a los supuestos “fondos buitres”. IVIMA (dependiente del gobierno regional) y EMVS (del municipio de Madrid) cedieron en 2013 un total de 2.935 y 1.860 apartamentos respectivamente para mejorar sus presupuestos. Tal como explica Enrique Villalobos, Presidente de la FRAVM, la Federación de las asociaciones del vecindario, estos fondos suben los precios de los alquileres de manera directa o indirecta y los inquilinos no puede permitírselo. “Las agencias públicas han abdicado del fin social que tenían: Cuando el sistema provoca injusticias, hace falta cambiarlo. Pedimos a las instituciones “alquileres sociales” que no excedan el 30% de los ingresos de una familia, la modificación de la ley sobre las hipotecas y la concesión de las viviendas no utilizadas”.

Hay escepticismo sobre el proceder de la nueva alcaldesa Manuela Carmena, que está "intentando negociar con los bancos para buscar soluciones alternativas, pero puede hacer poco. Se equivocó al prometer el cese de los desalojos en su campaña electoral”. Pero esto no significa la rendición. “Nos encontramos frente a un drama social,” dice el Presidente de FRAVM, y aunque “es cierto que también existen las ocupaciones de la mafia, hechas por organizaciones criminales que cobran por romper las puertas, la mayor parte de las tomas de posesión son fruto de la desesperación”.

Y si, tal como afirma Villalobos, cada vivienda es un “bien de uso y no de intercambio”, la expropiación parece sonar menos criminal y los okupas menos bandidos. Ellos son los protagonistas de la lucha contra una ciudad de "gente sin casa y casas sin gente".

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Este artículo es parte de la serie de reportajes EUtoo 2015, un proyecto que busca contar sobre la desilusión de los jóvenes europeos, financiado por la Comisión europea.