Veredicto: culpables

Artículo publicado el 14 de Febrero de 2005
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Artículo publicado el 14 de Febrero de 2005

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Estados granujas para los norteamericanos y STIPS para los europeos: dos denominaciones para países al margen de las naciones, y dos métodos para intentar atraerlos hacia el buen camino.

“Hacer frente a los Estados granujas es uno de los principales desafíos de nuestro tiempo, ya que su único objetivo es destruir el sistema internacional”, afirmaba el presidente norteamericano Bill Clinton al inicio de su mandato. La estrategia punitiva adoptada por los Estados Unidos contra estos Estados no parece sin embargo estar obteniendo los resultados esperados.

Inicialmente reservada a siete países –Irak, Corea del Norte, Cuba, Irán, Siria, Libia y Sudán-, la expresión “Estado granuja” (rogue State) designa “Estados rebeldes y fuera de la ley que no sólo han decidido permanecer fuera de la comunidad democrática sino que además ponen en peligro los valores que la sustentan”. En definitiva, naciones que, según Washington, apoyan el terrorismo internacional, desarrollan programas de armamento poco convencionales –fabricación de armas biológicas, químicas o nucleares-, fomentan el comercio de la droga u oprimen a sus pobres poblaciones. Estas entidades rebeldes se caracterizan asimismo por ser anti-occidentales y por lo tanto susceptibles de amenazar los “intereses vitales” norteamericanos. De dudosa legalidad y exacerbada por los atentados del 11 de septiembre, la teoría del Estado granuja, también conocida como teoría del “eje del mal” o de “puestos de avanzadilla de la tiranía”, ha dado lugar a la discutida noción de guerra preventiva.

La política americana de contención

Cuando los Estados Unidos deciden presionar a un determinado Estado suele ser bien para desestabilizarlo y hacer caer el régimen, bien para incitarlo a cambiar su comportamiento. Los medios utilizados son muy variados: amenazas militares, apoyo a insurrecciones internas, embargos, duras sanciones económicas y asfixia financiera y ruptura de relaciones diplomáticas. En la ley de sanción contra Irán y Libia –la Iran-Lybia Sanctions Act de 1996-, el Congreso aprobó por ejemplo sanciones “secundarias” que penalizaban a las compañías extranjeras que invirtieran en la industria petrolera de estos países, mientras que la ley Helms-Burton prevé la misma punición para las sociedades que realicen inversiones en los bienes americanos expropiados en Cuba por la revolución castrista en 1959.

Pero la acción militar sigue siendo el elemento central de la política exterior estadounidense hacia estos delincuentes. Aunque existen vías de recurso legales y legítimas para hacer frente a las amenazas a la paz mundial, fundadas en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y a través del Consejo de Seguridad, los Estados Unidos ignoran frecuentemente el marco de la ONU y actúan “de modo multilateral dentro de lo posible; de modo unilateral si hace falta”, tal y como declaró Madeleine Albright, Secretaría de Estado del gobierno de Clinton. Fue bajo pretexto de derrocar un gobierno dictatorial sospechoso de poseer armas de destrucción masiva que los Estados Unidos desembarcaron en 2003 en Irak. Para Washington, los países recalcitrantes deben ser aislados y apartados de la comunidad internacional, ya que reducir un país al ostracismo atenta contra su legitimidad y su credibilidad en la escena mundial, provocando secuelas psicológicas, diplomáticas y económicas.

El “diálogo crítico” europeo

La UE, por su parte, ha decidido crear una calificación especial, STIPS (States Threatening International Peace and Security), término más técnico que privilegia las acciones no coercitivas contra este tipo de Estados. En efecto, la UE espera poder provocar un cambio de actitud en estos países a través de la reactivación de las relaciones diplomáticas o económicas. Siria, por ejemplo, es uno de los principales países del llamado Proceso de Barcelona, iniciado en 1995 por la UE con el objetivo de crear una zona mediterránea de libre comercio antes de 2010. Este “diálogo crítico” considera que el problema de los “Estados granuja” es el resultado de la política interna de Washington. Más aún, los Europeos son reticentes a aceptar la definición americana exclusivamente subjetiva de Estados granuja, en la medida en que podría dificultar sus propios intereses económicos y políticos. Alinearse con la posición americana en relación con determinados países de Oriente Medio (como Libia) podría privar a Europa de numerosas oportunidades en el mercado del barril.

Nefasta intransigencia

Aunque es incontestable que una política represiva y de sanciones permite mantener a raya a los países peligrosos, esta opción puede tener sin embargo consecuencias perversas: consolidación de los regímenes en cuestión, aumento de la popularidad de los líderes, del nacionalismo, del fanatismo religioso y del rechazo de la comunidad internacional, freno al desarrollo económico de la zona, riesgos de desintegración étnica o religiosa..., etc. Las sanciones impuestas unilateralmente o con la complicidad culpable de la ONU se adoptan así en detrimento de los objetivos humanitarios y de estabilidad internacional. Y son muchos los expertos que apoyan hoy en día una política de incentivos positivos –apertura total o condicional– hacia estos “granujas”.