Watergate a la italiana

Artículo publicado el 30 de Octubre de 2008
Artículo publicado el 30 de Octubre de 2008
¿Las escuchas telefónicas solo están justificadas en caso de terrorismo o crimen organizado? ¿Y qué pasa con la corrupción política? Berlusconi encuentra oposición en Italia a sus intenciones

La política italiana intenta por tercera vez en diez años imponer su propio veto a la publicación en los medios de las interceptaciones telefónicas mediante el diseño de proyecto de ley propuesto por el ministro de Justicia: el primero fue el ministro Flick en 1998 (primer Gobierno de Prodi), después el ministro Mastella en 2007 (segundo gobierno de Prodi) y ahora es el turno del ministro Angelino Alfano.

Derecha e izquierda unidos

(Zakidi Zakcomics/flickr)Una ‘lucha’ que tanto la derecha como la izquierda han intentado imponer, apelando en cada una de estas ocasiones al derecho a la privacidad, aduciendo a los altos costes de estas a cargo del estado o denunciando la manipulación de la prensa.Derecha e izquierda unidas contra las escuchas telefónicas. Si los proyectos de ley precedentes se encallaban en el Senado, esta vez parece que el Gobierno ha decidido llevar él mismo la batalla, apoyado por una aplastante mayoría.

Esta ley se escuda en la supuesta ineficacia de los políticos a causa de la injerencia del poder judicial y de la tendencia de la prensa a meter las narices en “sus asuntos” y que se sobrepone a una normativa ya existente en los conflictos entre los miembros del Parlamento: de hecho, estos no pueden ser interceptados si las escuchas no se han sometido antes a una votación, que es necesaria incluso en el caso en el que hayan sido escuchados ‘por casualidad’, (Pongamos por caso que el señor Rossi es interceptado cuando llama al Honorable Verdi) mostrando a la luz comportamientos penalmente relevantes.

Son sin embargo este tipo de escuchas ‘casuales’ las que han destapado algunos de los escándalos más conocidos de los últimos años llevados a debate público que, aun sin valor judicial, revelan las conexiones entre el poder económico y político. No es por casualidad que el proyecto de ley del ministro Mastella fuera votado por unanimidad en la Cámara en 2007 (447 sí, un puñado de abstenciones y ningún voto contrario) antes de que el malestar popular provocara su freno en el Senado. Fue precisamente tras unas escuchas realizadas a la mujer del ministro de Justicia y presidenta del Consejo Regional de Campania, Sandra Lonardo, que se puso en marcha una investigacion sobre favoritismos, nóminas ilícitas, y concursos públicos trucados. Mastella escribió una carta acusadora a la magistratura, justo antes de presentar su dimisión. “Entre el amor por su familia y el poder, elijo el primero”, declaró, para después provocar la caída de todo el gobierno de Prodi.

Berlusconi y su pillada sobre la Rai

Sin embargo, en la tormenta de las escuchas también estaba implicado el entonces jefe de la oposición Silvio Berlusconi. En diciembre de 2007, el semanal L’Espresso publicó largos extractos de sus conversaciones con Agostino Saccà, director de Rai fiction -la televisión estatal italiana- interceptado por el Tribunal de Nápoles en el ámbito de una investigación sobre corrupción. Berlusconi en estas llamadas dejaba en evidencia cómo la Rai era un mero títere utilizado por los políticos para pasear a sus “actrices favoritas” y conseguir votos a través de enchufes y nepotismo.

Al clamor que estas declaraciones provocaron, le siguió un alzamiento de la escudería política, desde el postcomunista Bertinotti, presidente de la Cámara, el cual afirma que “no existen publicaciones de intercepciones buenas o desafortunadas, son todas negativas”, hasta la reacción del mismo Berlusconi afirmando que “en ciertas situaciones en la Rai se trabaja en asuntos en los que uno se prostituye incluso siendo de izquierda”.

Ahora, reelegido Primer ministro por tercera vez, Berlusconi tiene, entre sus prioridades, imponer un límite a las intercepciones y prohibir la publicación de estas y de todos los datos conseguidos a través de investigaciones: es la propuesta de ley que formaliza el ministro Alfano. Giorgio Santelli, director del la Asociación Articolo 21, nos dice que su probable aprobación será “una piedra machacante para la crónica judicial”. He aquí un ejemplo: en el caso de investigaciones sobre bancarrota fraudulenta se podría hablar solamente de “arrestos que parecerían hacer referencia a casos vinculados al mundo de las finanzas”, nada más. Muchos escándalos, estafas y engaños del último decenio, probablemente no habrían aún sido descubiertos.