Política

Euro Reformas de la Justicia: magistrados en el punto de mira de los gobiernos

Artículo publicado el 13 de Marzo de 2009
Artículo publicado el 13 de Marzo de 2009
La reforma del sistema judicial es un tema muy delicado y promete la entrada en crisis del equilibrio institucional entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los países de la UE

Francia e Italia

(Foto: Olivier Brugez / Flickr)El presidente francés Nicolas Sarkozy, debido a algunos errores judiciales, como ocurrió en el caso de Outreau (en 2006 un sacerdote, Dominique Wiel, y otras 16 personas, fueron injustamente acusadas de pedofilia) está planificando una profunda reforma de la Justicia. Sarkozy ha manifestado la intención de eliminar la figura del ¡Magistrado examinador¡. El diario Le Monde afirma que, con esta medida, todas las investigaciones serían conducidas por la Acusación Pública, la cual responde directamente al Ministerio de Justicia. Las consecuencias suscitan no pocos temores entre los magistrados franceses, siempre más preocupados por la peligrosa influencia política que por el posible cambio del procedimiento judicial ordinario. “Esta es la venganza de la clase política contra las pesquisas llevadas a cabo por los fiscales de los ochenta y noventa que han revelado numerosos casos de corrupción política”, declara Christopher Regnard, presidente de una de la asociación más importante de magistrados franceses, la USM. “Es la muerte del la independencia del sistema jurídico, que estará de esta manera, bajo el control del Gobierno”.

(Foto: ciufix amo la marmellata di ficha e marmota / Flickr)Al otro lado de los Alpes, ni siquiera Silvio Berlusconi esconde sus proyectos de reforma del sistema judicial. Su proverbial antipatía hacia la magistratura se topa con el rechazo de la mayoría de los italianos. Numerosos, de hecho, son los casos de error judicial que se magnifican a través de los medios de comunicación y es precisamente este fenómeno el que ha generado el descontento hacia la Justicia. Esta situación permitió al Presidente y al Ministro de Justicia, Angelino Alfano, elaborar una reforma en el límite de lo inconstitucional. El proyecto ya se puso en marcha en 2008 con el decreto Alfano, hoy ley, que les protege, dando la inmunidad ante cualquier investigación a los cinco cargos más altos del Estado, entre los cuales se encuentra el propio Presidente del Consejo. Investigado, junto a su abogado inglés David Mills -ya condenado por corrupción en actos judiciales- Berlusconi ya ha recurrido al decreto Alfano. El siguiente paso es el diseño de una ley que prevea la separación de las carreras de los magistrados. Pero sobre todo, pretende resaltar la urgencia de reducir el uso de las intercepciones telefónicas en las investigaciones en materia de terrorismo y mafia. “La corrupción y el abuso de poder y cargo son los delitos clásicos vinculados al mundo de la política. Son, además, dos de los casos más difíciles de demostrar por los jueces y magistrados”, dice Bruno Tinti, ex magistrado de Turín, hoy ya jubilado.

¿Viva Zapatero?

(Foto: Periódico La Democracia / Flickr)Escándalos de mala justicia, reivindicaciones salariales y estructurales, son las causas de una relación muy gastada entre el gobierno socialista y los jueces. También en el caso de España, el conflicto entre poderes Ejecutivo y Legislativo ha sido un clamoroso error judicial. La negligencia de un magistrado español en el procedimiento de un caso de pedofilia suscitó una rápida respuesta del ya ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. El entonces ministro lanzó un ataque a lo que definió como “corporativismo” de los magistrados. El 21 de enero pasado, los magistrados españoles, reunidos en Asamblea general, votaron por una huelga general en junio. El caso es único en la reciente Historia democrática de España. Los jueces reivindican una adaptación salarial al trabajo realizado y una mejora de medios para ejercer la actividad. El ministro de Justicia se atrevió a definir la iniciativa como “una traición de los ciudadanos”, contestando a los jueces el derecho de hacer huelga, siendo ellos mismos uno de los poderes del Estado.

Bulgaria y Rumanía

(Foto: nitot / Flickr)El enésimo informe de la UE, publicado el 12 de febrero, acusa a los gobiernos de Bulgaria y Rumanía de no emplearse lo suficiente en materia de Justicia para adecuarse a los estándares del resto de los países europeos. Corrupción y criminalidad organizada son algunas de las acusaciones más graves que denuncia el informe de la UE. Para salir de esta situación, el documento indica dos caminos: una sólida reforma del sistema judicial y una lucha contra la criminalidad organizada. Ambas se complementan en la consecución del objetivo de imponer, lo antes posible, un sólido, autónomo y moderno sistema judicial capaz de defender el Estado de derecho y combatir eficazmente estos delitos. La pena, el cese de financiación europea en diversos campos (500 millones de euros solo para Bulgaria) en proyectos de desarrollo de los dos países.