Política

La represión vuelve a protagonizar las movilizaciones ciudadanas de Belarús

Artículo publicado el 3 de Abril de 2017
Artículo publicado el 3 de Abril de 2017

El clima de deterioro social en la República de Belarús aumenta tras el surgimiento de numerosas protestas en los últimos meses, tras años ausentes de movilizaciones. La última de ellas, por el rechazo a la conocida como Ley contra los parásitos sociales.

El sábado pasado, 25 de marzo, una marcha convocada en Minsk y que no contaba con la aprobación oficial de las autoridades, se vio interrumpida por el estruendoso ruido de los escudos de los cuerpos antidisturbios que cortaban las calles principales. La respuesta violenta y masiva comenzó horas antes de su inicio y finalizó con casi setecientas detenciones.

Sus convocantes hicieron coincidir la fallida marcha con el Día de la Libertad, festejo no oficial de la fundación de la primera República Popular de Bielorrusia en 1918 tal día. Esta celebración se organiza anualmente por parte de la oposición política al régimen de Alexander Lukashenko, actual presidente, acusado de fraude electoral en numerosas ocasiones y de gobernar con mano férrea desde el año 1994, ganándose así el apodo de “último dictador de Europa” ¿Pero qué reclaman estas manifestaciones?

"Ley contra los parásitos sociales"

El origen de las protestas nace de la acumulación de medidas impopulares tomadas por el gobierno, especialmente la llamada “Ley contra los parásitos sociales”, que ha conseguido despertar el interés reivindicativo incluso entre partidarios de Lukashenko. Aprobada en abril de 2015, implanta un impuesto especial que ronda los 220 euros a aquellas personas que trabajen menos de seis meses al año y que, por tanto, no tributan en la financiación del Estado.

Bajo el amparo del Tribunal Constitucional, se concibió bajo la premisa de la lucha contra el empleo sumergido, aunque las posiciones críticas lo declaran anticonstitucional y como un reflejo del aumento de las tasas de desempleo y la incapacidad del Estado para recaudar impuestos. Además, denuncian la criminalización a la población desempleada y la desatención de las circunstancias sociales de mujeres embarazadas, ciudadanos con discapacidad, estudiantes recién licenciados o formados, personas dedicadas al cuidado de familiares o profesionales con poca demanda en su sector encadenados a esporádicos trabajos temporales.

Por otro lado, se detectó la inclusión por error de personas en situación vulnerable, residentes permanentes en el extranjero o personas ya fallecidas, lo que llevó a un paro en su cumplimiento hasta el mes octubre de este año. Las autoridades aseguran que la ley no será derogada por muy impopular que sea. A finales de 2016, de las 470 mil personas que debían aportar el impuesto, solo cincuenta mil lo llevaron a cabo.

Represión política

“Desde hace varias semanas estamos asistiendo a una cacería política secreta contra activistas, que hoy ha explotado en un acto de violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra la clase trabajadora”, cuenta por vía telefónica un fotoperiodista testigo de la represión policial y que prefiere mantener el anonimato. “Nunca había visto tanta policía en Minsk, ni siquiera en las movilizaciones de 2010”. 

Belarús posee un firme historial en represión contra manifestaciones pacíficas y en restricciones al derecho de reunión. Las más importantes tuvieron lugar en diciembre de 2010 y el verano de 2011. La primera denunciaba la repetición de fraude en las elecciones presidenciales que mantuvieron a Lukashenko en el poder. Esta idea fue auspiciada por observadores internacionales de Naciones Unidas y oenegés de Derechos Humanos (DDHH). Se saldó con más de setecientas detenciones, entre ellas de principales opositores políticos acusados de provocar disturbios. La segunda, de carácter económico, llamaba cada miércoles a la ciudadanía a formar parte de marchas silenciosas o con palmadas, sin eslóganes ni pancartas. Ambas protestas provocaron el aumento de presos políticos.

Desde entonces, la ausencia de movilizaciones ha llevado a la población bielorrusa a considerarse ente pacífica y paciente, aspecto que ha explotado el propio gobierno para publicitar una atmósfera de estabilidad y así anteponerse a los conflictos internos de Ucrania, país vecino. Dicha idea pareció calar y Lukashenko se hizo con una nueva victoria en las elecciones presidenciales en octubre de 2015, recurriera o no al fraude en los comicios. Sin embargo, en el actual contexto de crisis económica del país, agudizada por los bajos salarios y el aumento de los precios, las protestas no solo han llevado a la ciudadanía a la calle, sino también a exteriorizar el desapego y desconfianza crecientes ante el régimen.

“El gobierno ha sido incapaz de predecir esta respuesta, pensaba que todos iban a someterse a la nueva ley”, asegura Sasha, nombre ficticio por razones de seguridad, defensor de DDHH en materia legal radicado en Minsk. “La principal diferencia con las manifestaciones de 2010 y 2011 es el clima actual, ya que la marcha de este sábado une motivos políticos y económicos”.

La organización de Derechos Humanos Viasna ha registrado 350 detenciones desde el 3 de marzo y estiman unas setecientas más solo en las jornada del sábado pasado, de las cuales fueron liberados menores y ancianos pocas horas después. En otros puntos del país como Brest o Biaroza, decenas de personas han corrido la misma suerte, entre ellas líderes de la oposición y defensores de DDHH [Belarús suele encontrarse a la cola europea en los ránkings de DDHH. Según Amnistía Internacional, en Belarús "continuaron aplicándose severas restricciones al derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. El gobierno continuó rehusando cooperar con el relator especial de la ONU sobre la situación de los DDHH en Bielorrusia. Al menos cuatro personas fueron ejecutadas y otras cuatro fueron condenadas a muerte", ndlr].

Se estima que al menos diez periodistas han sido detenidos a la fuerza sin ninguna explicación y algunos de ellos liberados pocas horas después. Front Line Defenders denuncia que 58 observadores de DDHH de distintas organizaciones fueron apresados en la sede de Viasna. Además, Vladímir Nekliayev, líder de la oposición bielorrusa fue detenido para evitar su participación en la marcha. Al día suiguiente se repitieron veinticuatro más en una pequeña concentración en solidaridad con los arrestos del sábado.

“No está claro que ocurrirá con los arrestos, tampoco sobre las relaciones con los países vecinos”, añade Sasha. En los últimos veinte años, el gobierno bielorruso, centralizado en la figura de Lukashenko, balancea sus políticas entre las aprobaciones de la Unión Europea, que el mismo sábado condenó la represión en una nota de prensa, y la alianza económica y militar con Rusia. “Tras varios gestos y la liberación de presos políticos en 2016, el gobierno y la Unión Europea han vendido la imagen de apertura y democratización del país, pero las organizaciones de DDHH aseguramos que nada ha cambiado desde 2011”. El 25 de marzo también ha coincidido con las celebraciones del sexagésimo aniversario del nacimiento de la Unión Europea. Por su parte, el pasado fin de semana, la policía rusa también ha llevado a cabo detenciones de manifestantes contra la corrupción por todo el país.